Las discusiones en torno al derecho de autor en la era digital tienen un nuevo foco de atención: la circulación de noticias y el pago a los medios de prensa se encuentra en debate en Australia. En estos días el Parlamento de ese país discute una reforma a su régimen de derechos de autor que podría tener importantes efectos en los debates sobre internet en los próximos años.

La medida propuesta obliga a las grandes plataformas de internet, como Google y Facebook, a pagar a los medios de prensa escritos un canon o licencia cada vez que una de sus noticias es compartida por las redes. Con ello se busca apoyar a los medios de prensa que ven cómo su contenido es utilizado permanentemente y su tajada es cada vez más pequeña.

Australia y el debate de hoy

El problema de fondo radica en el mercado publicitario que hoy mueve internet. Las redes sociales han sabido explotar los datos de sus usuarios para vender publicidad a bajos costos y logrando una hipersegmentación difícil de igualar para quienes no cuentan con toda esa información y economías de escala. Esto ha provocado un corrimiento de los auspiciantes desde los medios tradicionales, que hoy tienen serios problemas financieros, hacia las nuevas ventanas de contenido: las redes sociales que en gran medida se nutren del contenido informativo para mantener nuestra atención.

Como forma de rebalancear ese mercado, Australia propone aumentar las protecciones de derechos de autor sobre las noticias periodísticas. Se crea un derecho anexo para los editores de prensa, así como el que tienen los productores musicales, para que puedan mejorar su posición frente a las plataformas de internet, que se llevan las ganancias en base a la circulación de contenido sobre el que no invirtieron. Las plataformas deberán pagar cada vez que un contenido periodístico sea compartido por sus usuarios o –la solución que parece más sensata– acordar grandes licencias directamente con los medios y así darles el oxígeno financiero que necesitan.

La propuesta australiana incluye además algunas medidas para asegurar su cumplimiento. Se prevé, por ejemplo, la publicación de los algoritmos que alimentan los feeds de noticias y un sistema de arbitraje obligatorio para el caso en que plataformas y editores no lleguen a un acuerdo sobre las licencias a pagar. Esto permitiría una decisión express que otorgue aún más poder de negociación a los medios y no permita a las plataformas utilizar estrategias para dilatar los pagos, por ejemplo, mediante acciones judiciales que demoren años en resolverse.

Las reacciones de los gigantes de internet fueron inmediatas: no dudan en utilizar todas sus armas contra la aprobación de la norma. Google ya amenazó con cerrar sus actividades en Australia, incluido el buscador, mientras que Facebook no se queda atrás con fuertes acciones de lobby. Hace unos días, Google bloqueó el acceso a algunos medios australianos como parte de una “prueba” que parece más una muestra de fuerzas que un testeo aleatorio. Ambas empresas sostienen que ya contribuyen a los medios con tráfico a sus sitios y algunos proyectos de financiación a medios independientes, al tiempo que el público se beneficia con mayor acceso y difusión de noticias. Afirman que medidas de este tipo afectan el funcionamiento de sus redes o, mejor dicho, su negocio.

Algunos aseguran que los medios de prensa tradicionales están pagando hoy sus facturas por no haber adaptado lo suficientemente rápido su modelo de negocios al mundo de internet. Pero, más allá del origen de su crisis económica, las democracias fuertes necesitan medios de prensa fuertes, y eso hoy no es así en todas partes. La desfinanciación de los diarios incide en la calidad del discurso público, las discusiones y la circulación de noticias falsas, uno de los nuevos Jinetes del Apocalipsis. No se puede negar la función esencial que los medios y la investigación periodística tienen que cumplir, y eso se logra con dinero.

Una medida, al menos, controvertida

El problema radica en que no hay consenso sobre si estas medidas contribuyen a solucionar los problemas a los que apuntan. Incluso se ha señalado que el tiro puede salir por la culata y dañar más de lo que arregla.

Las principales críticas apuntan a la falta de evidencia que demuestre cómo los nuevos derechos contribuirían a equilibrar el mercado, sino que, por el contrario, podrían aumentar aún más sus fallas. En mercados de alta concentración y asimetrías de poder, como el de la publicidad en línea y los medios de prensa, otorgarle mayores poderes a una parte puede contribuir a aumentar, en lugar de disminuir, esa concentración.

Esta hipótesis se basa en el hecho de que quienes se encuentran en mejor posición para negociar licencias son los medios de prensa con mayor trayectoria y tamaño. Si las redes sociales comienzan a priorizar, o permitir que el contenido compartido tenga una licencia acordada, el tráfico se concentrará hacia esos medios en perjuicio de los más pequeños e independientes. La relación tiene tintes simbióticos: los medios necesitan del tráfico que generan esas redes y las redes necesitan contenido para mantener nuestra atención.

Otro problema es el impacto que normas de este tipo pueden tener sobre los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión. Una mínima alteración al algoritmo de esas redes puede generar que veamos menos noticias y más fotos de gatitos, reduciendo la circulación y el acceso a contenido relevante y de calidad y empobreciendo así la discusión pública.

Por otra parte, linkear artículos de interés y que sustenten nuestras ideas se ha convertido en una de las actividades más comunes en internet. Una norma de este tipo, pero con una redacción demasiado amplia podría alcanzar a bloggers y usuarios individuales, afectando su capacidad de vincular información y con el miedo permanente de estar violando los derechos del editor. No en vano sus detractores prefieren llamarlo “impuesto al link’.

Contexto y empuje en los debates

Si bien la versión australiana tiene algunos ingredientes que la hacen particularmente controvertida, la esencia de la medida no es una innovación del país de los canguros ni un intento aislado por defender a los medios de prensa.

España y Alemania fueron pioneros en este tipo de medidas sin mucho éxito. España ensayó en 2014 una solución similar con la creación de la “tasa Google”, pero sus resultados no fueron óptimos. Google decidió cerrar su servicio de noticias en aquel país, ocasionando menos tráfico hacia aquellos sitios pequeños e independientes que más lo necesitan para sobrevivir. Por su parte, la norma alemana fue declarada inaplicable, debido a cuestiones formales, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en setiembre de 2019.

El “derecho de los editores de prensa”, como lo llaman sus defensores, fue incorporado en la Directiva de Derechos de Autor de la Unión Europea en 2019. Basada en un modelo de regulación de estándares altos e instituciones fuertes, Europa se ha consolidado como el modelo a seguir por muchos países del mundo desarrollado para la redacción de normas para la economía digital. El Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigencia en 2018 es quizás el ejemplo más claro y fuerte de esa influencia europea.

La directiva de 2019 fue aprobada con fuertes resistencias por parte de empresas, la academia y la sociedad civil, específicamente en cuanto a la creación de este nuevo derecho. Hoy, cuando nos acercamos al plazo de dos años para que los países implementen la directiva en su derecho interno, el debate vuelve a cobrar fuerza. Los parlamentos europeos y de otros países que emulan al viejo continente, como el australiano, se enfrascan en discusiones que tienen un lobby fuerte de ambos bandos.

¿Y América Latina?

Si bien hasta ahora los países pioneros han sido los desarrollados, la región latinoamericana no es ajena a estos problemas. La cercanía cultural con Europa y el ejemplo del Reglamento de Protección de Datos hacen suponer que no sería raro ver propuestas de medidas similares en los próximos años por estas latitudes.

Hasta el momento el debate ha sido tibio, pero con diferentes focos en la región. En Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ha generado varios encuentros y congresos para señalar los beneficios del modelo europeo y así implantar el tema en la agenda pública. Por su parte, el Ministerio de Ciudadanía de Brasil ha abierto consultas públicas sobre el asunto donde expresamente se menciona la Directiva Europea como ejemplo a seguir. Del otro lado del mostrador, organizaciones de la sociedad civil de toda América, en un conjunto denominado Al Sur, se han pronunciado en contra de importar medidas de este tipo señalando el impacto negativo que pueden tener para un continente donde el interés público cuenta con menos ámbitos de participación y garantías.

No sería descabellado pensar que el debate llegue a Uruguay en los próximos meses. De ser así, se podría abrir una ventana de oportunidad para ampliar la discusión hacia la reforma de derechos de autor que tanto se reclama desde la sociedad civil y que se enfrió con el archivo de un par de proyectos de ley hace unos años. Una reforma integral de nuestra ley de 1927, que se base en argumentos y evidencia comparada. En definitiva, una reforma que atienda las necesidades de todos los actores del siglo XXI para un país que pretende liderar la agenda digital de la región. Lo que hoy nos muestran los demás países es que la oportunidad estará allí: hay que saber aprovecharla.

_ Matías Jackson Bertón es abogado y magíster en Propiedad Intelectual._