Vacunas y evidencias

Ya están en Uruguay las primeras 192.000 dosis de vacunas contra la covid-19, y el lunes comienza la campaña para administrarlas. Es claramente una buena noticia. El producto de Sinovac se ha mostrado eficaz para evitar que quienes contraen la enfermedad desarrollen cuadros graves, que requieren cuidados intensivos y determinan peligros importantes, no sólo para los afectados sino también para muchas otras personas con o sin covid-19, por la eventual saturación de los servicios de salud.

Estos datos son suficientes para celebrar el acontecimiento, aunque la eficacia de esta vacuna resulte menor para prevenir los contagios en general y no se trate, por lo tanto, de la mejor para frenar la propagación.

Las autoridades decidieron esperar la llegada del producto de Pfizer, prevista a partir del 8 de marzo en menores cantidades, para inmunizar a sectores de la sociedad en alto riesgo, como los trabajadores de la salud y las personas de mayor edad, en especial las afectadas por otras patologías. Las prioridades establecidas son discutibles, pero no le quitan relevancia al comienzo de la vacunación.

Debemos asumir y tener en cuenta otras evidencias, empezando por las del terreno estrictamente sanitario. Con el fin del período de vacaciones veraniegas, la información que aporta el Sistema Nacional de Emergencias muestra que la propagación del virus se acelera una vez más, con notorias tendencias ascendentes de la cantidad de diagnósticos positivos diarios, del total de casos activos y de la proporción de positivos en el total de los testeos.

Es abundante la evidencia internacional de que la vacunación no cambiará bruscamente esas tendencias, aunque se realice al buen ritmo previsto y alcance en pocos meses a una proporción muy significativa de la población. Por un buen tiempo, nadie –aunque reciba las dos dosis de una vacuna– debería creer que ya no tiene motivos para mantener las precauciones básicas recomendadas durante casi un año.

Por último, hay evidencias indiscutibles del impacto económico y social causado por la combinación de la emergencia sanitaria y de políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Estas políticas, en lo relacionado con la reducción de daños y el estímulo a la reactivación, han sido muy modestas, incluso en la comparación con países cuyos recursos son bastante menores que los nuestros. La tesis oficialista de que era imposible hacer más, debido a los presuntos despilfarros del gobierno anterior, se repite sin mostrar evidencia que la sustente.

A su vez, otras políticas del Ejecutivo, vinculadas con su visión ideológica, han contribuido al agravamiento de los problemas económicos y sociales, al debilitar herramientas necesarias para sobrellevar la crisis y revertirla. No se ha producido ni se avizora nada parecido a una recuperación impulsada por los “malla oro”, y estos por el momento se dedican, sobre todo, a demandar mayores beneficios.

Ante ninguna de estas evidencias hay negacionismos o teorías conspirativas que valgan. Bueno es que dispongamos por fin de vacunas, pero seguimos lejos de una situación que nos permita ser optimistas.