Esta semana tomó estado público que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) prevé ponerles fin “en breve” a sus tareas vinculadas con el Poder Ejecutivo, y que discutirá si pasa a funcionar en forma independiente. Se veía venir por motivos bastante obvios, y nada indica que pueda revertirse. Resulta oportuno, con fines de aprendizaje, comenzar una reflexión sobre qué aportó el grupo y los límites de ese tipo de aporte.

Cuando se produjeron los primeros casos de covid-19 en Uruguay, eran muchas las incógnitas sobre esa enfermedad. Los investigadores, los trabajadores de la salud y los gobiernos se movían a tientas en varios terrenos, con ensayos y errores, tratando de identificar cuanto antes el mejor modo de hacerle frente a la pandemia, y la sociedad recibía mensajes a menudo contradictorios.

Como señaló con razón Rafael Radi, en declaraciones a Búsqueda, el GACH realizó una contribución muy importante “para disminuir la incertidumbre en cuanto a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la vacunación y la mitigación” de la covid-19. Su creación fue un acierto, y resultó muy prudente que se establecieran desde el inicio relaciones de autonomía con Presidencia: el grupo no decide qué se hace y el Poder Ejecutivo no tiene mando sobre él. En esos términos, le prestó un gran servicio al país en un período crítico y la experiencia es reconocida internacionalmente.

El GACH informó al presidente Luis Lacalle Pou, a tiempo y con claridad, sobre las consecuencias que tendría abstenerse de tomar medidas más drásticas para reducir la movilidad, pero él decidió no adoptarlas, y en el intento de justificar su opción apela a tergiversaciones, tanto de la evidencia internacional como de lo recomendado por el GACH.

Sin embargo, el modelo no se puede extender a muchas otras áreas. Aportes como el del GACH son más pertinentes cuando se refieren a un problema como el de la covid-19, que no es simple pero sí bastante específico, con muchas variables significativas que se pueden cuantificar. El propio GACH agregó tardíamente a especialistas en ciencias sociales, para abarcar cuestiones de gran relevancia, pero en este terreno tuvo un desempeño mucho menos potente.

En general, la ciencia no custodia un acervo de verdades indiscutidas ni posee un recetario de soluciones infalibles ante los problemas. Esto vale para la física y mucho más, por ejemplo, para la economía. Hay un grupo de expertos encargado de proponer reformas de la seguridad social, pero es tan obvio el carácter político del asunto que el oficialismo se aseguró de tener mayoría en ese grupo.

La ciencia tampoco es territorio aislado de los dilemas éticos. Uno de los ejemplos más mencionados es el de los investigadores cuyo trabajo condujo al uso de bombas nucleares, pero podemos decir también que, por motivos obvios, no es legítimo suponer que los especialistas en salud pueden desentenderse de los problemas sociales.

Por supuesto, mucho menos legítimo es que se desentiendan de esos problemas los gobernantes. El GACH le informó al presidente Luis Lacalle Pou, a tiempo y con claridad, sobre las consecuencias que tendría abstenerse de tomar medidas más drásticas para reducir transitoriamente la movilidad, pero él decidió no adoptarlas, y en el intento de justificar su opción apela a tergiversaciones, tanto de la evidencia internacional como de lo recomendado por el GACH. Eso no hay ciencia que lo arregle.