Ni las personas más despistadas esperaban que el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou fuera estatista, pero la forma en que concibe y maneja la gran mayoría de los organismos públicos supera las previsiones. La concesión del puerto a Katoen Natie hasta 2081 es un ejemplo notorio y tiene –lamentablemente– muy poco de excepcional.

Antes que nada, resulta necesario evitar un frecuente malentendido. Es real y nociva la obsesión de reducir el gasto público y la intervención estatal directa, pero no se trata de un Estado ausente o desentendido, sino de algo más preocupante. Tenemos un Estado muy activo en el esfuerzo, deliberado y consecuente, de fortalecer aún más los grandes intereses privados.

En esa línea, la corriente que predomina en este gobierno no sólo perjudica a las mayorías populares, y en especial a las personas más vulnerables, sino que también, pese a su reivindicación nominal del nacionalismo, compromete la soberanía uruguaya en áreas estratégicas.

Carlos María Uriarte dijo el año pasado, poco después de asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era el “representante dentro del gobierno” de los productores, con la función de “transmitir las necesidades y opiniones” de estos y “tratar de que sus intereses sean considerados en las medidas que toma el gobierno”. La reiteración de exabruptos por el estilo estuvo entre los motivos de que Uriarte tuviera que dejar su cargo, pero no se puede decir que mintiera (aunque le faltó decir que no representaba a todos los productores, sino a los más poderosos) ni que el suyo fuera un caso aislado.

Muchos otros ministerios actúan sin disimulo al servicio del lucro privado y alegan, como Lacalle Pou, que esa es la mejor manera de contribuir al interés público. También se porfía –supongamos que por genuina convicción ideológica– sobre el viejo dogma de que el Estado siempre será ineficiente y dañino cuando se meta en lo que los empresarios saben y deben hacer. Esta premisa infiltra incluso el desarrollo de las políticas sociales, con crecientes e injustificadas apuestas a la tercerización mediante fundaciones presuntamente filantrópicas.

Hasta se intenta que los entes autónomos y los servicios descentralizados, cuya razón de ser es el desempeño de tareas en lo que la Constitución define como “el dominio industrial y comercial del Estado”, actúen como proveedores de infraestructura y servicios a empresas transnacionales que compiten con ellos, o que retrocedan para facilitar negocios ajenos. Como le escribió José Batlle y Ordóñez a Domingo Arena en 1908, “nos dejamos sacar la plata como unos bobos”.

A Katoen Natie se le otorgó mucho en una opaca negociación, sin que quedara registro del proceso en un expediente ni se realizara estudio alguno, desde el punto de vista legal o en términos económicos, sobre la verosimilitud de que la empresa pudiera ganarle un juicio al Estado y obtener una indemnización de 1.500 millones de dólares. Hay mucho que aclarar sobre motivaciones y responsabilidades, pero en el trasfondo está, sin duda, la voluntad gubernamental de cederle terreno al sector privado.