“Hay que hacerse cargo siempre de todo. Hay que hacerse cargo de cuando se convoca a un paro y también cuando dejan a los chiquilines sin comer”, dijo el martes el presidente Luis Lacalle Pou, en una rueda de prensa en el Museo Nacional de Artes Visuales, en alusión al paro de los sindicatos de la educación previsto para el día siguiente.
El jueves, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, amplió el concepto. Entrevistado por Arriba gente, aseguró que la medida de no disponer guardia gremial para los comedores escolares dejó a casi 30.000 niños sin alimentación. “Si el servicio de alimentación se interrumpió para miles de alumnos no es porque las autoridades educativas hayan dejado algo que tuvieran que hacer. No es porque vino un huracán, o una cosa de ese tipo que uno no maneja, o una pandemia. Es porque hubo un actor específico que tomó una decisión”, sostuvo.
“Lo normal”, continuó Da Silveira, es que cada uno de nosotros “elija en libertad, decida en libertad y responsablemente se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones”. Con respecto a la actitud de los sindicatos, reclamó que “se hagan cargo de los costos sociales que el ejercicio de esos derechos genera”.
El debate sobre la necesidad de guardias gremiales en los comedores escolares los días de paro tiene varias aristas, pero en términos sintéticos, mientras la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) alega que no es posible implementar una guardia gremial en poco tiempo y sugiere habilitar tickets de alimentación o transferencias monetarias –como se ha hecho en otras ocasiones durante la pandemia–, las autoridades del Codicen afirman que no es posible implementar rápidamente el mecanismo de los tickets y apelan a la libertad responsable de las maestras y maestros.
Más allá de esta discusión puntual, el reclamo de “hacerse cargo” resulta llamativo por parte de un gobierno que no termina de asumir que está en el poder desde el 1° de marzo de 2020. Ante responsabilidades evidentes, ante omisiones y negligencias en la gestión, es recurrente el recurso de depositar las culpas en los gobiernos del Frente Amplio.
Asistimos al más reciente episodio de esta trama el miércoles, durante la interpelación al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga Katoen Natie. Buena parte de la argumentación del ministro se centró en demostrar que el gobierno del Frente Amplio también había entendido necesario negociar con la empresa. Como si el hecho de considerar la necesidad de entablar conversaciones ante la amenaza de un juicio fuera equivalente a firmar un acuerdo que entrega el puerto de Montevideo por 50 años saltándose la normativa vigente y restringiendo las potestades regulatorias del Estado. Esto último es responsabilidad exclusiva del gobierno de Luis Lacalle Pou.
También es responsabilidad del gobierno de Luis Lacalle Pou no haber dispuesto medidas de apoyo económico y de generación de empleo que evitaran, al menos en parte, el crecimiento de la pobreza en Uruguay. Así como es su responsabilidad no haber establecido mecanismos que cerraran la enorme brecha que en materia de presencialidad se registró entre la educación pública y la privada en 2020. Así podríamos seguir, y esto es independiente de responsabilidades que también le cupieron a administraciones anteriores por otros asuntos.
La tarea de gobernar es compleja, implica decisiones en múltiples ámbitos que impactan en la vida de las personas, y no siempre se cuenta con los recursos, con la formación o con la lucidez para tomar las mejores decisiones. La propia idea de “mejores decisiones” depende de concepciones ideológicas y políticas que están siempre en debate en una democracia.
No podemos exigirles a los gobernantes que no se equivoquen. Sí podemos y debemos reclamarles que se hagan cargo, después de casi 18 meses en el poder.