En política se llevan adelante maniobras astutas. Resulta útil que sean identificadas y explicadas, para que aumente nuestra capacidad de comprender lo que ocurre. Pero también hay actitudes extravagantes que conviene señalar, aunque la única capacidad que aumenten sea la de asombro. Esta semana se registraron por lo menos dos.

En el Poder Ejecutivo hay quienes piensan que el nuevo procedimiento para fijar los precios de los combustibles, establecido mediante artículos de la ley de urgente consideración, se puede mantener aunque esos artículos sean derogados en referéndum. Desde el punto de vista formal, sería posible; desde el político, se trata de una fanfarronada contraproducente.

El otro dislate a destacar se vincula con la formación de una comisión investigadora de la Cámara de Representantes sobre decisiones del Ministerio de Turismo (MT), cuyo titular fue hasta hace 15 días el colorado Germán Cardoso.

Cuando Cardoso era ministro, al frente de la Dirección Nacional de Turismo estuvo Martín Pérez Banchero, también del Partido Colorado (PC), pero integrante de otro sector. Pérez Banchero denunció que Cardoso hizo compras de publicidad en forma irregular y por montos sin precedentes.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió explicaciones de Cardoso y se declaró satisfecho, pero luego se reveló que el ministro no le había contado todo. Es muy poco probable que esto le haya caído bien a Lacalle Pou, y Cardoso tuvo que renunciar.

Cuando anunció su renuncia y su regreso a la Cámara de Representantes, ya se sabía que tanto el Frente Amplio (FA) como Cabildo Abierto (CA) evaluaban la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre su gestión. Cardoso anunció que él mismo iba a proponer una, para aclarar que no había hecho nada indebido. A primera vista, puede parecer muy loable, pero en realidad es un despropósito, y no sólo porque Cardoso quiere que se investigue también lo hecho en el MT por los gobiernos del FA desde 2010.

Las comisiones investigadoras se rigen desde 1995 por la Ley 16.698. Allí se establece con claridad que sólo pueden ser formadas cuando “se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”. Esto tiene dos consecuencias obvias. La primera es que, si se trata de investigar lo que hizo Cardoso (como plantea el FA), él no puede ser a la vez denunciado y denunciante. La segunda es que, para incluir en la investigación el desempeño durante períodos previos, Cardoso debería señalar algo que considere irregular o ilícito, y ha dicho expresamente que no tiene ningún fundamento para ello.

En el oficialismo hay posiciones encontradas, a cuál más extraña. El PC y CA manejan la idea de formar una sola comisión con dos “codenunciantes”, que se acusarían mutuamente. Los diputados del Partido Nacional se inclinaron por permitir que Cardoso “participara” en esa investigadora, pero parece que desde Presidencia les pidieron que lo habilitaran a integrarla como denunciante. Habría que formar otra comisión para investigar si alguien leyó la ley del 95.