“Tan sorprendido como ustedes estoy yo”, le dijo a la prensa el lunes el presidente Luis Lacalle Pou. Pocas horas antes se había conocido que el jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, había sido detenido por formar parte de una organización criminal ruso-uruguaya cuyos alcances todavía están por determinarse. El martes se dispuso su prisión preventiva por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil.
En la discusión política se ha vuelto recurrente la oposición entre datos y relato, una dicotomía que muchas veces oculta la complejidad de la realidad, omite que los datos también pueden manipularse y que los relatos son narraciones que muchas veces ayudan a volver inteligibles realidades complejas. Quitando la carga peyorativa que últimamente parece asignarse a los “relatos”, una de sus virtudes es la verosimilitud. Este término no refiere solamente a brindar una “apariencia de verdad”, sino también a tornarse creíbles para el interlocutor.
Se ha resaltado en más de una ocasión las virtudes del actual gobierno y en particular del presidente de la República en materia comunicacional. Sin embargo, el relato transmitido en torno a Astesiano carece de elementos básicos de verosimilitud.
En primer lugar, Lacalle Pou se mostró sorprendido el lunes, pero la situación que involucra a su jefe de custodios no es sorpresiva. Astesiano tenía, y el presidente lo sabía, más de 20 indagatorias por delitos diversos que iban desde hurto y apropiación indebida hasta estafa. Esto fue publicado en la prensa en 2020 y 2021, y Lacalle Pou fue advertido de la situación por al menos dos personas de su entorno. La última indagatoria es de enero de 2022, cuando Astesiano era jefe de la custodia presidencial.
Sin embargo, el lunes en conferencia el presidente manifestó que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” e hizo hincapié en que Astesiano no tenía antecedentes. Lo último se demostró falso: los tenía por estafa en 2002 y 2013. Cuando esto se conoció, el Ministerio del Interior alegó que en 2020 y 2021 se “informó oportunamente” a Lacalle Pou de que Astesiano no tenía antecedentes, pero “sorpresivamente” ahora aparece un antecedente penal en 2013, y por tanto se dispuso una investigación para saber “quién o quiénes alteraron la información”.
De este modo, el relato que se busca construir desde el gobierno coloca al presidente en papel de víctima al ser doblemente traicionado: en primer lugar por su jefe de custodia, alguien en quien depositó su “confianza”, y en segundo lugar por presuntas maniobras de alteración de la información dentro de la Policía que no le permitieron contar con todos los elementos para evaluar correctamente a Astesiano.
Se intenta así correr el foco de la situación de fondo, que es nada menos que la operación de una red delictiva ruso-uruguaya desde el propio edificio de la Torre Ejecutiva, con acceso a información privilegiada. Una red de la que todavía se desconocen sus alcances y cuántas personas están implicadas en las maniobras. Al hacer tanto hincapié en la “sorpresa” de las autoridades, se omite que el presidente estaba en pleno conocimiento de las múltiples indagatorias de Astesiano por graves delitos y que había sido advertido sobre las consecuencias negativas que esto les podía ocasionar a él y a su gobierno. Aun así, decidió ignorarlas por la “confianza personal” que le ameritaba su jefe de custodios. Como ha hecho en otras ocasiones, Lacalle Pou puso lo personal por delante de lo institucional a la hora de comunicar, y dijo cosas como que no le entregaría “lo más preciado”, que es su familia, a una persona de la que pueda tener indicios de que actúa “por fuera de la ley”.
Sin embargo, lo sucedido no afecta sólo, ni principalmente, a Lacalle Pou como persona. Genera incertidumbre y desconfianza en las instituciones, y afecta y daña la imagen del país, como queda de manifiesto con un simple repaso de los portales informativos de mayor prestigio en el mundo. No hay buen relato que pueda opacar la repercusión internacional de esta mala noticia.