La vinculación de Astesiano con el delito no es una sorpresa para el gobierno

El caso de Alejandro Astesiano pone sobre la mesa una inmensidad de hechos de apariencia irregular, y, en cada episodio que se suma, la gravedad del asunto se incrementa. De lo que no se puede hablar en esta historia es de “sorpresas”.

La vinculación de Astesiano con el delito no es una sorpresa para Presidencia ni para el gobierno; no lo fue para la prensa, que desde 2020 venía informando sobre este tema. Caras y Caretas le dedicó una tapa ese año en que se veía la ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) de Astesiano con un antecedente penal por estafa y cheques sin fondos del 2002 que se esfumó en los registros posteriores y del que no se habla hasta ahora. Luego, Sarandí y la diaria retomaron este tema en setiembre de 2021.

A partir de que la diaria informó este miércoles que Astesiano estuvo preso en 2013, el Ministerio del Interior (MI) confirmó que tenía antecedentes penales, algo que ya había sido asumido por el propio protagonista ante la Justicia.

El MI optó por una extraña estrategia de una gravedad incalculable: reconocer que su sistema es “alterable” y que se podrían “adjudicar” o “borrar” antecedentes. Por eso, se ordenó una investigación administrativa, porque “sorpresivamente” aparecieron los antecedentes de Astesiano. Hablar de “sorpresa” en este escenario sólo siembra aún más la desconfianza.

Si hay algo que no demostró esta situación es solidez institucional, al contrario: prefirieron poner en jaque la confianza en las instituciones y plantear la existencia de un sistema de seguridad vulnerable a alteraciones antes que asumir que se equivocaron, aun siendo advertidos, al poner a una persona con un pasado y un presente de vinculación delictiva compleja al frente, ni más ni menos, que de la seguridad de la máxima autoridad del país.

En paralelo, otro movimiento peligroso para la institucionalidad: se intenta responsabilizar a la Policía de “no haber investigado” o “alertado” al presidente sobre los antecedentes de Astesiano. Sería ilegal que la Policía investigue sin orden judicial los cargos de particular confianza de un gobierno; sería un escándalo para la democracia.

Desde el gobierno se plantea que el presidente pidió saber si Astesiano tenía antecedentes tanto en 2020 como en 2021. Resulta llamativo que el presidente pida esta información luego de iniciado el gobierno y no antes de atribuirle un cargo con tanta responsabilidad. ¿Qué lo motivó a hacer estos pedidos? ¿Desconfiaba acaso? Menos se entiende aún por qué reiteró este pedido, y si algo de tamaña magnitud se ordenó de forma verbal o si hay algún expediente abierto que haya solicitado esta información a través de una vía formal que haga que esta investigación haya sido legal. La Policía puede investigar o indagar sobre una persona en el marco de una investigación. Si no, además de incurrir en un delito de pesquisa, es antirreglamentario.

El reflejo del gobierno fue buscar un responsable a nivel policial, con una investigación administrativa que busca desviar el foco de la opinión pública hacia “quien habría alterado los antecedentes” de Astesiano. El chivo expiatorio que encontraron fue el director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, que notó que había un error y lo corrigió.

Se reconoce a través de la investigación que fue al otro día de que la prensa informó sobre el historial de Astesiano que los antecedentes empezaron a figurar en el SGSP. Y es que, al publicarse estos datos, Vázquez chequeó la información que se planteaba en su legajo y notó que el número de cédula no estaba registrado en dicho documento, por lo que el SGSP no estaba cargando esa información. Al ingresar la cédula que faltaba, y que probablemente nunca haya estado registrada, el legajo quedó cargado como correspondía: con los antecedentes visibles en el SGSP. Pero el MI lo separó del cargo porque “no avisó a sus superiores”. “No dimensionó las repercusiones que podría acarrear tal acción”, dicen. Y están en lo cierto: su accionar dejó expuesto al gobierno, y eso es lo que hoy está pagando en realidad.

Además de los antecedentes penales y el debate que suscitaron, Astesiano tenía más de 30 indagatorias por múltiples delitos. También tenía requisitorias y solicitudes de paradero, entre otras anotaciones policiales. Se caratula como “indagada” a una persona en un evento del SGSP cuando se la vincula como responsable de un delito o cuando directamente es denunciada como responsable. No era precisamente un legajo ejemplar. ¿A nadie le llamó la atención que tuviera más de 30 indagatorias por múltiples delitos? ¿Tampoco que tuviera requisitorias y averiguaciones de paradero? Si es así, podemos decir que vivimos en un país donde la presunción de inocencia realmente se aplica. Pero permítanme dudar.

Amén de todo lo que se puede plantear sobre los antecedentes penales con base en lo que dice o no dice el SGSP sobre Astesiano, estamos hablando de un cargo de particular confianza que estaba de forma permanente con el presidente. No obstante, se está haciendo foco en la información que llegó a Lacalle Pou a través del MI.

Dejamos de lado lo que el propio presidente dijo: era un conocido de su familia desde el año 1999. ¿No le preguntó sobre la información que fue publicada por la prensa acerca de sus indagatorias y antecedentes? ¿O acaso no confiaba en Astesiano y por eso solicitó conocer su historial delictivo en 2020 y no conforme con esto lo volvió a solicitar en 2021? De nuevo, lo que queda claro es que no le llamó la atención ni en 2020 ni en 2021 que Astesiano tuviera más de 30 indagatorias, porque eso figuró siempre en el sistema. No puede decir ahora que se entera “por la prensa” como “nos enteramos todos”.

A Astesiano se le dio un lugar de privilegio al que de otra forma no hubiera accedido. Incluso, en lo que refiere a lo más básico de su tarea: el porte de armas. Con sólo las anotaciones policiales que tenía, nunca podría haber accedido a un permiso de tenencia o porte de armas. Tampoco podría haber ingresado a la Policía, o en su caso, haber vuelto, ya que había dejado la institución cuando su carrera delictiva empezó a quedar registrada. Solamente considerando las anotaciones policiales que tenía Astesiano, no hubiera pasado una junta de selección para entrar como agente de policía, el grado más bajo de la fuerza, porque se considera para esto toda la información que figura en el sistema. Sin un certificado de antecedentes judiciales limpio, ni siquiera hubiera podido ser habilitado como guardia de seguridad privada registrado legalmente. Sin embargo, a Astesiano se le dio el lugar de privilegio que tenía, hasta que pasó de la custodia presidencial a la cárcel.

Los privilegios estuvieron presentes hasta en el momento de su detención. Astesiano estaba de viaje en el exterior con el presidente y sus hijos cuando se suscitó la investigación. Según Lacalle Pou, cuando llegaron al Aeropuerto de Carrasco, fue el propio Astesiano que le avisó que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Información e Inteligencia Policial. A diferencia de lo que hubiera pasado cuando una persona que no es el jefe de la custodia presidencial está requerida, al pisar territorio nacional hubiera sido detenida. No obstante, Astesiano no fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco y se trasladó hasta la residencia presidencial, donde finalmente se dio el operativo, luego de que el presidente fuera informado. La fiscal del caso indicó que el exjefe de la custodia presidencial llegó a borrar conversaciones de su teléfono y así destruir evidencia para la investigación. Es llamativo que se hable de solidez institucional cuando hasta se podría haber comprometido la investigación.

Vale recordar que el rol de Astesiano era central en el gobierno. Ser el jefe de la custodia presidencial no es una “changa”, como deslizó el intendente de Paysandú, Nicolas Olivera. Además de hacerse cargo de la seguridad del presidente, de la Torre Ejecutiva y de las residencias presidenciales, tenía a su cargo la seguridad del mandatario fuera de fronteras, por lo que era la imagen del país ante la coordinación con otros países, e incluso llegó a ser el único acompañante del presidente en misiones oficiales. También tenía a su cargo la seguridad de otros jefes de Estado cuando visitaban Uruguay, era el enlace con la Policía y con el MI, y su cargo le daba la potestad de exigir información y apoyo.

A Astesiano se le dio un lugar de privilegio que supo usar para operar su red criminal, con la que se reunía en la Torre Ejecutiva y a la que “ofrecía” contactos estratégicos dentro del MI. El presidente no es una víctima, es el responsable. No podemos hablar de “engaños” ni de “confianza” cuando lo que queda a la vista es una fragilidad institucional brutal. Sería más responsable hacerse cargo y asumir el error político, antes de seguir poniendo en juego las instituciones.

Más allá del daño a la imagen del país y el riesgo que significa haber tenido a una persona operando con su red criminal desde la Torre Ejecutiva, subyace algo más grave aún: el gobierno está dispuesto a transmitir desconfianza institucional en pos de sostener un discurso. Y esa Policía, en la que “tanto se confía”, aparece como un fusible en esta historia, cargándola incluso con omisiones de tareas que, de haberlas ejecutado, hubieran sido ilegales.

Presidencia había sido alertada sobre los antecedentes de Astesiano, la prensa no los inventó. Ante la duda, podrían haber iniciado una investigación que diera pie legalmente a que la Policía aportara este dato. Y, así como pudo hacerlo el director de Identificación Criminal y le costó el cargo, analizar su legajo en Policía Científica hubiera alcanzado para evitar “sorpresas”.

Así que no se puede hablar de “sorpresa” en la Torre Ejecutiva. Pero tal vez una de las sorpresas más grandes es que el gobierno, para sostener su discurso, está dispuesto a usar a la Policía, institución que fue motor de su campaña, como un fusible. Ir por el camino de la desacreditación institucional parece un “sálvese quien pueda” desesperado en un escenario de desprestigio nacional e internacional.