El exencargado de la seguridad personal del presidente de la República está preso y, aunque aún no ha sido condenado, todos los datos disponibles indican que integraba una organización delictiva internacional y que puso al servicio de esta los privilegios de su posición institucional. La investigación judicial está en curso y habrá que ver qué responsabilidades revela, pero lo inusitado del caso ya señala por lo menos tres áreas en las que es necesario aumentar garantías indispensables.

La primera de esas áreas es la que se ha desarrollado en torno a la Presidencia de la República. Durante sucesivos períodos de gobierno, esta pasó de ser simplemente el nombre del inciso presupuestal 02, dentro del Poder Ejecutivo, a hipertrofiarse como una institución de la que dependen cada vez más funciones de gran relevancia, sin posibilidades de contralor parlamentario.

Cuando el Senado convocó al prosecretario de Presidencia y al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) para pedir explicaciones sobre Astesiano, estos jerarcas fueron voluntariamente, pero no estaban obligados a ello. Es una situación indeseable en una república, que se puede reiterar en muchos otros asuntos delicados. Entre ellos, los relacionados con el secreto de las actividades dirigidas por la SIE, que desde que se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) sólo puede dejar sin efecto el presidente.

La segunda área es la relacionada con las manifestaciones públicas de fiscales. La encargada del caso Astesiano, Gabriela Fossati, ha sido demasiado locuaz al expresar opiniones sobre el presidente Luis Lacalle Pou que no corresponden a su tarea; insistir en que se sintió discriminada y perseguida políticamente por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz; y enzarzarse en cuestionamientos mediante Twitter a los medios de comunicación en general y al periodista Eduardo Preve en particular.

Nada de esto ayuda a que la ciudadanía confíe en la imparcialidad de Fossati para manejar una investigación tan espinosa. Hace falta más formación para contribuir a que quienes forman parte del sistema judicial mantengan una conducta prudente.

Por último, la defensa de Astesiano maneja la posibilidad de que este llegue a un acuerdo con Fiscalía para reducir su pena, a cambio de aportar información sobre delitos cometidos y personas involucradas en ellos. Lo haría en la condición de “colaborador”, que estaba prevista para los procesos sobre lavado de activos y la LUC extendió a todas las causas penales.

Este tipo de acuerdos, que en otros países se llaman “delación premiada”, deben manejarse con extrema cautela, y en procesos vinculados con la política existe el grave riesgo de que sean usados para acusaciones ilegítimas (como se hizo en Brasil contra Lula) o, a la inversa, para manipular las confesiones de tal modo que protejan a parte de los responsables.

Cada problema es una oportunidad para identificarlo y corregirlo. Lo más importante para algunas personas es cómo afectará este caso sus intereses políticos, pero lo fundamental será nuestro aprendizaje como sociedad.