Esta semana, la diaria inició un ciclo de artículos de reflexión a raíz de los 150 años del nacimiento del filósofo Carlos Vaz Ferreira, coordinado por el profesor titular y director del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Gustavo Pereira.

Para constatar la vigencia del pensamiento de Vaz Ferreira, basta consignar de qué modo se procesa en Uruguay el debate público sobre las más diversas áreas. Por un lado, los déficits argumentales y las falacias debilitan la calidad del debate público, y al hacerlo, deterioran la democracia. La propia lógica de las redes sociales, que impide la discusión en profundidad y alienta la polarización, no hace más que empeorar la situación. Por el otro, las alertas que Vaz Ferreira dejó consignadas en su “Moral para intelectuales” constituyen una orientación para evaluar hechos recientes.

Durante esta semana continuaron las repercusiones de la orden de allanamiento a la radio Azul FM y el pedido de incautación del celular del periodista Ignacio Álvarez. El lunes, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se reunió con el fiscal de Corte Juan Gómez, quien anunció que la orden no se efectivizaría y “que no hay ninguna razón, a esta altura de los acontecimientos, para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo como es el aparato celular”. El jueves, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en el que expresó que “todos somos iguales ante la ley y todos somos pasibles de persecución penal si eventualmente incurrimos en conductas que tienen apariencia delictiva”.

La prensa tiene protecciones especiales por la función que cumple en el sistema democrático, sobre todo en la esfera del interés público. Una de ellas es el derecho a mantener la reserva de sus fuentes de información. No se trata de un derecho de un periodista en particular, ni siquiera de los periodistas en general, sino que lo que se protege en estos casos es el derecho de la población a estar informada. Si una fuente tiene dudas sobre la confidencialidad de la información que proporciona, si teme que la reserva pueda no respetarse o ser levantada por un juez, lo más probable es que guarde el dato para sí, privando a la sociedad de conocer información que puede ser vital. Sin centrarnos en el caso concreto, así funciona de modo general el pacto de los periodistas con las fuentes. Por lo tanto, fue saludable la rápida reacción del sindicato de la prensa y de otros periodistas en defensa del derecho a la información.

Sin embargo, rápidamente el debate público viró de eje, y se olvidaron o invisibilizaron otros costados escabrosos de esta situación. Pareció que era tiempo de alinearse en el lugar de los defensores o detractores de la libertad de expresión, y que ya estaba superado el debate ético previo sobre la situación desencadenante: la difusión a través de una radio de audios íntimos de una mujer que denuncia haber sido víctima de violación grupal. La difusión sin su autorización y rodeada de comentarios denigrantes. La difusión, no de la verdad, sino de un recorte interesado de los hechos realizado por los acusados. Así transita la discusión pública, espasmódicamente, saltando de un suceso al otro sin vincularlos, olvidando lo que pasó para pasar a la indignación siguiente.

En “Moral para intelectuales”, Carlos Vaz Ferreira decía que los periodistas son capaces de levantar reputaciones o de hacerlas pedazos con la misma inconsciencia que un niño. Utilizaba el término “espanto o terror” para describir la impresión que le causaba este enorme poder. “Por consiguiente -decía- la moral de la prensa es una moral delicadísima. El que dispone de un poder semejante, se encuentra en una situación especial, y contrae deberes que se diferencian de los otros deberes en que tienen una intensidad también formidable, o que debería sentirse como tal”.

A 150 años de su nacimiento, los aportes de este reconocido filósofo y abogado uruguayo resultan útiles para abordar una autocrítica urgente.