El 26 de junio de 2020, la Federación Rural del Uruguay (FR) realizó su primer congreso tras la asunción del nuevo gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Durante los 15 años de administraciones frenteamplistas, tanto esta gremial agropecuaria como la Asociación Rural del Uruguay fueron muy críticas de las políticas adoptadas por la coalición de izquierda a nivel general y hacia el sector en particular.

En cambio, en la declaración final del congreso de 2020 se manifestaron “esperanzados de que las nuevas autoridades le den al sector agropecuario el apoyo y el respeto que se merece y que por años no encontramos, en los que se procuró más abrir grietas entre el campo y la ciudad, sin entender que el Uruguay somos todos y avanzamos juntos”.

La gremial valoró positivamente el entonces proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que estaba a estudio del Parlamento, por su intención de crear la Dirección Nacional de Seguridad Rural “y volver a dotar a la campaña de personal policial idóneo” con miras a combatir el abigeato. Las disposiciones contenidas en la LUC referentes a Colonización también están en línea con el discurso de la FR. Por ejemplo, en agosto de 2021, a través de un comunicado, el Consejo Directivo de la gremial se mostró preocupado por “el manejo político del Instituto Nacional de Colonización” y reclamó una “revisión interna de los objetivos del instituto, herramientas, funcionamiento, utilización de recursos y adjudicaciones de tierra”.

Pero la cercanía de la FR con el gobierno actual no parece ser sólo ideológica y programática: la gremial también ha mostrado su capacidad de incidencia en los procesos de remociones o renuncias de jerarcas.

El caso más reciente es el del alejamiento del cargo del director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia. La FR había pedido su dimisión en el congreso de la gremial realizado el año pasado, argumentando “problemas serios de relacionamiento” dentro del instituto y falta de avances en materia del control sobre las jaurías de perros que atacan a ovejas. Ya en la citada declaración final del congreso de 2020 la FR expresaba su “esperanza” en que la creación, a través de la LUC, del INBA se convirtiera en “la herramienta adecuada para solucionar este creciente problema”.

Tras su renuncia esta semana, Cossia declaró a la diaria que la postura de la FR pesó en su alejamiento del cargo y la presidenta de la gremial, Mónica Silva, dijo a este medio que el exdirector ejecutivo del INBA se focalizaba en la “defensa” de los perros y no de, por ejemplo, los ovinos. En relación con la incidencia que tuvo la FR en la remoción, Silva declaró: “Nosotros proponemos, pero el gobierno decide después”.

La FR también había mostrado su capacidad de influencia en el proceso de remoción del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte y su sustitución por Fernando Mattos. Si bien en su momento se comunicó que el cambio fue a pedido del Partido Colorado y la gremial se limitó a manifestar su “sorpresa” ante los hechos, el senador nacionalista Sebastián da Silva reconoció en el programa En perspectiva que la decisión “era un hecho”, pero que “el Congreso de la FR terminó de resolver la oportunidad del momento”.

La cercanía de la gremial agropecuaria con el gobierno y su incidencia parece ser tan fuerte como la que el hoy oficialismo le atribuía al PIT-CNT respecto de sus antecesores frenteamplistas, sólo que no es tema de debate público y para cierto sentido común parecería más aceptable.