A medida que se acerca el referéndum del 27 de marzo, las campañas del oficialismo por el No tienden a jerarquizar cuestiones de seguridad pública. En líneas generales, se alega que los artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se refieren a este tema son cruciales para la disminución de la criminalidad, y que dejarlos sin efecto implicaría volver a una situación crítica, instalada durante los gobiernos del Frente Amplio (FA).

Si esta tendencia se mantiene, como parece muy probable que ocurra, la consulta popular del mes próximo será la tercera, en poco más de siete años, referida a la política criminal del Estado. Las dos anteriores fueron plebiscitos de proyectos de reforma constitucional, centrados por completo en este asunto, que se realizaron en forma simultánea con las elecciones nacionales de 2014 y 2019.

La primera fue impulsada por Pedro Bordaberry, con apoyo de Luis Lacalle Herrera, para disminuir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal. La segunda fue lanzada por Jorge Larrañaga mediante la campaña “Vivir sin miedo”, para prohibir la libertad anticipada de quienes cometieran ciertos delitos graves, permitir condenas de por vida revisables, habilitar allanamientos nocturnos y crear una Guardia Nacional integrada por personal militar.

Las iniciativas de 2014 y 2019 tuvieron en común bastante más que su temática. Recogieron propuestas que habían sido presentadas sin éxito como proyectos de ley, y buscaron saltearse el debate parlamentario al incluirlas en la Constitución. Fueron rechazadas pero lograron un considerable respaldo ciudadano, poco menos de 47% en los dos casos. Los dirigentes que las impulsaron no lograron, sin embargo, que ese respaldo se trasladara a sus propias candidaturas.

Hay, por último pero con gran importancia, una semejanza más. Ambos proyectos de reforma constitucional contribuyeron a consolidar una posición ideológica y política sobre la cuestión de la seguridad. A partir de la percepción ciudadana de que existía un problema grave y creciente, se postuló que su causa principal eran las políticas de los gobiernos frenteamplistas. Los hechos fueron presentados como acontecimientos y articulados en un relato poderoso.

Por un lado, se machacó con la idea, típicamente derechista, de que la solución estaba al alcance de la mano y consistía en la combinación de penas más severas, un aumento de la presencia territorial de la Policía y una disminución de presuntas trabas a su acción eficaz.

Por otro, se sostuvo que el FA impedía esa solución por causas que incluían, en mayor o menor medida, incompetencia, desprecio a las víctimas de delitos, afinidad con los victimarios o un deseo maligno de destruir el orden social. Así se articuló un solo discurso de odio contra los delincuentes y sus presuntos protectores.

Las normas sobre seguridad de la LUC que serán sometidas a referéndum están inspiradas en el mismo relato, y los discursos se reiteran ante una nueva consulta popular. La mayoría del sistema partidario sigue presa de esta vieja polémica, y reincide sin dar muestras de rehabilitación.