En calma, debemos analizar datos y reconstruir la historia, no meramente asimilar relatos. Hoy parece razonable realizar una mirada con un margen de distancia temporal, a dos años de comenzada la pandemia en Uruguay.
Si miramos indicadores duros, como mortalidad y casos comunitarios totales, parece que no hemos sido buenos gestores de la pandemia.
Al observar datos sobre muertes acumuladas durante el período de dos años vemos que nos ubicamos en la franja entre 2.000 y 2.500 muertes acumuladas cada millón de habitantes, cifras similares a Chile, España, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera, muy por encima de Alemania, Canadá, Nueva Zelanda y Japón, por ejemplo. Más allá de las muertes acumuladas, que son más de 7.100 en este tiempo, solamente en abril, mayo y junio de 2021 se sumaron 5.000 fallecidos, sin restricción de la movilidad como sugirieron el Sindicato Médico del Uruguay, las sociedades científicas, las facultades del área de la salud y demás colectivos científicos como el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH, asesor del propio gobierno).
Por tanto, estamos ante una gestión que muestra una alta mortalidad acumulada, sin ser exitosos ni líderes de ningún tipo en relación con dicho indicador.
Si analizamos otro indicador duro en términos de importancia para sacar conclusiones, y vemos la cantidad de casos totales en estos dos años, la cantidad de casos acumulados en el período asciende a más de 880.000 personas (en un país de tres millones y medio). No tuvimos medidas de restricción de la movilidad con subsidios sociales, como fue solicitado por diversos actores en abril, mayo y junio de 2021, y en enero y febrero de 2022. Acumulamos índices altísimos de contagios en cada una de dichas olas: 270.000 casos en la primera y aproximadamente 440.000 en la segunda.
Tuvimos una gestión de la pandemia que nos ubica con una tasa muy alta de casos en el mundo en la franja entre 100.000 y 500.000 por millón, con una curva acumulada similar a la de Argentina, España, Inglaterra, Estados Unidos, peor y por encima de Brasil y muy por encima de Canadá, Nueva Zelanda, Japón y otros países con estrategias comunitarias más eficaces.
Desde una visión global y retrospectiva de estos dos años y observando dichos indicadores, podríamos concluir que los resultados en términos de muertes y casos acumulados nos ubican a nivel promedio con tasas altas y no en lugares de privilegio en la gestión de la pandemia.
Para continuar la mirada desde una perspectiva profesional médica se hacen necesarias algunas acotaciones pertinentes. En primer lugar, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la cuarentena (con su respectivo subsidio social) solicitada por médicos organizados en el SMU y en sociedades científicas era por un plazo máximo de tres semanas, como lo mencionan los documentos públicos, y perseguía objetivos claros de: (1) evitar un pico inicial (ola) de casos comunitarios, (2) reorganizar el sistema de atención en los diferentes niveles asistenciales y (3) reorganizar/redistribuir los recursos humanos. No era una “cuarentena infinita”, como se ha mencionado de forma impertinente y persistente como muletilla política a esta altura.1
En segundo término, y luego de un incremento sostenido de la transmisión comunitaria en los primeros meses de 2021, se hacía necesaria la restricción de la movilidad que fuera solicitada en marzo de 2021 por todo el cuerpo médico, científico, facultades del área la salud y demás colectivos sanitarios con el objetivo de evitar o amortiguar la catástrofe sanitaria, que lamentablemente vivimos en abril, mayo y junio de dicho año.
Otros insumos necesarios para el análisis de la pandemia en Uruguay consisten en valorar algunos errores del Ministerio de Salud Pública (MSP), que se pueden catalogar de muy trascendentes y negativos, que determinaron la demora en varios meses de la llegada de las vacunas. Fueron rechazadas inicialmente y por vía formal las vacunas de Pfizer en noviembre, casi cuatro meses antes de su llegada a Uruguay.
Por varias razones, entre las que está contar con un sistema sanitario sólido, con inversiones potentes en las últimas dos décadas, que alcanza una cobertura universal, gran accesibilidad, y además un sistema de vacunación histórico y reconocido con más de 30 años, al momento de la llegada de las vacunas sobre fines de febrero de 2021 se realizó una adecuada campaña nacional. Hoy contamos con una cobertura de vacunación alta aunque parcial, ya que el aproximadamente 50% que aún no se dio el refuerzo (tercera dosis) no está necesariamente protegido contra las nuevas variantes. Además, sabemos que la transmisión comunitaria no es el indicador que más disminuye con la vacunación (y sí con baja de movilidad y contactos), y que la eficacia de la vacuna sí se concentra en descenso de ingresos hospitalarios y casos graves y muertes. Esto explica que en la última ola de 2022 hayan fallecido menos personas que en la ola de 2021.
Si analizamos los totales de casos y muertes en las dos olas de Uruguay y a su vez observamos otros comportamientos en los picos de casos a nivel internacional, se puede inferir –aunque sea contrafáctico– que la restricción de la movilidad en ambos momentos y por períodos estipulados con inicio y fin hubiera sido un excelente complemento a la vacunación. Por ejemplo, en la primera ola se tuvo, a mi criterio, una visión y estrategia parcial, fragmentada y sesgada solamente hacia la vacunación sin medidas complementarias de reducción de casos comunitarios. A su vez, al inicio de la pandemia, en 2020, la población hizo la cuarentena de forma voluntaria por recomendaciones, miedos, incertidumbres, reacción, entre otros motivos que muy probablemente evitaron una ola inicial y permitieron realizar tareas de reorganización del sistema de salud necesarias para la atención.
Parece que el relato oficial y hegemónico no gusta de ser interpelado, pero no podrá ocultar una realidad que significó por muchos meses estrés social y profesional, y sobre todo una tragedia humana que se ha silenciado.
Cabe aportar un elemento más al análisis. Durante la primera ola de abril, mayo y junio de 2021 se tomó como único indicador válido el número camas de CTI, desde una perspectiva política y no técnica, ya que si pensamos en el significado real de una cama de CTI, no es sólo el objeto, monitor y respirador, sino recursos materiales y humanos calificados. Durante ese período de alta ocupación, aumentó de forma importante la mortalidad en cuidados intensivos, entre otros motivos por cuestiones vinculadas a los recursos humanos. Hoy interpretamos que fueron “camas ficticias”, y que dicho indicador de forma aislada no sirve. En dicho trimestre de 2021 el sistema de atención se saturó en todos sus niveles asistenciales –emergencias móviles, policlínicas de primer nivel, camas de moderados de sanatorios y hospitales, cuidados intermedios e intensivos–, a pesar del indicador tomado como una verdad revelada más cercana al pensamiento mágico que a la realidad que nos aplastaba, que claramente no reflejaba la situación asistencial, la mortalidad y el aluvión de pacientes que asistimos. Quien lo niegue no lo vivió.
Creo que algunos puntos de opinión personal en este análisis a dos años de la pandemia aportan ante un relato hegemónico, que para muchos es impuesto y lejano a nuestro diario vivir. En estos dos años bajó el salario real de trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que indica que, lejos de premiarlos por el despliegue humano y profesional, se los ha castigado con menor poder de compra en su vida diaria.
Durante estos dos años también se han flexibilizado los controles de tiempos de espera en policlínica que tienen los prestadores para con los usuarios por motivos de reorganización, pero ya es tiempo de ajustar dichas metas y no perder más tiempo en el acceso a policlínicas por parte de los usuarios.
A su vez, se ha perdido calidad asistencial de forma contundente, con menos tiempo para los pacientes en consultas de policlínica de medicina general y especialidades. Esto surge de un acuerdo durante la emergencia sanitaria para no perder controles y pacientes con patologías crónicas, pero deberá volverse al acuerdo de calidad asistencial (de cuatro pacientes por hora y lo que corresponde según especialidad) si es que se quieren conservar mejoras asistenciales para los usuarios y laborales para los profesionales. Este elemento es esencial para retomar la calidad asistencial perdida.
Otro punto de interés es la implementación de la atención telefónica, que ha servido para evitar la movilidad innecesaria, pero está muy lejos de ser algo cercano a la telemedicina. El sistema de salud en estos dos años está muy lejos de haber mejorado.
Me gustaría resaltar que cuando mencionábamos cuarentena o restricción de la movilidad como medida preventiva y demostrada científicamente para evitar la transmisión comunitaria de enfermedades implicaba que venía de la mano de una compensación económica o ayuda social, y que esa fue la restricción política para no realizarla de forma obligatoria, apelando a estratagemas de la comunicación. La verdad parece indicar que se prefirió ahorrar dinero por la rigidez de ajustarse a una regla fiscal en lugar de proteger integralmente la salud de la población, evitando mayores secuelas poscovid y conservando vidas. Se relató una “libertad responsable” que parece haber sido una “negligencia parcial”.
Otro elemento esencial del análisis es a propósito de la integralidad de las estrategias. La vacunación, que fue buena en velocidad aunque de inicio tardío, debió acompañarse de otras medidas preventivas (no tomadas en tiempo y forma) para prevenir secuelas y muertes de personas que quedaron en el camino. Además, las olas generaron un enorme deterioro de la calidad sanitaria por la invasión de la covid al sistema y el desplazamiento asistencial de todas las otras enfermedades, que no descansaron pero siguieron escondidas y casi por fuera de la asistencia en líneas generales. Quizás esto sea parte de la explicación de la mortalidad muy alta por toda enfermedad en 2021 (incluida la covid): más de 8.000 muertes más en el año.2
La pandemia nos dejará muchas enseñanzas como país, como profesionales, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas. La realidad que muchas personas vemos e intentamos demostrar con información y análisis no es un simple relato de “libertad responsable”. Parece que el relato oficial y hegemónico no gusta de ser interpelado, pero no podrá ocultar una realidad que significó por muchos meses estrés social y profesional, y sobre todo una tragedia humana que se ha silenciado.
El pelotón y los rezagados: mucho más atrás. Los malla de oro: más adelante. Cualquier coincidencia de la gestión de la pandemia con la realidad económica y social del país no es irreal: es así, casi un calco.
Federico Preve es integrante del Sindicato Médico del Uruguay.