Mediante una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo concedió a cinco empresas de televisión por cable (TCC, Monte Cable y Nuevo Siglo, de Montevideo, y a otras dos del interior) licencias para comercializar internet a través de redes fijas a los hogares y empresas. Esta medida perjudicará severamente a Antel y rompe una política de Estado que posicionó a Uruguay en los primeros lugares del mundo por su cobertura de fibra óptica.

Por sus implicancias, el hecho representará un hito en la historia de las telecomunicaciones del país, equiparable, por ejemplo, con la creación de Antel, en 1974, el referéndum en defensa de las empresas públicas de 1992, la aparición de la telefonía celular en 1994, o el desarrollo de la red de fibra óptica, cable submarino y data center que se dio en la última década.

Se rompe el modelo uruguayo

En Uruguay los servicios públicos básicos que recibimos en nuestros hogares (agua, electricidad, teléfono e internet) son proporcionados por empresas públicas. Hasta el momento, ello nos permitió ubicar al país en un lugar de privilegio en el contexto latinoamericano y, en muchos aspectos, a nivel global. Contamos con agua potable de buena calidad y con un servicio continuo, tenemos electricidad de fuentes casi 100% renovables y disponemos de acceso a internet por medio de fibra óptica en 86% de los hogares.

Los servicios públicos enumerados tienen como uno de sus signos distintivos la necesidad de una red de infraestructura desplegada en todo el territorio nacional, en todas las manzanas y en todas las calles del país. Es en este contexto que las empresas públicas se erigieron en Uruguay como la mejor opción: servicios de calidad, tarifa única en todo el territorio, cobertura universal y precios accesibles que atienden particularmente a la inclusión de toda la población.

Por otra parte, en la sociedad actual los servicios de internet son absolutamente esenciales para la vida social y productiva: nos permiten estudiar, trabajar, entretenernos y comunicarnos con nuestros seres queridos, entre otras prestaciones. Antel fue fundamental en la reducción significativa de la brecha digital y determinante en el despliegue del Plan Ceibal. Asimismo, ofrece gratis Universal pymes y Universal hogares para facilitar el acceso a los sectores más desfavorecidos.

En lo productivo, Antel como empresa de futuro fue uno de los pilares de la expansión de nuevos sectores de la economía y esencial en el crecimiento de las exportaciones de servicios globales no tradicionales, tales como software e industria audiovisual.

Por consiguiente, la visión del proyecto de fibra óptica al hogar fue garantizar la sostenibilidad futura de Antel para brindar servicios de conexión a internet, y de datos en general, a todos los uruguayos, con base en la mejor alternativa tecnológica disponible y con el mejor futuro frente a otras.

Consecuencias de liberalización

Antel registró en 2021 una facturación de 950 millones de dólares: 43% de estos ingresos proviene de los servicios de internet fijo, sector que se ha consolidado como el más pujante de la empresa en los últimos años. No obstante, la cobertura está llegando a su techo.

En este contexto, se promueven dos nuevas modalidades de negocio para los privados, y en ambas Antel pierde: 1) la empresa pública se transforma en mayorista y arrienda su fibra óptica a los operadores privados para que comercialicen internet conjuntamente con sus contenidos audiovisuales; o 2) ingresan multinacionales de gran porte al mercado que se asocian o compran las empresas que obtuvieron las licencias. También pueden darse ambas opciones combinadas.

Cabe recordar que ya se concretaron inversiones en fibra óptica en la última década por 850 millones de dólares. Ello implicaba que el retorno se daría en los años sucesivos. Consideramos que se debió proteger el esfuerzo realizado con recursos propios, con marco jurídico dado, ya que, en última instancia, son de todos los uruguayos.

La medida actual se promociona como libertad para el usuario, competencia que lleva a la baja de precios. Consideramos que las tarifas que ofrece Antel por banda ancha son por demás competitivas en la región y establecidas en función de las directivas del Ejecutivo. Si se quieren bajar es posible hacerlo, dado que la empresa tiene esa posibilidad.

El modelo que se propone genera la posibilidad de que en las zonas de mayor densidad de población se tengan mejores tarifas y calidades que en otras. Además, el debilitamiento de Antel impactará en un aumento de la brecha digital.

Finalmente, cabe consignar que la liberalización del mercado impactará en una merma en las ganancias de la empresa y, por ende, en una caída en los recursos que transfiere al erario público, que, en términos anuales, representan entre 100 y 120 millones de dólares. Asimismo, la eventual propiedad cruzada de medios, empresas de televisión para abonados y multinacionales privadas de telecomunicaciones generará una mayor concentración informativa.

En clave de futuro

A nivel mundial se viene dando una convergencia entre varios sectores relacionados con la informática, la electrónica, las telecomunicaciones, los servicios digitales y la producción audiovisual. Esto está provocando movimientos de empresas o conglomerados económicos.

En este marco, la actividad particular de las telecomunicaciones será un activo central, debido a su transversalidad en las actividades productivas y humanas, potenciada por el desarrollo creciente de redes de fibra óptica nacionales e internacionales, así como el advenimiento de la quinta generación móvil, y con ello el acceso generalizado a internet con capacidades, velocidades y latencias jamás vistas.

Por este motivo, Antel representa una gran herramienta política que posee el pueblo uruguayo para insertarse en el mundo y lograr desarrollo económico con justicia social.

Daniel Larrosa es director de Antel en representación del Frente Amplio.