Rendición de Cuentas: a jugar a la mosqueta

Ya pasaron dos semanas desde que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y su equipo se presentaron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. A la vez, el 14 de julio hizo lo propio el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En ambas comparecencias se observa una constante: la opacidad en la información y la falta de preparación de las autoridades están a la orden del día.

Opacidades y festejos de asientos contables

A mediados de 2019, el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, proponía como política para solucionar el déficit fiscal mantener constantes los salarios y pasividades por dos o tres años. La pandemia le vino como anillo al dedo para aplicar esta receta, sin mayores costos políticos hasta el momento.

La actual Rendición de Cuentas prevé que el déficit fiscal del Gobierno Central-Banco de Previsión Social (BPS) a 2022 sea un punto menor –en términos del producto interno bruto (PIB)– en comparación con lo que fue al cierre de 2019. Las remuneraciones pesarían 4,6% del PIB al cierre de este año y las pasividades, 9,0%. En 2019 las primeras pesaban 5,1% y las segundas, 9,5%. Esta caída en el peso de remuneraciones y pasividades coincide en magnitud con la reducción del déficit fiscal (un punto del PIB) y representa aproximadamente unos 700 millones de dólares.¹ Nótese que esta cifra de recorte sobre salarios y pasividades triplica el aumento de gasto anunciado por el gobierno (226 millones de dólares). Encontramos una pelotita abajo del vaso.

Ahora bien, ese supuesto monto no está exento de opacidades. En primer lugar, llama mucho la atención que la directora de Política Económica, Marcela Bensión, haya anunciado incremento nulo del gasto el 7 de mayo en una entrevista con El País,² y tan sólo 50 días después se presente un aumento de 226 millones de dólares. Ante este cuestionamiento, la ministra en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sostuvo que lo que cambió fue la proyección de crecimiento.³ Sin embargo, al momento del anuncio de Bensión ya se contaba con indicadores adelantados para estimar cuánto sería el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2022.

A modo de ejemplo, en abril, Uruguay XXI ya había publicado el desempeño de las exportaciones. El informe señalaba que “En el primer trimestre de 2022, las exportaciones totalizaron US$ 2.896 millones. Esta cifra significa un aumento de 37% en la comparación interanual”.⁴ El 5 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya había publicado los datos de mercado laboral a marzo de 2022, y tan sólo una semana después el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera, donde se expresaba: “La industria manufacturera presenta una variación en el IVF respecto a igual mes del año anterior de 5,5%... En el primer trimestre del año respecto a igual período del año anterior la variación del IVF fue de 8,8%”.⁵

Es claro que la directora de Política Económica del MEF contaba con toda esta información al momento de su declaración de incremento de gastos 0. Parecería que más que un cambio en las proyecciones de crecimiento (que lo hubo, nadie dice lo contrario), el cambio de política económica obedeció a un malestar de los socios de la coalición. ¿Otra pelotita abajo del vaso?

En segundo lugar, hay 12 millones de dólares (contabilizados dentro de esos 226 millones) que son un asiento contable, dado que se transfieren del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (Incau) a la nueva Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA). Por más que Marcela Bensión en su comparecencia manifestó que se trataba de fondos nuevos,⁶ estos fondos no están en el articulado y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) fue contundente al respecto: “[...] queremos enfatizar que la creación de una agencia es buena idea... si se le asegura una asignación de presupuesto real que la haga funcionar debidamente, por lo cual es indispensable establecer en la ley, de manera clara, los 12 millones de dólares de asignación presupuestal anual para la ANUA [...]. Quería complementar el tema del dinero, enfatizando que ni los 54 millones de pesos ni los 12 millones de dólares son dinero nuevo, es dinero que ya estaba en el sector”.⁷

Este festejo de los asientos contables no es nuevo; basta recordar a un exdirector del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) manifestando en sus redes sociales que se duplicaba el presupuesto del Inciso, cuando en realidad se trataba de un pasaje de las Asignaciones Familiares (AFAM) desde el BPS hacia el Mides. En este punto es importante señalar que, en la exposición de motivos de esta Rendición de Cuentas, se intenta nuevamente engañar a la gente, ya que se presenta un gráfico tendencioso en la página 177, donde se le incorpora las AFAM al Mides en 2021 y se lo compara con 2020, cuando las AFAM estaban en la órbita del BPS.

Así, parecería que el Mides incrementó su ejecución en 7.558 millones de pesos, cuando en realidad, al no considerar el asiento contable, la imagen es esta: el Mides redujo su ejecución en 310 millones de pesos en 2021. Otra pelotita abajo del vaso.

En tercer lugar, este aumento de 226 millones de dólares no toma en cuenta lo que expresa el artículo 411 de la Rendición de Cuentas, que asigna unos 250 millones de dólares para el próximo año, con el fin de atender las obligaciones emergentes de los proyectos de participación público-privada (PPP). No se trata para nada de una omisión menor y, por lo tanto, debió ser explicitado en la exposición de motivos y en la comparecencia del equipo económico.⁸

Por último, el manejo del Fondo Covid se ha caracterizado por su completa falta de transparencia. Supuestamente este fondo maneja recursos para destinarlos al combate a la pandemia y, por lo tanto, son de carácter transitorio. Así lo manifestó claramente la ministra de Economía: “Todo lo que está en el Fondo Covid es de emergencia; responde a la situación de pandemia... Ante la pregunta de la diputada [Ana] Olivera, vuelvo a reiterar que en el Fondo Covid no hay ningún gasto permanente; está todo disponible para que se observe: es transparente, hay auditorías y no hay ningún gasto permanente”.⁹

Sin embargo, cuando uno va a los Tomos del Fondo Covid de 2020 y 2021 se encuentra con registros que dejan muchísimas dudas. Por ejemplo, se ejecutaron a través de este fondo 10 millones de pesos para la campaña antituberculosis en 2020 y 60 millones en 2021. Al mismo tiempo, aparecen registrados 29 millones de pesos para tobilleras en 2020 y 39 millones en 2021. Parecería que la ministra considera que estos gastos son de carácter transitorio. En otras palabras, su pensamiento implicaría que al finalizar la pandemia de la covid-19 ya no sería necesario destinar recursos para la política de tobilleras o para las campañas antituberculosis.

Además de estos ejemplos (que son sólo dos entre varios), aparece la problemática en torno a los recursos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) financiados por el Fondo Covid. Según expresaron los representantes del Sindicato Médico del Uruguay, “Actualmente, el Fondo Covid [financia] [...] 6.000 millones de pesos del total de 51.000 millones que tiene ASSE dentro de lo que es su gasto. Eso implica aproximadamente 12% del dinero que se utiliza para la asistencia de los usuarios. [...] Ahora estamos fuera de la pandemia... y esos 6.000 millones se siguen utilizando en asistencia a los usuarios. Si desaparecen esos 6.000 millones... ¿Quién va a asistir a esos usuarios que van a seguir formando parte de ASSE?”.¹⁰ Otra pelotita abajo del vaso.

Hay que estudiar un poquito más

Uno de los puntos que llaman la atención en la comparecencia de las autoridades del MEF y del MTSS es la falta de preparación de sus autoridades ante tal responsabilidad. El gobierno rinde cuentas a la ciudadanía y, por lo tanto, sus responsables debieran estar preparados. En el caso del MEF, ante la consulta por la escasez de recursos para la Universidad de la República (Udelar), la ministra expresó lo siguiente: “El aumento real de los funcionarios públicos va a llegar a la Udelar, y esos ingresos están también presupuestados en lo que hemos presentado… En este presupuesto se refuerzan los recursos que van a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y hay que tener presente que el 75% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII son investigadores de la Udelar; o sea que también por la vía de la ANII se está reforzando a los investigadores de la UdelaR. [...] Por lo tanto, señor presidente, creo que queda clara la importancia que este equipo le da a la Udelar [...] es algo histórico el acuerdo que hemos llevado adelante con COFE [Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado]”.¹¹

En este punto vale señalar dos cosas. La primera con respecto a la recuperación salarial de los trabajadores de la Udelar. Tal como señaló el diputado Sebastián Valdomir, “el Capítulo I del convenio que ya se hizo con los estatales dice: (Ámbito de aplicación): el presente convenio será de aplicación a todos los funcionarios civiles de la Administración Central cuyas remuneraciones se perciban con cargo al Rubro 0 del Presupuesto Nacional. Abarcará asimismo a los funcionarios de los organismos regidos por el artículo 220 de la Constitución de la República representados por COFE. O sea, ahí no entra la Universidad”.¹² Este punto fue luego aclarado por el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, quien señaló: “Con respecto a la Udelar, va con los organismos de la educación. Eso está en el artículo 4°”. Luego la ministra se disculpó por su error, pero seguramente con un poco más de preparación no lo habría cometido.

El segundo punto a señalar refiere a los fondos ANII. En este sentido vale la pena citar las palabras de Agustín Cano, integrante de la Asociación de Docentes de la Udelar: “El tema de la ANII es difícil de responder, porque realmente es un argumento poco serio, lo digo con total rigurosidad. Es un argumento poco serio decir que el presupuesto que va a una institución en realidad suma para el presupuesto de otra... Es como pensar que, como algunas categorías del Premio Nacional de Letras que otorga el Ministerio de Educación y Cultura lo ganan universitarios, eso se considera presupuesto de la Universidad. Realmente nos gustaría poder discutir con otro tipo de argumentos”.¹³

Otro que mostró falta de preparación fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en la discusión sobre los datos de subempleo y salario. En este aspecto manifestó: “[...] quiero decir que el subempleo no ha crecido en los últimos años. El promedio de la cifra mensual de subempleo de los últimos dos años es del 8% o 9%. Son datos del INE. Ustedes podrán discutir con el INE, pero me parece que no es muy sensato y no ayuda mucho al país… Se está recuperando el salario y, por ende, las jubilaciones… Hay un proceso de recuperación del salario que es incontestable”.¹⁴

Aquí hay varios puntos a señalar. En primer lugar, las cifras oficiales del INE sobre subempleo están publicadas hasta julio de 2021, por lo que para saber cómo evolucionó esta variable en los últimos meses hay que tomar los microdatos mensuales del segundo semestre y calcularlo. Se debe tener presente que el INE revisó las estimaciones referentes a este período. Cuando uno trabaja con los microdatos mensuales, observa que el subempleo en los últimos meses de 2021 se ubicó siempre por encima de 11% (con excepción de julio, cuando fue de 10,7%). Por lo tanto, no se está discutiendo al INE, simplemente se está usando de manera correcta la información que publica este organismo. El MTSS, nos consta, cuenta con una Unidad Estadística integrada por excelentes profesionales; no le vendría mal al ministro asesorarse con ella.

En segundo lugar, el ministro sostuvo que hay una recuperación del salario incontestable. Para hablar de las promesas salariales más en detalle se precisaría otra columna. No obstante, parece necesario mencionar que el salario real promedio de los primeros cinco meses de 2022 es 1,6% inferior en comparación con el mismo período de 2021. Asimismo, ese salario real de los primeros cinco meses de 2021 ya era 1,4% inferior al de igual período de 2020. Más que una recuperación incontestable, lo que se observa es exactamente lo contrario. Otra pelotita abajo del vaso.

Finalizando la partida

Me gustaría culminar la nota remitiendo al título. Si uno entra a Wikipedia puede encontrar que el significado del juego de la mosqueta en el lunfardo expresa lo siguiente: “Estafa que consiste en pararse en la calle y simular un juego de apuestas acerca de adivinar dónde está la pelotita. El estafador coloca tres pelotas debajo de un vaso y pide al jugador que apueste y luego adivine el vaso de la pelota para ganar, pero, mediante un juego de manos, coloca la pelota en un lugar distinto al esperable o la guarda bajo la manga. Para hacer más efectivo el engaño hay un grupo de cómplices, quienes fingen jugar y ganar, y aconsejan a los espectadores que sigan jugando”.

Federico Araya es economista.