Hace más de un año y medio que Cabildo Abierto por su lado y el Partido Nacional por el suyo presentaron sus proyectos de ley de tenencia compartida, debido a que querían proteger a los “menores” para que pudieran seguir viendo a sus padres (varones), ya que los jueces tienden a hacerles caso a las madres “despechadas” que usan a sus hijos contra sus exparejas.

Ante las críticas casi unánimes contra los aspectos esenciales de la ley, después de horas y horas de discusiones a lo largo de estos meses, el Senado terminó votando un proyecto que pasará a la Cámara de Diputados sin haber alcanzado el acuerdo unánime de la propia coalición de gobierno.

Realmente es difícil entender cuáles pueden ser los motivos para semejante decisión. La legislación actual ya permite resolver estos casos, los defensores del proyecto de ley no presentaron datos confiables sobre la dimensión del problema (salvo el clamor popular al que hizo mención la senadora Carmen Asiaín, respaldado por 70.000 voluntades), los opositores a la ley demostraron que son unos pocos casos (capaz que unos 50 por año) y dieron suficientes argumentos legales, psicosociales y sanitarios para visualizar los daños que le producen a niños y niñas verse obligados a estar con un padre (o eventualmente una madre) a quien le temen por la violencia y el abuso que ejercen.

Así como para acelerar las decisiones sobre las adopciones no se precisaba una ley, sino que alcanzaba con poner más equipos técnicos, para el mejor cumplimiento de la legislación relacionada con las tenencias alcanza con tener más profesionales trabajando en los temas de familia, de modo que puedan seguir de cerca las situaciones, y evitar cualquier abuso o decisión que perjudique a niños y niñas, vengan de donde vengan.

Calculo que con la cantidad de horas dedicadas en este tiempo a tratar de parir un proyecto de ley tan inconveniente se podrían haber volcado más recursos al Poder Judicial para los juzgados especializados en Violencia de Género y en Familia.

En su Rendición de Cuentas de 2021, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) informó que no ejecutó 400 millones de pesos que estaban destinados a la contratación de educadoras, supervisores y técnicos. Seguro que una parte de ellos podría haber trabajado más de cerca con las familias que viven situaciones de abuso y maltrato.

Pero es probable que haya otros temas en juego. Uno de ellos, “serrucharle las patas” a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Desconocer los derechos de quienes son violentados, desconocer a las instituciones que los defienden. El tratamiento dado a la designación de los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la inclusión de candidatos sin ninguna experiencia ni formación, algunos de ellos con posturas contrarias a la defensa de los derechos, es una muestra más de ello.

Hay un embate de valores culturales conservadores y tradicionales que desconocen la realidad de numerosas familias de nuestro país.

Otro tema se vincula con las familias. El derrumbe del modelo tradicional de familia basado en el dominio del varón sobre “su mujer” y “sus hijos” (algo así como una apropiación indebida) ha dado lugar a diversas formas de convivencia que siguen molestando a la moral conservadora que está detrás de varios de los integrantes del gobierno. Probablemente, quien mejor la expresa es el senador Guillermo Domenech, pero es una corriente de pensamiento que predomina en toda la coalición. Va en línea con el crecimiento de la educación privada para determinados sectores, como el reciente anuncio de instalar un colegio católico en La Cruz de Carrasco, terminando con el acuerdo desde hace 30 años con la asociación civil La Pascua que gestiona un CAIF, un Club de Niños y un Centro Juvenil en convenio con el INAU.

Otro tiene que ver con la reinstalación de una concepción asistencialista y tutelar respecto de niños, niñas y adolescentes. En los últimos dos años se desarmaron varias propuestas que trabajaban en el territorio con las familias con hijos, particularmente las de menores recursos. Mucho del vínculo que se tejía mano a mano se sustituyó por llamadas telefónicas y prestaciones monetarias y/o de alimentación, sin una atención integral de las situaciones más críticas.

Hay un embate de valores culturales conservadores y tradicionales que desconocen la realidad de numerosas familias de nuestro país. Los datos sobre las denuncias de violencia muestran un crecimiento relevante en todos estos años, sabiendo que el encierro de la pandemia tuvo sus consecuencias en relación a la convivencia y los vínculos familiares. Se ha planteado el deterioro en la salud mental y el incremento de suicidios en adolescentes y jóvenes.

Para estas situaciones que se viven en toda la sociedad, y que la sufren particularmente muchas niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, no hay nuevas respuestas ni incremento de recursos. La realidad empeora, pero las instituciones que se tienen que hacer cargo siguen como si nada ocurriera.

No esperemos que las leyes solucionen algo sin modificaciones estructurales en las raíces de las desigualdades. Y esto tiene que ver con decisiones de gobierno y acuerdos nacionales para avanzar (y no para retroceder) en las políticas de Estado.

Mientras tanto, el INAU seguirá recibiendo a niñas y niños internados por una decisión judicial, que no pueden estar a cargo de su familia; seguirá aumentando la población en sus hogares residenciales y buscando el apoyo solidario de las familias amigas; seguirá recibiendo más llamadas de denuncia en la Línea Azul, y las cifras de violencia denunciada aumentarán en los informes del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia.

La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes promueve la vida en familia, en la medida en que se dé en un marco de cariño, afecto, estímulo al crecimiento y el desarrollo saludable; que promueva la participación, el derecho a opinar, a expresarse y adquirir una autonomía progresiva. El Estado debería concentrarse en generar las mejores condiciones de acceso a vivienda, salud, educación, trabajo, recreación y convivencia. Eso sí que lo podemos compartir.

Jorge Ferrando es psicólogo e integró el directorio del INAU de 2007 a 2015.