La sequía tiene consecuencias muy graves en lo económico y lo social, inmediatas y a futuro. A ellas se agrega, en lo político, que el intercambio de ideas sobre lo que hay que hacer deriva con rapidez hacia la descalificación mutua y las afirmaciones superficiales. Esto dificulta mucho que la ciudadanía, por encima de sus preferencias partidarias, gane conciencia de lo que ocurre y esté en mejores condiciones para demandar y apoyar soluciones acertadas.

Mucho nos aleja de estas soluciones sembrar cizaña, ya sea con la tesis absurda de que en la oposición sólo hay ignorancia, desprecio y rencor hacia “el campo”, o con la premisa infantil de que todos los productores se han enriquecido en los últimos años, de modo que no corresponde socorrerlos.

Uruguay tiene condiciones privilegiadas para la producción agropecuaria, que a su vez implica riesgos importantes asociados, entre otros factores, con las variaciones extremas del clima. Estos datos básicos son acentuados por el cambio climático en escala mundial.

No es simple mala suerte que la fluctuación cíclica de El Niño / La Niña, originada en el Océano Pacífico, nos haya traído tres años seguidos de sequía, y esto subraya la necesidad de cooperar con los esfuerzos mundiales para revertir el cambio climático, en un proceso que en el mejor de los casos llevará décadas.

En el corto plazo, y ante los hechos consumados, no queda otra que activar las respuestas tradicionales de auxilio ante la emergencia y esperar que llueva. Pero entre esto y las esperanzas de transición a una economía descarbonizada están las estrategias preventivas, y no parece que Uruguay haya hecho todo lo que puede en este terreno.

El problema de las inundaciones, también cíclico y agravado por el cambio climático, requiere medidas de largo aliento y otras de emergencia para las personas damnificadas, pero con esto no alcanza si mucha gente, por carencias de alternativas o de información, sigue instalando viviendas precarias en áreas que se inundan con frecuencia.

Ante las sequías recurrentes también son necesarias las precauciones, que incluyen por supuesto el acopio previo de agua en infraestructura adecuada, para un predio o varios. Pero no hay un recetario infalible y en varias áreas es preciso superar dificultades, a veces financieras (los seguros son muy caros) y a menudo con apoyo de la ciencia y la tecnología, sin suponer que quienes se dedican a la producción saben mejor que nadie qué hacer, y que basta con facilitarles dinero para que lo hagan.

El Estado, además de salir al rescate cuando los daños ya se produjeron, tiene responsabilidades en la investigación, el diseño de programas y el asesoramiento para evitar malas prácticas y difundir soluciones (todo esto con participación de los involucrados), además de facilitar apoyo técnico y material a quienes adopten esas soluciones.

No sólo se trata de postergar pagos, refinanciar deudas y facilitar créditos blandos, en mayor o menor escala y con mayor o menor preferencia por los productores más vulnerables. Hay que empezar a preparar ya lo que hará falta en la próxima sequía.