Corrupción y golpes a la institucionalidad: ¿qué más tiene que pasar para que el presidente se haga cargo?

Sin logros significativos que destacar y sí –por el contrario– con claudicaciones notorias en su gestión, el discurso “exitista” que el gobierno ha intentado matrizar ante la opinión pública, por todos los medios a su alcance, continúa derrumbándose peligrosamente.

Con promesas de campaña electoral incumplidas en todas las áreas; con aumento de la inseguridad, de las muertes violentas, de las personas en situación de calle, de asentamientos, con un alza en la tasa de suicidios. Con indicadores que muestran cómo las políticas mallaoristas del equipo económico castigan sin pudor a los sectores más desprotegidos –infancia, tercera edad, asalariados, jubilados–. Salpicado por denuncias e irregularidades de las más variadas características, muchas de ellas en proceso de investigación ante la Justicia, y ahora –por si algo faltaba– con la promiscuidad, la corrupción y el abuso de poder comprobadamente enquistados en sus altas esferas, el escenario de “transparencia” que el gobierno prometiera como timón ético de su gestión y, fundamentalmente, su buque insignia, “la libertad responsable”, han tocado fondo.

No vamos a insistir en lo que hace a la transparencia –o más bien a su ausencia– en el desempeño del gobierno: las decenas, ¡cientos!, de pedidos de acceso a la información tramitados desde la sociedad y el sistema político, buscando conocer aspectos que esta administración recurrentemente se niega a responder, son argumento más que suficiente.

Sí queremos detenernos en este ajado axioma que, en boca del gobierno –y a la luz de la “tozuda realidad de los hechos”, como solía decir el general Liber Seregni–, se corresponde más con un artilugio propagandístico que con esa suerte de piedra filosofal con que el actual oficialismo apuntó a emparentar su accionar. Ese galimatías ideológico-mediático que el gobierno del doctor Luis Lacalle Pou presentó en sociedad durante la pandemia, apelando a la comunión de dos vocablos con muy hondo predicamento en el sentir y la ética de nuestro pueblo, asociándolos cual estandarte para toda su acción.

Dos conceptos –libertad y responsabilidad– con fuertes identidades y significaciones propias, que no aparecen asociados, unidos o condicionados uno al otro en ningún momento, frase, aspecto o circunstancia, en todo el texto de nuestra Constitución. ¡Y por algo será!

“¿Alguien entiende la vida en sociedad sin libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia, sin pandemia, es la vida misma en sociedad. He escuchado por ahí: fracasó la libertad responsable. Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad”, afirmaba con contagioso entusiasmo Lacalle Pou en abril de 2021, al tiempo que la sociedad se enteraba, desprevenidamente, de la escandalosa entrega del puerto de Montevideo a una empresa extranjera por un plazo de ¡60 años!

“¿Y a cambio de qué?”, preguntamos en el transcurso de la interpelación parlamentaria. “¿En beneficio de quién? ¡O de quiénes! ¡Del Uruguay seguro que no!”. Una maniobra negociada en secreto, a hurtadillas, “hermética” –así la definió un colega legislador–, desconocida incluso por actores del gobierno; plagada de irregularidades, sin informes técnicos, económicos y jurídicos; “en un contexto donde la amistad y la lealtad institucional se entrecruzan”, con riesgo de “pérdida de los puntos de referencia”, sostuvimos entonces. Porque era de eso que queríamos –y seguimos queriendo– hablar, de eso que el señor presidente y su equipo no han podido ni querido explicar desde entonces. ¿Cómo encuadra la libertad responsable en tales circunstancias?

“¿Cómo se explica la libertad responsable en el caso Marset?”, volvimos a preguntar en la instancia de la entrega de un pasaporte oficial a un narcotraficante cuyos antecedentes –según se demostró posteriormente– todos conocían. Una trama plena de insidias, presiones, favores palaciegos, medias verdades y –lisa y llanamente– mentiras ante el Parlamento. De valijas diplomáticas y trámites exprés que culminan con la adjudicación de un documento oficial de nuestro país a un delincuente que se encontraba detenido en el exterior, justamente por portar documentación apócrifa.

Y en el escándalo de Astesiano, ¿cómo aplica la libertad responsable? ¿Cómo se justifica “responsablemente” la instalación de una oficina delictiva en plena sede presidencial, a la vista y conocimiento de la plana mayor del gobierno? Una oficina para amparar el chantaje, el fraude, el espionaje, la coima, el uso ilegal de instalaciones, inteligencia, vehículos y estructura oficial.

¿Cómo debe entenderse la libertad responsable del jerarca firmante del decreto que habilitó a Astesiano como “adscripto al señor secretario de Presidencia de la República”? Que, oh, casualidad, ¡es la misma autoridad jerárquica ante la que Astesiano debía rendir cuentas de su actuación! Y ni que hablar de la libertad responsable del señor presidente, cuyo único argumento, comentario, excusa en este escándalo de corrupción fue: “¡Ustedes me conocen!”, “¡yo no miento!”, “¡fui engañado!”.

¿Cómo debe leerse la libertad responsable en el caso del espionaje de la empresa Vertical Skies a dos senadores de la República, con la intención de intimidarlos por su actitud de denuncia ante la justicia del tramoyesco acuerdo sobre el puerto de Montevideo, y que de acuerdo a las versiones trascendidas estaría comprometiendo incluso a la propia Presidencia de la República?

¿Cómo debe leerse la libertad responsable durante la crisis del agua y su manejo? Cuando las autoridades ¿responsables? tuvieron el tupé de avalar como potable y aconsejar el uso para consumo humano de agua de OSE contaminada por trihalometanos, y con niveles excedidos de sodio.

¿Cómo debe leerse en el caso de las viviendas “de favor” entregadas a correligionarios de la exministra de la cartera Irene Moreira? ¿Y en el de los decretos “exprés” a favor de empresarios amigos, el de la reciente fuga de dos narcotraficantes, el de los acomodos increíbles en la CTM de Salto Grande? Y si me apuran, ¿cómo operó la libertad responsable en la instancia de la compra de las vacunas contra la covid-19, que culminó con Uruguay como el último país de América en vacunar y con una avalancha de muertes (en gran porcentaje evitables, como reafirmó el ministro Daniel Salinas ante el Parlamento) en aquellos meses de marzo, abril y mayo de 2021 que lo llevaron a ocupar un lugar en el podio entre los países con mayor número de muertos diarios por covid por cantidad de habitantes?

Hasta encontrarnos hoy con este exabrupto ético, este puñetazo a la institucionalidad, este barbarismo de corrupción y depravación que un –ahora ex– senador del oficialismo le propina a la sensibilidad colectiva del país. Apoyado, por si fuera poco, en la impunidad de su investidura y en su conocimiento de la estructura del Estado –en especial la policial– para armar un plan de “amenazas a las víctimas y seguimientos”, tendientes a “montar una estafa procesal”, con la “colaboración de asesores y de policías”. ¿Cómo entender la libertad responsable en esta instancia que involucra a Gustavo Penadés? Lamentablemente, la respuesta del presidente de todos los orientales siguió siendo: “Me engañaron, a esta persona... la desconozco”.

En marzo de 2020, el presidente Lacalle Pou se dirigió al país y prometió “trabajar por la libertad en todas sus formas”. Una libertad asociada a la responsabilidad, en el sentido de hacerse cargo: “Si todo sale bien, será gracias al equipo, y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan, no miren al costado, será responsabilidad exclusiva del presidente”, dijo.

A lo del título, señor presidente: ¿qué más tiene que pasar?; ¿qué otra calamidad política debe sacudir al país para que usted comience a hacerse cargo?

Liliam Kechichian es seregnista y senadora de la República por el Frente Amplio.