¿Qué tipo de ciudad queremos?: entre derechos y experiencias urbanas

En los tiempos que corren, pensar la ciudad no sólo es una necesidad sino un gran desafío. Ciudades caracterizadas por desigualdades, diferencias socioeconómicas, habitacionales, sociales, de origen nacional, genéricas, entre muchas otras, hacen que nos preguntemos cómo convivimos en ella, cómo nos apropiamos y somos parte de nuestras ciudades y territorios. Nos proponemos aquí abordar acontecimientos que están sucediendo en la ciudad de forma cotidiana, en nuestros propios barrios, y que por diferentes motivos la ciudadanía no se entera o lo hace de manera parcial o desde una lógica de la queja. Proponemos entonces pensar en la ciudad desde otras lógicas de sentido, abordando la participación, las relaciones ambientales –humanas y no humanas–, y la convivencia, entre otros temas.

Sobre el derecho a la ciudad

¿Qué significa el derecho a la ciudad y cómo es parte de nuestra vida cotidiana? Este derecho es un elemento más a la hora de pensar cómo, cuándo y dónde habitamos nuestras ciudades, qué relaciones y prácticas sociales desarrollamos en y con ella. Pero ¿qué entendemos como derecho a la ciudad? El sociólogo Robert Parker decía que la ciudad es “el intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón”.¹ El geógrafo David Harvey sostiene que “el derecho a la ciudad es un derecho político, es un derecho a la ciudadanía y es un derecho a la autodeterminación a través del derecho a transformar el ambiente en el que vivimos”. Y se pregunta “¿qué tipo de ciudad queremos?”, interrogante que no se puede separar de la pregunta “¿qué tipo de personas queremos ser?”;² básicamente este es un derecho dinámico, colectivo y humano.

Para la ONU el derecho a la ciudad está directamente vinculado con poder habitar, utilizar, transformar y disfrutar de las ciudades, con que estas sean sitios seguros, inclusivos, justos y basados en la democracia y en los principios de vida digna para todxs.³ Ahora bien, para que esto logre permear en las naciones y transformarse en acuerdos comunes que tiendan a políticas públicas específicas debe ponerse como un derecho humano, que sea de acuerdo mundial, pero en principio nacional, departamental o incluso ubicándolo en otras escalas, departamentales y barriales.

Hoy el derecho a la ciudad se encuentra manifestado en algunas plataformas de gobiernos, leyes, normas y directrices en ámbitos nacionales, regionales, departamentales e incluso en instrumentos especiales que forman parte de la planificación de los territorios y ponen de manifiesto, a veces a través de intenciones, algunos de los factores que rigen la participación o el ordenamiento de los procesos que construyen ciudades y territorios.

Por poner algunos datos de carácter mundial, hoy más de la mitad de la población mundial vive en zonas calificadas como urbanas, y se estima que para 2050 aproximadamente 70% se encontrará viviendo en ciudades. Asimismo, aproximadamente un quinto de esta población que vive en centros urbanos produce 60% del PIB mundial y 70% de los gases de efecto invernadero. Problematizar sobre el desarrollo de las ciudades y cómo se habitan se vuelve necesario en un panorama mundial de desigualdades agudas y formas de producción perjudiciales y algunas no revertibles.

Acceso a la vivienda y alquileres

Parte de las demandas más importantes que hoy tiene la población es sobre el derecho a habitar. La Ley 18.795 (Promoción de vivienda de interés social) en 2020 hizo modificaciones que promovieron algunos tipos de vivienda por sobre otras, sin responder a las necesidades reales de la población: el acceso. En una primera instancia hizo que la construcción de estos edificios, en su gran mayoría, debía responder en 50% a unidades de un dormitorio, y hoy con la modificación del gobierno en 2020 se promueve que la construcción sea de monoambientes y con áreas mayores a 25 m² y menores a 40 m². Por tanto, lejos de regular los precios finales de los alquileres, este tipo de iniciativas promueve un mayor aprovechamiento de las áreas de construcción –más apartamentos– y no necesariamente a menores precios, a sabiendas de que el efecto derrame –a mayor cantidad, menor precio– no necesariamente funciona en un mercado que no está regulado, como es el mercado de los alquileres en Uruguay.

A finales de 2022, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de los alquileres se encuentra promedialmente en 19.000 pesos, mientras que el salario mínimo nacional se encuentra en 21.107 pesos –datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, y, dependiendo de los barrios, estos alquileres oscilan entre 11.672 (Casavalle), 19.264 (Centro) y 34.002 (Punta Carretas). Asimismo, se suele recomendar que las garantías de alquiler –necesarias para casi cualquier forma de acceso a esta modalidad– no superen el 50% de los ingresos nominales percibidos. Dicho de otro modo, ante la necesidad de un techo y sin políticas claras de acceso a alquiler social que se adapten mínimamente a nuestros índices medios de salarios, estamos en un problema grave. Será momento entonces de la construcción de acuerdos que tiendan a una ley que tenga como objetivo promover la vivienda más allá de la inversión privada, por ejemplo a través del cooperativismo, y que sea de gestión transparente por el propio interés de los usuarios.

Las experiencias de lo urbano en la ciudad

El debate sobre lo que se entiende por ciudad es múltiple, y comprende múltiples dimensiones como hemos mencionado. Queda en evidencia que no se trata sólo de un escenario material donde transcurre nuestra vida cotidiana, en donde residimos y transitamos, sino que la ciudad es un espacio heterogéneo, socialmente producido por una trama de relaciones de muy diferente tipo. Según el antropólogo Ramiro Segura,⁴ siguiendo una gran tradición de pensadores sobre lo urbano, es importante diferenciar la ciudad, como un aspecto material, su forma, y por otro, lo urbano, como la experiencia de vivir en la ciudad, que contempla las relaciones, las prácticas y los usos. Claramente, como ya dijo el filósofo Henri Lefebvre, no podemos pensar un aspecto sin el otro, sino que es una relación de implicancia. En este sentido, es a través de pensar las “experiencias urbanas” de las personas, entendidas como esa relación entre espacio urbano, representaciones, prácticas de actores en el espacio, que podremos indagar “el lugar que el espacio ocupa como condición de posibilidad y condicionante de la experiencia social, así como el papel de dicha experiencia en la construcción del espacio urbano”⁵ aproximándonos de esta forma a entender cómo efectivamente estas experiencias tienen relación con el ejercicio de derechos y la ciudadanía.

El urbanismo feminista ha puesto sobre el tapete algunas de estas cuestiones, fundamentalmente la necesidad de llevar a la práctica el derecho a la ciudad con las personas implicadas. Para ello postula la necesidad de que el urbanismo considere desde el diseño, análisis, usos, producción y gestión de la ciudad las experiencias de lxs sujetxs. Desde un posicionamiento feminista esto se traduce en incluir y promover una mirada que interpele los modelos sexo-genéricos, corporales, étnicos, de clase, etcétera, que están inmersos en los procesos de planificación urbana y que implican la reproducción de grandes desigualdades.

Pensar en el derecho a la ciudad y poner en el centro las “experiencias urbanas” de las personas es poder mirar y reflexionar sobre acciones cotidianas que implican una relación diferencial con la ciudad en cuanto a su apropiación, significación y representación. Esto conlleva no solamente situarnos en el presente sino poder historizar las formas y vínculos que tenemos en y con la ciudad. Los barrios en donde habitamos, el recorrido que hacemos todos los días al pasear a nuestras mascotas o al ir al supermercado, tareas cotidianas que llevamos a cabo constantemente y que nos suponen un transitar y un habitar pero que sin embargo desconocen las tramas y los sucesos que han tenido lugar en esos mismos espacios. ¿Qué tanto sabemos de la conformación de nuestros barrios, su relación con el pasado reciente o con las luchas que se están dando actualmente? ¿Cómo hace parte de mi forma de habitar conocer y entender estas tramas?

Pondremos dos ejemplos que a nuestro entender visibilizan lo que entendemos por “experiencias urbanas” con relación al derecho a la ciudad. Se trata de acciones concretas en donde se juegan procesos de significación y apropiación que hacen al presente pero también al pasado, y que podemos analizar como formas de apropiación del espacio, construcción de comunidad y de memoria colectiva.

El primero de ellos es la iniciativa llamada “balconeras feministas”, acción llevada adelante por el Municipio B desde 2021 que va en coincidencia con su Plan de Desarrollo Municipal. La iniciativa conlleva un llamado a artistas visuales para idear el diseño de las balconeras y su confección con colectivos sociales. Luego estas son repartidas a lxs vecinxs en el marco del 8 de Marzo. Las balconeras, con diseños que llaman a la visibilización de la desigualdad de género y al reconocimiento de los derechos de mujeres y disidencias, ponen arriba de la mesa una modalidad de ejercer el derecho a la ciudad. Esta se convierte en una plataforma de reivindicación y desencadena una serie de actos que entendemos necesario analizar.

Las balconeras, al colocarse en ventanas, azoteas y distintos sitios de las casas, hacen visible en el habitar cotidiano una serie de valores que son compartidos por lxs vecinxs. Al estar a la vista pública enuncian, por un lado, que esa casa –inmersa en un barrio en particular– es un sitio en donde se defienden o se está a favor de los derechos de las mujeres y disidencias, y por otro se enmarca en un posicionamiento feminista de la vida. Enunciarse como feminista o como “casa feminista” aun hoy tiene una fuerte resistencia social, a pesar de la legitimidad en aumento de este movimiento; plasmarlo en el espacio no sólo es un apoyo o defensa de derechos sino que pone de relieve un lazo con otrxs que también las exhiben. El acto de colgar la balconera, al igual que mis vecinxs, genera una complicidad con otras casas que también comparten esa mirada del mundo.

La irrupción visual del espacio urbano pero también su apropiación y la enunciación de esos valores y símbolos colectivos implican, sobre todo para mujeres y disidencias, transformar espacios históricamente signados por la violencia en espacios potencialmente “seguros”. La trama urbana no es prístina, no es anónima, no es pública como sinónimo de silencio. Hacer visible que lxs vecinxs tienen algo que decir cotidianamente y permanentemente frente a la violencia y desigualdad de género es también enunciar que ese espacio está vivo, que la ciudad no existe sin experiencias.

Los recorridos por la memoria llevados adelante por parte del Concejo Vecinal 2 del Municipio B son otro ejemplo de ejercicio del derecho a la ciudad en conjunción con el derecho a la memoria colectiva, una que es necesario historizar y volver al presente. Los recorridos tuvieron como objetivo justamente movernos y conocer nuestros barrios haciendo memoria de lo que pasó en ellos en el marco del terrorismo de Estado, haciendo presente la resistencia y la represión. De la mano de las personas que vivieron estos sucesos y pusieron cuerpo generamos memoria y marcamos estos hechos en el espacio.

Estos recorridos que nos vieron caminando, conociendo sus tramas, historias y experiencias son un ejemplo de cómo los lugares, los derechos y las experiencias urbanas son un pliegue con varias dimensiones en las que es necesario profundizar.

Entendemos que hay acuerdos sociales y políticos que pueden y deben lograr asegurar condiciones dignas para el desarrollo pleno del vivir en las ciudades, abordando sus desigualdades, experiencias y condiciones de posibilidad. Acuerdos que posibiliten responder a una de las preguntas que traíamos al principio: ¿qué tipo de ciudad queremos? Esta pregunta debe contestarse integrando efectivamente a quienes son parte de la ciudad, de la experiencia de vivir en las ciudades. Para ello se debe problematizar no sólo los abordajes y formas de entender lo urbano, desde el territorio, sino además generar en la práctica las condiciones para que esa apropiación se dé efectivamente y permita transformar la realidad.

Maximiliano Di Benedetto es militante por la ciudad, estudiante de Arquitectura y concejal vecinal del Municipio B. Laura Recalde es doctoranda en Antropología Social, integrante del Programa Género, Cuerpo y Sexualidad (FHUCE, Udelar) y del Proyecto Anguirú, y concejala vecinal del Municipio B. La pregunta del título hace referencia al trabajo del Grupo de Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura a mediados de los años 80. Giordano, Leal y Mazzini (2012), Montevideo y el Grupo de Estudios Urbanos. La reivindicación de la ciudad. Montevideo: Facultad de Arquitectura.