Cabildo Abierto (CA) ha puesto en escena un conflicto con el resto de la coalición de gobierno, pero sobre todo con el presidente Luis Lacalle Pou, acerca del proyecto de reforma jubilatoria, y las consecuencias son lamentables.

La necesidad de reformar el sistema de seguridad social es clara por varios motivos. El más mentado es que, con su diseño actual, implica una fuerte y creciente carga sobre la situación fiscal. Esto se puede ver (según la ubicación en el eje izquierda-derecha) como un impedimento estructural para redireccionar el gasto público hacia otras áreas, para “bajar el costo del Estado” y reducir los impuestos que pagan las empresas privadas, o para ambas cosas.

Hay también otra forma, profundamente progresista, de considerar el problema de fondo. En escala mundial, las tendencias demográficas tienden a tensionar cada vez más sistemas como el uruguayo y no permiten pensar en una mejora sustancial de sus prestaciones, mientras que otras tendencias generan un aumento sostenido de la productividad, cuyos beneficios se concentran en una pequeña minoría, cada vez más despegada del resto de la población en términos de riqueza.

De la combinación de ambos factores surge la oportunidad de construir sistemas distintos, con recursos para pagar jubilaciones y pensiones que dependan mucho menos de los aportes tradicionales de patrones y trabajadores, y que tampoco se reduzcan a cuentas de ahorro individual reproductoras de la desigualdad.

Todos los partidos oficialistas han puesto la prioridad en lo fiscal y coinciden en la voluntad de “quitarles lastre” a los empresarios, de modo que su propuesta de reforma sólo busca reducir los egresos del sistema, manteniendo y aumentando la presencia en él de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).

Con esta base común hay discrepancias, como las planteadas por CA sobre la forma de repartir la nueva carga entre los trabajadores, pero también cálculos político-electorales sobre el costo de apoyar esta iniciativa y el beneficio de aparecer como quienes intentan “mejorarla”. Los cabildantes hacen público recién ahora qué cambios exigen para votar el proyecto, que ha estado a la vista desde julio del año pasado.

Se juegan otras cartas bajo la mesa. Manini señala que la aprobación de iniciativas parlamentarias de su partido (como la que beneficiaría con un régimen de prisión domiciliaria a participantes en el terrorismo de Estado) puede mejorar su disposición a negociar sobre la reforma jubilatoria. Sin embargo, su conducta en estos años muestra que quizá quiera quedarse con la mayor cantidad posible del pan y de la torta.

Ha marcado perfil sistemáticamente con miras a su candidatura presidencial el año que viene, sin dar muchas muestras de ser un socio confiable o desinteresado. Lacalle Pou lo sabe bien, pero los votos de CA le han servido desde 2019.

Lo más grave no es la posibilidad de que naufrague este proyecto de reforma ni la perspectiva de que la gestión de gobierno ingrese en un período de turbulencias y bloqueos. Lo peor es el desprestigio de la política partidaria.