Las andanzas por el mundo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúan, y subrayan la gravedad de que se le haya otorgado, con insólita diligencia, el pasaporte que le valió ser liberado en Dubai. Pero hay otras reflexiones necesarias a partir de su trayectoria delictiva.

Marset tiene características personales que contribuyen a explicar su rápido ascenso en el crimen organizado, pero es también el emergente de una situación que facilitó –y aún facilita– la deplorable novedad de que Uruguay le aporte protagonistas al narcotráfico internacional en gran escala.

Esta actividad delictiva encamina sus procedimientos por donde halla menores resistencias. La magnitud de su presencia en nuestro país depende, en gran medida, del grado en que se adopten medidas preventivas eficaces.

La actividad portuaria de Montevideo incluye el tránsito de cocaína en grandes cargamentos, que a veces han sido incautados en Uruguay, a veces en puertos de destino y muchas otras veces, seguramente, siguieron de largo. Si no fuera así, la ruta habría dejado de utilizarse.

Esto se debe en parte a la insuficiencia de recursos, en el control de fronteras, la actividad aduanera y las áreas especializadas en la investigación del narcotráfico, pero también a complicidades de empresarios y profesionales universitarios, y a que persisten facilidades para el lavado de dinero. Asimismo, sería demasiado ingenuo descartar la existencia de corrupción en quienes deben prevenir y detectar los delitos, y la precariedad de las normas y controles sobre el financiamiento de partidos es un flanco débil inaceptable.

El consumo local no puede llegar a ser muy atractivo para las transnacionales proveedoras, y la venta al menudeo se mantuvo durante mucho tiempo como un negocio paralelo, articulado con el nivel de los grandes narcotraficantes pero no dirigido directamente por ellos. Sin embargo, hay indicios de que la situación está cambiando, e investigaciones en curso le atribuyen a Marset una posición de creciente dominio sobre el mercado interno uruguayo.

Quizá esto tenga que ver con el aumento de la violencia que el Ministerio del Interior atribuye a la disputa por territorios entre actores de poca envergadura, pero sobre todo implica el riesgo de que aumente mucho la capacidad criminal de control de zonas, corrupción institucional y actos de terrorismo contra policías, operadores judiciales y periodistas.

Marset es un organizador y facilitador de tráficos; no sólo el de droga ilegal, sino también el de influencias. Creció como articulador entre organizaciones criminales productoras y distribuidoras, financiadores, lavadores de dinero y gente poderosa dispuesta a encubrir delincuentes. Todo indica que esto último lo ha hecho a partir de una trama todavía oscura de vínculos que facilitaron, para empezar, su propia impunidad.

La vulnerabilidad uruguaya responde a debilidades de larga data, pero también a debilitamientos recientes que urge revertir. Si no se encara esta tarea, las consecuencias pueden ser terribles.