Un nuevo consenso sobre seguridad pública

Como resultado del proceso de discusión y formulación de la nueva propuesta de bases programáticas en el Frente Amplio, puede identificarse lo que, entiendo, es un nuevo consenso político sobre seguridad pública en la izquierda uruguaya. Si bien aún queda camino por recorrer, la tónica de los debates y sus conclusiones, así como el documento aprobado por el Plenario Nacional y que actualmente se discute en la orgánica frenteamplista, permite avizorar un nuevo rumbo en materia de políticas de seguridad y convivencia.

En este “nuevo consenso” sobre el fenómeno está presente la concepción de que el exceso de punitivismo y represión, que se conoce como “política de mano dura”, es largamente insuficiente para dar cuenta de los problemas y, además, genera efectos no deseados que agravan la situación. Esto obviamente no implica que no se conciba el rol fundamental que tienen la represión del delito y la persecución de quienes lo cometen, pero se reconoce que sólo con eso no alcanza. Otra arista cercana a esta idea es la que señala que no se debe caer en la trampa de una visión exclusivamente policial de la inseguridad y que la necesidad de tener un abordaje transdisciplinario e interinstitucional debe dejar de ser retórica de documentos y convertirse en una forma de trabajo concreta.

Además, se deja de lado la idea reduccionista de que las políticas sociales y los procesos de baja de la pobreza tienen, por sí solos, un efecto directo y positivo sobre la seguridad. Estas se conciben insuficientes fundamentalmente cuando la mejora del empleo, la suba en los salarios e ingresos y el acceso a programas sociales de transferencias monetarias no logran transformar otro problema más profundo: la fractura social. Dicha fractura se expresa en la persistencia de una desigualdad estructural, donde la segregación residencial y la insuficiente inscripción en procesos productivo-laborales y educativo-culturales, sumados al estigma y la discriminación, afectan a amplios sectores de la sociedad. Si la sociedad margina con violencia a buena parte de sus integrantes, ¿por qué esperaría ser pacífica?

Un elemento que ya estaba presente, pero que se jerarquiza en el nuevo consenso y a la luz de los acontecimientos, es que el crimen organizado, y en particular el narcotráfico, están clara y definidamente instalados en nuestro país. El narcotráfico ha encontrado condiciones favorables para operar en nuestro país actuando desde el extranjero y valiéndose de elementos locales, favorecidos por el hecho de que las políticas implementadas no han sido capaces de revertir este proceso (y en algunos casos lo han facilitado). Uruguay se ha convertido en un punto clave en la logística del tráfico intercontinental de cocaína, y también se ha consolidado como mercado local. Esto implicó un despliegue en tres niveles de operación incluyendo la movilización internacional de cargamentos, la distribución local y el microtráfico. Estos procesos presentan distintos niveles de complejidad, articulando esquemas de lavado de activos y corrupción que hace rato dejaron de ser un riesgo para transformarse en una preocupante realidad. Cualquier estrategia de política pública que no coloque esta realidad en el centro carecerá de efectividad.

Ha cobrado fuerza la noción de que la institucionalidad pública vigente es insuficiente e inadecuada para dar respuesta a las singularidades descritas. Los problemas se han agravado y no ha habido innovaciones en la estructura y políticas públicas del Estado a la altura de las necesidades. Uruguay cuenta con una justicia con niveles altos de prestigio, legitimidad y confianza, pero con múltiples vulnerabilidades que requieren atención. El Poder Ejecutivo, por su lado, enfrenta problemas graves. El rol central lo ocupa un Ministerio del Interior creado como un típico ministerio de gobierno, con la Policía consolidando el poder central en el territorio, hoy devenido en un ministerio de seguridad. Su quehacer está fundamentalmente restringido a la gestión de la Policía Nacional, con todas sus complejidades, lo que deja escaso margen para desarrollar y conducir una política integral que priorice los componentes de prevención y rehabilitación. Tampoco ha logrado encender las luces largas del diseño estratégico de políticas públicas que vayan más allá de la coyuntura del delito, que siempre quema. Por otra parte, actividades que refieren a la justicia y al cumplimiento de los derechos humanos están dispersas y débilmente articuladas en distintos ámbitos del gobierno, en particular se encuentran desplegadas en la órbita de Presidencia de la República y alejadas del control parlamentario.

Por último, en el nuevo consenso surge con fuerza la idea de que es imprescindible elevar la estatura política del debate público sobre seguridad, especialmente en el ámbito de los partidos políticos. Seguir avalando un uso politiquero de las cifras del delito o convirtiendo en botín electoral la angustia social por la inseguridad tiene nefastas consecuencias sobre la legitimidad del sistema político e institucional en su conjunto. Este camino, si no se interrumpe, seguramente les dará credibilidad a autoritarismos con vocación de mano dura que ya asoman.

Con el trasfondo de este marco conceptual, que reúne un elevado nivel de consenso a la interna de la fuerza política, es que deben leerse las propuestas contenidas en las nuevas bases programáticas del Frente Amplio. Estas incluyen la necesidad de colocar en el centro las acciones preventivas desplegadas en el territorio con lógica de cercanía comunitaria. Estas requieren participación protagónica de la Policía Nacional, pero con el involucramiento indispensable de las instituciones encargadas de programas socioterritoriales, educativos y culturales, así como de intendencias y municipios en la gestión de la infraestructura y los servicios urbanos clave para la convivencia. Sumado a la red pública, se deberá realizar una fuerte apelación a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La experiencia del centro Sacude¹ aparece a menudo como un caso que es posible replicar y del cual es necesario aprender.

Otro conjunto de propuestas gira en torno al desarrollo institucional y profesional de la Policía, haciendo foco en la formación con énfasis en los contenidos relacionados con la violencia de género o la investigación de delitos complejos y organizaciones criminales. Se incluyen propuestas relacionadas con la carrera profesional de las y los policías, la relevancia de la evaluación de desempeño y la prioridad del sistema de calificaciones como ordenador de los ascensos y la asignación de responsabilidades. También se establece la importancia de su bienestar social y sanitario, con especial atención a los asuntos de salud mental.

Un desafío de primer orden lo constituye el sistema de rehabilitación, que involucra aspectos de derechos humanos, pero también de impactos específicos en la seguridad por la vía de la reincidencia. En esta área se establece la necesidad de reformas legislativas e institucionales que permitan rediseñar el sistema, dándole una mayor autonomía al Instituto Nacional de Rehabilitación y jerarquizando los componentes técnicos, socioeducativos y sanitarios en la aplicación de medidas penales. Asimismo, el fortalecimiento del componente no privativo de la libertad, con medidas alternativas al encarcelamiento, a los que se dediquen recursos suficientes y personal calificado.

Otro punto alto es la propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (incluyendo derechos humanos, cárceles, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, estadísticas de criminalidad, política contra el lavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes)”. Este nuevo ministerio surge de la necesidad de modernizar, ordenar y fortalecer la política sobre criminalidad dotándola de una mirada civil y profesional, basada en la evidencia. Otra reforma institucional relevante es la de jerarquizar la defensa pública creando una institución autónoma del estilo de la Fiscalía, que permita alcanzar un balance adecuado entre las funciones de acusación y defensa en el marco del nuevo proceso penal.

Finalmente, hay asuntos de legislación que requerirán una profunda mirada crítica, en particular aquellos vinculados a las políticas de drogas. Uruguay avanzó con una reforma pionera y disruptiva con referencia al cannabis que es reconocida y admirada por buena parte del mundo. Sin embargo, a diez años de su aprobación se requieren ajustes que permitan su adaptación a los nuevos desafíos y corregir sus principales errores de diseño. Más allá del cannabis, el esquema de derecho penal y drogas en nuestro país padece de varios de los males de la “guerra a las drogas”. En especial se aplica un rigor punitivo que se ejerce con particular dureza sobre los eslabones más débiles de las estructuras de tráfico, a partir del cual seguimos abarrotando las cárceles de personas pobres, en particular de mujeres jóvenes. Es urgente un cambio en ese sentido.

La inseguridad hace tiempo que es el problema que más angustia a la sociedad uruguaya. Todos los indicadores se han deteriorado progresivamente en las últimas décadas. Ningún gobierno pudo revertir este declive. Las alertas sobre lo que estamos viviendo y lo que podría venir se multiplican, y aunque tardíamente, no hay actor político que no esté advertido del grado de complejidad del asunto. Ante esto y la inminencia de un proceso electoral que posiblemente traiga rotación en el poder, el Frente Amplio debate un set de propuestas que permitirían avanzar en un tan necesario nuevo consenso, partidario e interpartidario, sobre seguridad pública.

Diego Olivera es integrante de Fuerza Renovadora y miembro de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio.