Falta de medicamentos esenciales: el fracaso de la gestión de compras

Después de la pandemia, discutiblemente manejada, ha sido persistente, dentro de las muchas críticas a la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la falta de medicamentos en sus unidades ejecutoras. No nos referimos a medicamentos raros, sino a los de uso en patologías muy extendidas y comunes como la hipertensión arterial o la diabetes. Es obvio que si la ejecución presupuestal por usuario cayó 8% y la cantidad de usuarios aumentó 5,8%, que si el rubro compra de medicamentos cayó 9% en 2021 y 30% en 2022, cuando había aumentado 40% por usuario en las administraciones anteriores, no necesitaríamos más nada para explicar la falta de medicamentos. Pero no es así.

Hay más elementos a analizar. Esta columna incorpora otra dimensión puntual pero muy relevante de la gestión operativa: las compras de medicamentos desde 2020 a la luz de las modificaciones introducidas por la ley de urgente consideración (LUC) y normas de presupuesto posteriores.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) –órgano del Poder Ejecutivo creado en 2008– centralizaba adquisiciones de alimentos, medicamentos e insumos médicos a partir de los requerimientos planificados por sus unidades, con ejecución descentralizada de los contratos, para utilizar el poder negociador del Estado por demandas en gran escala, priorizando el pago de esos bienes y servicios a través del Sistema Integrado de Información Financiera del Estado (SIIF).

Esto permitía a los servicios de compras de las unidades ejecutoras una planificación anual de la demanda y una certeza de existencias de stock, al licitar con pliegos que admitían cubrir eventuales faltantes de los medicamentos adjudicados con los que integraban el ranking de siguientes mejores ofertas. Así se aseguraba a los usuarios disponibilidad y acceso a su medicamento porque la inexistencia de stock era rara o nula. ¿Qué cambió?

La Ley 19.889 (LUC), de 14 de julio de 2020, creó la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo en el ámbito de Presidencia de la República, con el fin de transformar la anterior Agencia de Compras y Contrataciones Estatales para mejorar el sistema de contratación pública, a nivel tecnológico, normativo y de instrumentos.

Inicialmente fue dirigida por la señora Carina Pizzinat, designada en noviembre de 2020, quien desempeñó funciones hasta noviembre de 2022, cuando en un hecho reiterado en esta administración, presentó su renuncia. Fue sucedida por el señor Carlos Petrella, designado en abril de 2023, quien renunció al poco tiempo, en diciembre de 2023. Como resultado de estas renuncias, la ARCE estuvo acéfala buena parte del tiempo (dos renuncias en poco más de tres años), por lo cual su objetivo, mejorar la planificación de la contratación pública, no llegó a concretarse, lo que puede confirmarse revisando la información de licitaciones realizadas por diversos organismos referidas a varias materias que han tomado luz pública.

En noviembre de 2021, la Ley 19.996 (Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020) transformó a la UCA en Unidad Organizativa de la ARCE, con el cometido de concentrar la contratación de bienes y servicios de uso generalizado.

Como consecuencia de la falta de continuidad en la gestión de compra de medicamentos, de la caída sistemática de los llamados de la UCA y de la prolongada acefalía de la ARCE, esta no cumple eficazmente su rol, constituyéndose en una de las responsables de las carencias de medicamentos e insumos del sistema de salud pública, principalmente en ASSE, hecho que ha trascendido públicamente durante toda esta gestión.

Entre agosto y setiembre de 2022, bajo un sistema que se calificó de “novedoso”, ASSE convocó cuatro licitaciones públicas por las que realizó, en el período de seis meses, ocho prórrogas a las aperturas de ofertas, licitaciones que aún no ha podido adjudicar, según puede comprobarse en la página de la ARCE.

Aumentando el desorden y las decisiones apresuradas, mediante el Decreto 200/023, en julio de 2023, ASSE asumió el cometido de administrar la adquisición de los medicamentos, suscribiendo posteriormente un convenio con farmacias comunitarias para su dispensación, en caso de no poseerlos, admitiendo de esta forma la escasez denunciada por los usuarios.

En realidad, el régimen aprobado por el referido decreto regula, otra vez en poco tiempo, un “nuevo procedimiento” que sólo es una suerte de convenio marco, en el que se estipula la confección de una nómina de proveedores precalificados por ASSE, dándole la facultad de regular y administrar esa nómina, con proveedores habilitados por el MSP, cuyas empresas deben estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado. Además, exige a los otros prestadores públicos de salud (Hospital de Clínicas, Hospital Militar, Hospital Policial, Hospital del Banco de Seguros del Estado, etcétera) su consentimiento para participar en el procedimiento de adquisición y otorgar facultades adjudicando siempre a la oferta que presente el “menor precio”. Se trata de una muy llamativa asignación de poder a ASSE, que ha demostrado real impericia en sus contrataciones en el actual período de gobierno, como explicita en su comunicado del pasado 1º de diciembre la Asociación de Química y Farmacias del Uruguay, señalando que “en cuanto al proceso de compra de medicamentos, observamos que ASSE sigue manejando una licitación del año 2017, y durante estos tres años no se han generado cambios significativos en el proceso de adquisición de los mismos”.

A pesar de haberlo cuestionado en los medios de prensa en estos tres años, ASSE sigue comprando a través de un llamado convocado por la UCA en 2017, el que fue prorrogado por las actuales autoridades hasta el extremo de superar las fechas de vigencia de las distintas adjudicaciones y no por medio de sus novedosos mecanismos, es decir, las licitaciones públicas que convocó en 2022 y, a partir de julio de 2023, el nuevo procedimiento complejo, cuestionable y poco transparente que difícilmente pueda dejar operativo.

Este cambalache de dificultades e improvisaciones deriva del mal diseño y la peor implementación de la tantas veces señalada como inofensiva LUC.

Pero lo real es que 2025 está allí nomás. La nueva administración, sea cual sea, encontrará un desorden generalizado en la compra de medicamentos e insumos médicos, con llamados más laxos para los proveedores que se sienten muy cómodos con ellos, con inferior calidad de los pliegos licitatorios no centralizados, sin resguardo de segunda mejor oferta, con disminución de calidad de insumos, sin coordinación entre los centros de salud para las compras y, sobre todo, con falta de transparencia, todo lo cual lo aportaba la vieja UCA. Y en ese contexto, deberá asegurarle al usuario su derecho a la disponibilidad y acceso a los medicamentos. El costo financiero que deberá pagar la futura administración por la impericia actual será verdaderamente significativo, e implicará una presión adicional sobre la debilitada situación fiscal.

Raúl Labadía es publicista y empresario. Germán Pérez es abogado y magíster en Derecho de la Empresa. Ambos son integrantes de Fuerza Renovadora, Convocatoria Seregnista Progresistas, Frente Amplio.