Educación: ¿política de Estado?

Los candidatos a la Presidencia de la República, previo a la segunda vuelta electoral, han tomado nota acerca de la necesidad de que haya acuerdos en algunas materias clave de la vida del país. Entre ellos se encuentra la educación. Esto significaría que podrían establecerse algunas líneas educativas como política de Estado. Bienvenido sea.

Agregaría que para que ello fuera posible es imprescindible que también haya participación interinstitucional (Universidad de la República, Universidad Tecnológica, UTEC, Administración Nacional de la Educación Pública, ANEP) y social (docentes, estudiantes, familias, organizaciones sociales). Así lo ha planteado Yamandú Orsi, no lo hemos escuchado del candidato del Partido Nacional (PN).

Es necesario señalar que esto no sólo no es algo novedoso, sino que el Frente Amplio (FA) tiene sobradas credenciales para demostrar que una de sus fortalezas en este ámbito ha sido la apertura al diálogo y la negociación durante sus gobiernos, tanto con los partidos de oposición como en ámbitos sociales y sindicales. No siempre los resultados fueron los deseados, pero la apertura a considerar la educación como política de Estado estuvo siempre en el espíritu y la práctica de los gobiernos del FA.

A continuación, voy a ofrecer sólo algunos ejemplos que ilustran y demuestran esta afirmación.

» Antes de asumir su primer gobierno, el doctor Tabaré Vázquez presentó al PN y a los partidos Colorado (PC) e Independiente (PI) un documento titulado Bases para un acuerdo programático en educación. A partir del diálogo, representantes de los cuatro partidos firmaron un documento que abordaba diversos aspectos en este tema, en febrero de 2005.

» En ese mismo período, y por primera vez desde la recuperación democrática, el presidente de la República les ofreció a los partidos de oposición proponer un nombre para integrar los consejos de dirección de entes, entre ellos el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y en cada uno de los consejos de educación. La oposición no aceptó porque consideró que un solo representante era poco.

» En diciembre de 2006 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) creó la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE). Además de representantes institucionales, sindicales y sociales, ofreció la designación de un representante de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria, que se integraron y participaron en la CODE. Lamentablemente, los representantes del PN y el PI se retiraron ante la convocatoria al Congreso Nacional de Educación.

» En mayo de 2008 el FA presentó el proyecto de Ley General de Educación. Antes de hacerlo formalmente, se le hizo llegar un borrador a cada uno de los partidos políticos, que respondieron en reuniones con el ministro o por escrito. Alguno de los planteos fue considerado en el proceso de elaboración.

» En enero de 2010, el presidente de la República, José Mujica, convocó a grupos de trabajo interpartidario en diversas áreas. Una de ellas fue la educación. En mayo de ese año, los cuatros partidos acordaron un documento con 14 capítulos y muchas medidas concretas que ofrecían un rumbo común en distintas temáticas educativas desde la primera infancia a la educación terciaria, la educación formal y no formal, entre otras. Durante todo el período el ministro de Educación y Cultura concurrió al Parlamento a dar cuenta de los avances en cada uno de ellos.

» También en 2010 el presidente le ofreció a la oposición un cargo en el Codicen. Esta vez, el PN aceptó y el profesor Daniel Corbo se mantuvo todo el período, incluso luego de la asunción de dos representantes docentes, electos por sus pares. Quiere decir que en ese período los representantes del gobierno no tuvieron mayoría en el Codicen.

» En 2012 Mujica convocó un nuevo grupo de trabajo en educación. Se acordaron allí cinco puntos. Uno de ellos fue cambiar la Ley de Educación para que un representante de la oposición se integrara al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. De esa forma, Robert Silva se integró al Consejo Directivo de ese instituto. Esa modificación se mantiene hasta el presente. El segundo también modificó la Ley General de Educación otorgándole doble voto al presidente del Codicen, modificación que se mantiene vigente. El tercero fue mantener y fortalecer un proyecto impulsado por el representante de la oposición (ProMejora) para el fortalecimiento de los centros educativos. Se mantuvo todo el período.

» El cuarto acuerdo merece un punto aparte porque fue el que permitió la creación de la UTEC a partir del proyecto de Ley de los Institutos Terciarios Superiores, enviado al Parlamento por el gobierno. Ese acuerdo permitió crear la segunda universidad pública en el país en el interior, que hoy se mantiene y pretende desarrollarse, aun con los escasos recursos económicos otorgados en este período.

» El quinto punto obtuvo un acuerdo parcial. Fue la creación de la Universidad Nacional de la Educación (UNED) a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Esta iniciativa, que requería mayorías especiales, fue acordada con el sector Vamos Uruguay del PC y obtuvo la mayoría especial en la Cámara de Diputados, pero no lo logró en el Senado porque no contó con el apoyo del PN, el PI y del sector Propuesta Batllista del PC.

» En 2019, el MEC presentó el proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, luego de un trabajo interinstitucional en el que participaron todas las universidades públicas y privadas del país, además del MEC y la ANEP. Antes de las elecciones nacionales de octubre de ese año fue votado por unanimidad en el Senado. Luego de conocido el resultado electoral de noviembre de 2019, el PN no acompañó el proyecto, que fue igualmente aprobado. Hasta hoy, ese instituto no se ha instalado.

Podríamos agregar otros ejemplos de diálogo y participación social y política en esos años, como los congresos de educación, la negociación colectiva y los acuerdos con todas las intendencias.

En este período no hubo ninguna iniciativa del Poder Ejecutivo ni del MEC para entablar ningún diálogo en materia educativa, ni a los partidos políticos, ni a los sindicatos, ni a los ámbitos institucionales de participación docente. Tampoco funcionaron las comisiones coordinadoras, ni la creada por la Ley General de Educación ni las que creó la ley de urgente consideración.

Las declaraciones del actual candidato del PN, después de las elecciones de octubre, no se condicen con la actitud política de su partido cuando eran oposición, y menos aún cuando fueron gobierno.

La diferencia sustancial reside en considerar que en educación debe haber políticas de Estado, lo que requiere dialogar, negociar y acordar, o considerarla una política de gobierno, para lo cual únicamente se aplican las mayorías y cargos obtenidos para aplicar las políticas de un partido o coalición. Esto último fue lo que se aplicó en estos últimos cinco años.

El próximo período requerirá retomar la política de la participación, el diálogo, la negociación y los acuerdos para avanzar en políticas de Estado que son las que perduran y transforman la realidad.

Luis Garibaldi es maestro.