El archivo de la denuncia penal presentada por la construcción del Complejo Multifuncional Antel Arena es una oportunidad para reflexionar sobre prácticas y abusos en las complejas relaciones entre los sistemas partidario y judicial.

Las acusaciones presentadas por la mayoría oficialista del directorio de Antel, con base en una costosa auditoría privada de dudosa imparcialidad, fueron descartadas una por una en la resolución del fiscal Alejandro Machado, para concluir que no hay evidencia de delito alguno.

Todos los informes externos manejados para evaluar si la obra se adecuaba a los cometidos de Antel indicaron que sí. Hubo una convocatoria amplia, se presentaron siete ofertas y quienes no fueron elegidos aceptaron la decisión. No se manejó un presupuesto de 40 millones de dólares ni el costo fue 120 millones. Las compras directas no se apartaron de las prácticas habituales hasta hoy. La reserva de algunos acuerdos se justificó con argumentos que el actual directorio también aplica. La comparación de los denunciantes con el costo de complejos similares en otros países se apoyó en publicaciones de prensa y contenidos de Wikipedia.

Tras esta minuciosa demolición, en el oficialismo hubo reacciones insensatas de dos tipos. Unos, como el expresidente de Antel y hoy precandidato presidencial Gabriel Gurméndez, apelaron a la posverdad y reiteraron todas las acusaciones descartadas, alegando que no comparten la “opinión” del fiscal y que lo que importa es “el juicio definitivo de los uruguayos”. En otros casos, como el de la inefable senadora Graciela Bianchi, se atribuyó el archivo de la denuncia a que Fiscalía es “una construcción de la izquierda para asegurar la impunidad”. Nadie planteó, como es frecuente en los casos de violencia de género, que hubiera que penalizar las denuncias falsas y maliciosas.

Se habla de judicialización de la política desde hace décadas, y últimamente de lawfare (guerra jurídica), con alcances muy distintos. A veces se aplican estas expresiones a denuncias contra decisiones legítimas de gobierno, con la intención de que sean declaradas ilegales y se refuerce un “pensamiento único” sobre lo que pueden hacer las autoridades. Otras veces, a procesos judiciales ejemplares, por hechos reales de corrupción y abuso de poder, que han llevado incluso a la caída de presidentes. Otras, a juicios con acusaciones falsas y condenas ilegales, que también han llevado a la caída de presidentes.

Hay quienes llaman judicialización de la política a las acciones legales iniciadas para visibilizar lo que se considera, con o sin razones valederas, una violación de derechos. Por ejemplo, en Uruguay, recursos de amparo recientes para defender a personas desalojadas o para impugnar la vacunación infantil contra la covid-19.

Muchas cuestiones están en el terreno de lo discutible, pero no cabe duda de que es impresentable apelar a la Justicia primero y descalificarla después cuando el tiro sale por la culata, como están haciendo varios dirigentes oficialistas en el caso del Antel Arena.