Políticas de seguridad: ¿Quién se anima a perder un voto?

En política, el que habla antes marca la agenda. En esta campaña, uno de los que hablaron primero sobre seguridad fue Robert Silva. Lo hizo en un documento redactado un poco a las apuradas, con errores de ortografía y diagramación –cosas que pasan cuando se habla con la ansiedad de primerear al resto–. Algunas propuestas de ese documento ayudan. Otras no.

Entre los que hablaron rápido está también Jorge Gandini. Pero no dijo cosas. Habló en eslogan, un dialecto que no invita al análisis sino a la reacción. De los blancos habló también Álvaro Delgado. Dijo cosas en contra de la mafia y del narcotráfico, y que hay que tener mano dura e inteligencia. Dos significantes que, dicho sea de paso, no suelen ir de la mano.

Estas cosas dichas no valen tanto como podrían, porque sus enunciadores comparten un problema: subestiman a sus enunciatarios (a nosotros). Es decir, dicen cosas que hay que hacer y que pudieron haber hecho en estos cuatro años, pero que no hicieron ni quisieron hacer. Peor aún, actuaron en contra de muchas de ellas. Por ejemplo, proponen fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la Secretaría Antilavado, después de haber debilitado las capacidades de ambos organismos y flexibilizado el flujo de capitales. Proponen fortalecer la Policía Nacional, cuando brutalizaron su educación, desprofesionalizaron su trabajo, precarizaron a sus funcionarios y delegaron el gobierno de la Policía en algunos expolicías nostálgicos que interrumpieron su modernización y promovieron la corrupción. Proponen fortalecer penas sustitutivas y trabajar contra el hacinamiento carcelario, después de haber impulsado leyes y políticas que colapsaron el sistema penitenciario y el sistema de medidas alternativas a la privación de libertad (¡y fueron avisados!). En el mejor de los casos, se creen su versión (su verso). En el peor, nos tratan de giles.

En este concierto de enunciadores deslegitimados, ¿qué dice la oposición?

Veo en un periodístico a la candidata y a los candidatos del Frente Amplio (FA) hablar de seguridad. Formulan frases que hemos escuchado antes. Significantes que no dicen demasiado por sí solos. Hablan de la necesidad de un “Estado presente”, de “multiagencialidad”, de “políticas integrales”. Que “no hay que abandonar el territorio”, que “hay que controlar las cárceles”, que hay que tener “políticas de Estado”, que “no hay que dejar sola a la Policía”. Hablan, pero dicen poco. ¿Qué hay detrás de estas ideas, concretamente? ¿Qué son la integralidad y la multiagencialidad, concretamente? ¿Cómo se va a acompañar a la Policía, concretamente? ¿Cómo se va a controlar las cárceles y qué políticas de rehabilitación deberían impulsarse, concretamente? ¿Cómo sería ese Estado presente en el territorio, concretamente? ¿Qué cosas habría que hacer, retomar o corregir de los últimos 20 años, concretamente?

Nadie es experto en todos los temas, y tampoco lo es un candidato a presidente. Pero la seguridad es un tema de urgente consideración para la ciudadanía. Una encuesta reciente observó que la inseguridad es el principal tema de preocupación para el 47% de los uruguayos. A pesar de ello, veo a los candidatos del FA titubear cuando hablan de la seguridad y del sistema penal. No parecen moverse con solvencia en este tema, ni contar con diagnósticos precisos, ni mostrarle a la ciudadanía un camino de soluciones. Soluciones que peguen un volantazo frente a lo que ya vimos una y otra vez. Soluciones innovadoras. Soluciones de izquierda.

No me explico por qué durante todo este tiempo el FA no ha conseguido dominar la agenda de la seguridad. En 15 años de sus gobiernos crecieron los delitos, sí. Se hacinó el sistema penitenciario y colapsaron las medidas alternativas, también. Se engrosó el volumen del sistema penal (más policías, más cárceles, más penas) sin lograr los resultados deseados, es cierto. Pero también pasaron cosas muy interesantes de las que es necesario hablar con la ciudadanía. Se reformó y modernizó la Policía Nacional con políticas innovadoras sin precedentes en Uruguay y, en muchos casos, en la región. Se dignificó a sus funcionarios con mejores condiciones laborales, salarios y derecho a la sindicalización. Se reformó un código procesal penal introduciendo un modelo acusatorio que fortaleció a la Fiscalía. Se implementaron reformas e iniciativas sobre el sistema penitenciario, muchas de las cuales llegaron a buen puerto. ¿Nada hay para decir de esas cosas? ¿Tan poco se aprendió de ellas?

Por otro lado, la y los candidatos de la izquierda vieron pasar desde la otra vereda cuatro años de desprofesionalización, desgobierno civil y corrupción policial, de un sistema de justicia desfinanciado e incapaz de hacer justicia, de penas y castigos desproporcionados que destruyen las trayectorias de vida de nuestros jóvenes, de cárceles explotadas a un nivel inhumano e inadmisible, de medidas alternativas paralizadas, de presos que mueren presos y de policías que se suicidan como nunca. ¿Tan poco hay para criticar y corregir de estos procesos tan perversos?

Ningún candidato parece querer/poder/saber decir nada de todo lo que hay para decir. Con “integralidad”, un “Estado presente” y “políticas de Estado” no vamos a dar el volantazo que necesita el sistema penal uruguayo. Es decir, poco va a suceder si no se define y explicita qué mirada sobre la seguridad deberían tener esas supuestas políticas integrales que habría que diseñar, de qué formas debería estar presente ese Estado o de cuáles políticas de Estado son las que deberían implementarse. No vamos a producir una justicia justa, ni garantizar que los fiscales y defensores públicos cuenten con las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo, ni diseñar penas proporcionales a la gravedad de las conductas delictivas. No vamos a quebrar el monopolio de filosofías y prácticas judiciales retributivas, arcaicas, enquistadas en el sistema de justicia. Tampoco vamos a recuperar el control civil de la Policía, ni a transformar y modernizar el trabajo policial. No vamos a erradicar estrategias de formación brutalizantes con nuestros futuros policías, ni prácticas de hostigamiento y acoso que derivan en que los policías se maten tres veces más que cualquier otro trabajador. No vamos a corregir el hecho de que Uruguay tiene una tasa de policías absurda por número de habitantes. No vamos a diseñar políticas de seguridad efectivas, basadas en la evidencia y capaces de abordar las violencias y la criminalidad. No vamos a conseguir que disminuyan las violencias carcelarias, ni mucho menos que la experiencia de la cárcel arruine la vida de las personas que pasan por el sistema penitenciario y la de sus familias. No vamos a reconocer que gran parte de las personas que hoy cumplen condenas en realidad no deberían estar en una cárcel, sino en sus barrios viviendo vidas dignas que faciliten su reinserción social.

Detrás de la falta de ideas –o, tal vez debería decir, de la falta de voluntad para abrazar ideas reformistas–, subyace una creencia, una especulación: son ideas piantavotos. Se dice que una agenda progresista de la seguridad no sería bien recibida por los votantes, que la gente quiere mano dura. Este es un razonamiento contrafactual. ¿No será que, en realidad, la gente que demanda mano dura lo hace porque no conoce otro tipo de políticas de seguridad?

Quizás en reuniones políticas a puertas cerradas los candidatos del FA sí reflexionen sobre estos temas. De hecho, en una nota publicada días atrás en el semanario Búsqueda, el FA dejó entrever algunas ideas preliminares sobre el sistema penitenciario (políticas focalizadas de reinserción, medidas alternativas) y el sistema de justicia (justicia restaurativa, suspensión condicional del proceso). Es una señal prometedora, pero no suficiente. Se sigue hablando con cautela y, sobre todo, en respuesta a la agenda que marca el gobierno. Prima la precaución, el cálculo electoral, el temor a hablar en un volumen demasiado alto. La izquierda prefiere guardarse sus cartas. No parece haber demasiados referentes del FA en seguridad que conozcan a fondo los problemas del sistema penal, que estén dispuestos a salir a la luz pública a reflexionar sobre ellos y a proponer soluciones que piensen el sistema penal como lo que es: un sistema que, como tal, requiere respuestas integrales. Y de los referentes que hay, ninguno es candidato a nada.

Mientras la izquierda especula con dónde situar su discurso sobre la seguridad, si entre un poco más a la derecha del centro, o más al centro de la derecha, la campaña avanza. La izquierda la ve pasar. El FA vuelve a perderse la oportunidad de llevar la voz cantante con una agenda reformista de la seguridad, una agenda que entusiasme con soluciones concretas y prometedoras. La que lleva la agenda en el bolsillo es la derecha, que a pesar de haber profundizado los daños al sistema penal, se arroga la capacidad de pensar soluciones. Del otro lado del mostrador, ningún candidato progresista se decide a pararse con ganas de hablar antes y a mayor volumen que los candidatos del gobierno. Con ganas de decir lo que hay que decir. ¿Quién va a proponer las soluciones que exige un sistema penal anacrónico, obsoleto y perverso? ¿Quién tiene el coraje para imponer un volantazo en la agenda penal con ideas novedosas y audaces? ¿Quién se anima a perder algún voto para construir un sistema penal más justo?

Federico del Castillo es antropólogo.