La denuncia falsa de Paula Díaz contra Yamandú Orsi es una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones muy diversas, desde la problemática de la verdad en estos tiempos hasta las nuevas precauciones necesarias en lo referido a la producción, la difusión y el consumo de información, para la población en general y para quienes nos dedicamos profesionalmente al periodismo.

Son todas cuestiones profundamente políticas, que afectan las relaciones de poder entre las personas y la calidad de la democracia, pero también es evidente que el caso tiene una dimensión política en el contexto de la contienda entre partidos y el año electoral.

La víctima de la operación de desprestigio fue Orsi: según todas las encuestas conocidas, la persona con más chance de ser postulada a la presidencia por Frente Amplio (FA), el partido con más chance de ganar las elecciones nacionales. La única impulsora conocida de esa operación fue Romina Celeste Papasso, una persona de notoria identificación con el Partido Nacional (PN), el mayor del actual oficialismo y, también según todas las encuestas conocidas, el segundo con más chance de ganar esas elecciones.

Si lo antedicho fuera poco para percibir la naturaleza política de la operación, la abogada de Papasso reconoció, en declaraciones para el semanario Brecha, que los actos de su defendida buscaron incidir en el resultado de las elecciones internas y nacionales.

Y si aún hicieran falta más datos relevantes, la denuncia falsa fue difundida masivamente en redes sociales muy poco después de su presentación y desde fuera de Uruguay, mediante cuentas falsas y programas para el reenvío en gran escala de mensajes. Es el tipo de herramientas que se ha usado en varios países para manipular a la opinión pública con fines políticos, su costo es alto y están muy lejos del alcance de Papasso y Díaz. Alguien más las pagó, y la única razón imaginable es el interés en perjudicar electoralmente a Orsi y al FA.

El presidente Luis Lacalle Pou aplica, desde el comienzo de su mandato, procedimientos de manual para enfrentar situaciones difíciles. Uno de ellos es exagerar los cuestionamientos que perjudican sus intereses, para ubicarlos en el terreno de lo indemostrable y atribuirles intenciones maliciosas. En esta ocasión, opinó que hablar de “una operación política partidaria” es “tan grave” como la denuncia falsa contra Orsi.

Nadie dijo que la dirección del PN o de algún otro partido había tomado una inverosímil decisión orgánica, pero es muy obvio que hubo una intencionalidad política, y que los daños a Orsi y el FA son beneficios para sus adversarios electorales. Ni más ni menos, por ahora.

Durante la campaña electoral de 2019, por iniciativa de la Asociación de la Prensa Uruguaya, se firmó un compromiso multipartidario de “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos”. Ese “Pacto ético del sistema político uruguayo contra la desinformación” fue ratificado hace menos de dos meses por todos los partidos con representación parlamentaria. Es bueno que exista, pero debemos estar alerta.