La Cámara de Representantes tiene previsto tratar la semana próxima el proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que había aprobado a fines del año pasado y al que el Senado le introdujo modificaciones el 14 de mayo. Entre ellas, el ya tristemente famoso aditivo de Cabildo Abierto para condicionar la comunicación de informaciones y opiniones políticas.

Ese aditivo es tan grosero que atrae sobre sí la mayor parte de las críticas internacionales y nacionales, incluso desde filas oficialistas, pero dista mucho de ser el único problema de la iniciativa. Sin duda es necesario que el Poder Legislativo rechace el injerto cabildante o que, si no lo hace, el presidente Luis Lacalle Pou lo vete, pero el resto del proyecto implica riesgos graves de retroceso en materia de derechos.

En este sentido, es crucial comprender que los derechos amenazados no son sólo los de quienes se dedican al periodismo en medios audiovisuales, y mucho menos los presuntos derechos económicos reivindicados por las empresas privadas que lucran mediante las emisiones de radio y televisión en ondas de propiedad pública. Están en juego los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El proyecto permite una mayor concentración de la propiedad de los medios audiovisuales, que atenta contra el derecho a disponer de diversas fuentes de información y conocer opiniones distintas. Permite una mayor extranjerización de esa propiedad y elimina exigencias de producción nacional en las programaciones, afectando derechos culturales básicos. Exime a los medios de pagar por el uso de las ondas en las que emiten, y esto no sólo implica regalarles a empresas privadas un bien público, sino que además elimina el financiamiento de producciones uruguayas con lo recaudado. Arrasa con las instituciones creadas para proteger los derechos del público en materia de contenidos y de transparencia de las adjudicaciones.

Por último, pero no con menor importancia, la aprobación de esta iniciativa reforzaría una larga relación de favores mutuos que, desde que existen en Uruguay las emisoras privadas de radio y televisión, ha consolidado alianzas entre los dueños de esos medios de comunicación y los partidos que los beneficiaron con adjudicaciones gratuitas de ondas y compras discrecionales de espacios publicitarios para el Estado. Este tipo de alianzas perjudica siempre los intereses del resto de la sociedad, ampliamente mayoritario.

El aditivo propuesto por Cabildo Abierto, que el resto del oficialismo apoyó en el Senado, les impondría a las informaciones y opiniones políticas que se emitan por radio y televisión exigencias inverificables de equilibrio, seriedad, rigor e imparcialidad, bajo la amenaza de sanciones estatales. Esto es un mamarracho atroz, se llama censura y le otorgaría a cualquier gobierno nuevas herramientas para vigilar y castigar de modo arbitrario a los medios audiovisuales, pero el daño más grave y profundo lo sufrirían, como en los demás casos, el conjunto de la sociedad uruguaya y la calidad de su convivencia democrática.