Hace casi cuatro años, el 15 de julio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un informe sobre la inversión de los países de la región para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia de covid-19, y Uruguay apareció en el lugar 17 en términos de esfuerzo fiscal, con sólo 0,7% del producto interno bruto. “No es cierto, se equivoca la Cepal [...]. Está mal analizado, mal estudiado”, dijo a periodistas el presidente Luis Lacalle Pou, y agregó que le había pedido al entonces canciller, Francisco Bustillo, que le escribiera una carta al organismo internacional para pedirle que reviera y rectificara su publicación.

Al día siguiente, Lacalle Pou recibió una respuesta de la entonces secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, quien señaló que el informe se había elaborado a partir de datos oficiales y que no se iba a hacer ninguna corrección de números. “Las cifras son lo que son”, afirmó.

La semana pasada, la consultora económica Exante publicó un estudio sobre la evolución del ingreso de los hogares de 2019 a 2023, con base en datos oficiales, y señaló que sólo había mejorado en el 20% que ya era más rico al comienzo del período. Agustín Iturralde, coordinador de programa del precandidato Álvaro Delgado, afirmó que Exante había malinterpretado datos viejos; Francisco Faig, que cumple la misma función para la precandidata Laura Raffo, fue un paso más allá y sostuvo que la consultora hacía campaña contra el oficialismo y en beneficio del Frente Amplio.

Sin embargo, se aplica lo que había dicho Bárcena en 2020: los números son como son, y coinciden con muchos otros indicadores en el actual período de gobierno: aumentaron la pobreza y la desigualdad, porque cayeron los salarios y las jubilaciones mientras crecían la economía y las ganancias de los “malla oro”. La política económica buscó y logró que les fuera mejor a quienes tenían más, al tiempo que fallaba en la protección del resto de la población, y muy especialmente de las personas más vulnerables. El Estado no ha sido “el escudo de los débiles” ni el de las capas medias, sino el de los poderosos.

Al núcleo duro del oficialismo no le agrada que se señalen las consecuencias de sus actos. Quiere actuar con una libertad irresponsable. Impulsa proyectos como los de tenencia compartida, prisión domiciliaria para represores o “imparcialidad” de las comunicaciones políticas en medios audiovisuales, y reacciona en forma irritada cuando los organismos internacionales le recuerdan compromisos asumidos por Uruguay. En vez de defender sus propósitos o asumir sus culpas, a veces cuestiona interpretaciones y a veces pone en duda o niega directamente los datos de la realidad.

Como escribió Hannah Arendt, los hechos tienen una dignidad que debemos respetar. Negar la evidencia socava la posibilidad de dialogar y construir acuerdos que es indispensable para la convivencia política, e impide incluso la expresión de discrepancias, porque fomenta un enfrentamiento entre tribus fanatizadas, incapaces de comunicarse entre sí y de reconocer lo que comparten.