Luis Lacalle Pou decidió, poco después de asumir la presidencia, satisfacer las demandas planteadas desde las grandes emisoras privadas de radio y televisión. Se propuso derogar normas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2014, que crearon organismos para defender derechos del público e impusieron criterios de transparencia en la adjudicación de frecuencias, así como el pago de un canon por el uso de ese bien público con fines de lucro, cuya recaudación estaba destinada a promover la producción nacional del sector.

Por otra parte, y para los mismos intereses, buscó permitir que la propiedad de medios quedara en menos manos, incluyendo las extranjeras, y que los propietarios de emisoras de radio y televisión ingresaran al mercado de servicios de internet para competir con Antel, utilizando la infraestructura creada y mantenida por la empresa pública con fuertes inversiones.

Alcanzar esos objetivos le llevó a Lacalle Pou casi todo su período de gobierno, pero finalmente lo logró esta semana. Para él y para los grandes jugadores privados en el mercado uruguayo, fue un triunfo; para la calidad de la democracia en nuestro país, un fracaso que nos hace retroceder e incluso empeora la situación previa a 2014.

Aun si juzgamos el resultado con los criterios proclamados por el propio presidente, el cambio de las reglas de juego es regresivo. Lacalle Pou prometió lograr que fuéramos más libres, pero la nueva ley reduce las libertades ciudadanas de elección, de expresión y de contralor.

Como si esto fuera poco, los artículos 76 y 82 de la norma votada por el oficialismo crean nuevos cargos en el Estado, y la Constitución indica expresamente que esto sólo se puede hacer mediante leyes de presupuesto o rendición de cuentas, hasta 12 meses antes de las elecciones nacionales. No lo dice la oposición, sino un informe sobre el proyecto redactado por la División Jurídica de la Comisión Administrativa del propio Poder Legislativo.

No sirve de consuelo, ante tantos aspectos negativos, que el proyecto fuera aún peor cuando volvió a la Cámara de Representantes desde el Senado, que le agregó un artículo inaceptable para controlar la comunicación política y amedrentar con la posibilidad de sanciones a quienes emitieran “análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político, en el sentido más amplio del término”, de una manera que el Estado no considerara “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.

Cabildo Abierto, que tiene su propia agenda autoritaria para los medios de comunicación, exigió la inclusión de ese artículo para votar el resto del proyecto. Los demás partidos oficialistas aceptaron el acuerdo y tanto sus senadores como sus diputados votaron el aditivo antidemocrático. Luego Lacalle Pou lo vetó y la ley quedó con los contenidos que él y los dueños de grandes medios querían. El presidente podría haber vetado también, por lo menos, los artículos inconstitucionales. No lo hizo, y ahora nos dicen que debemos agradecerle su “defensa de la libertad de expresión”. Realmente no hay motivos para ello.