El Senado aprobó esta semana el proyecto de muerte digna, como lo había hecho antes la Cámara de Representantes, y Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina que reconoce mediante una ley el derecho a la eutanasia. La votación en Diputados del proyecto de presupuesto nacional le quitó destaque a este acontecimiento, que corresponde valorar no sólo por el contenido de la nueva norma, sino también por la forma en que se dio el debate parlamentario, con un amplio predominio de las intervenciones respetuosas. Hay que destacar esto último porque el tema pone en juego, sin duda, fuertes convicciones y creencias.

Lo antedicho no significa que todas las argumentaciones hayan estado bien fundamentadas. Se reiteró, por ejemplo, la idea de que habilitar la eutanasia requiere universalizar primero el acceso a cuidados paliativos de alta calidad, para que nadie decida poner fin a su vida por sufrimientos aliviables. La forma en que algunos legisladores plantearon esta posición encierra dos falacias.

Por un lado, la eficacia de los paliativos es relativa y variable según la enfermedad. No es cierto que siempre puedan evitar dolores insoportables, y este es precisamente un fundamento poderoso de la eutanasia.

Por otro lado, estos cuidados no son procedimientos ya desarrollados hasta su máximo grado de eficacia, que inmunicen contra cualquier sufrimiento. La investigación y la experiencia clínica han determinado que mejoren con el paso del tiempo y seguramente seguirán haciéndolo.

Esto quiere decir que quizá –ojalá– dentro de unos años sea posible aliviar dolores ante los que hoy no hay solución, pero sería inhumano postergar por ese motivo la posibilidad de la eutanasia.

Además, es fundamental tener presente que nadie (ni el Estado, ni la medicina, ni una institución religiosa) tiene derecho a expropiarle a una persona doliente la determinación de cuánto padecimiento puede y debe tolerar. Vivir no es un mandato ajeno e inexorable.

Varias de las objeciones expresadas en el Parlamento fueron similares a las que se manifestaron, no hace tanto, en la discusión de otras ampliaciones de derechos. La legalización del aborto no implica que las mujeres sean forzadas a interrumpir embarazos; la del cannabis no obliga a consumirlo. El matrimonio igualitario es una opción voluntaria y la eutanasia también lo es.

El aborto, el consumo de cannabis, las parejas del mismo sexo y la eutanasia existieron durante siglos en el mundo, sin leyes habilitantes o contra las leyes. En esas condiciones, la calidad de las experiencias personales y sus consecuencias son muy variables en función de diversos factores. Entre ellos se destaca la condición socioeconómica de las personas directamente interesadas, dependientes de la arbitrariedad ajena para que se les permita o se les niegue ejercer su libertad. Así sucede con cualquier derecho no formalizado, hasta que un Parlamento decide garantizarlo.

Es muy perjudicial para las sociedades acostumbrarse a soslayar las normas. Más vale discutir con franqueza y establecer leyes que rijan sin distingos.