Balance político del año uno

Se termina el primer año del retorno del Frente Amplio (FA) al gobierno y su cuarto período. Será, a su fin, el partido político que más años de gobierno ha tenido en las últimas cuatro décadas de democracia. Es la primera vez, además, que un partido gobierna sin mayorías parlamentarias. Este fenómeno, que es más que recurrente en las democracias latinoamericanas, es inédito en nuestro país. La clave de la gobernabilidad en este contexto y las declaraciones altisonantes en los medios han sido la tónica. Han sido meses marcados por discusiones internas, tensiones entre el gobierno y la(s) oposicion(es) y avances en temas de fondo y de forma.

Sin lugar a dudas, la aprobación del presupuesto por un margen tan amplio ha sido una formidable lección de cómo, aun sin tener mayorías parlamentarias en ambas cámaras, es posible sacar adelante importantes políticas para toda la población. Fueron largas horas de negociación interpartidaria, que resultaron en una votación histórica. Este presupuesto, aunque calificado de “sábana corta” y con razón, marcó el rumbo del gobierno (la priorización de los temas de emergencia social –pobreza infantil, gente en calle, hacinamiento carcelario–) que sintoniza con el tono y las preocupaciones que estuvieron presentes cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez asumió, signado por el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panes). Con una institucionalidad más armada y vigorosa, que el FA desarrolló pacientemente a lo largo de sus 15 años de gobierno, la permanencia de estos problemas debe llamar la atención poderosamente, habida cuenta del aumento de la riqueza del país en los últimos 20 años (el PIB prácticamente se cuadriplicó).

Fue también un año signado por una nueva ronda de Consejos de Salarios destinada a aumentar el salario real en clave de equidad, priorizando los salarios más sumergidos. Esto contrasta vivamente con la primera ronda del gobierno anterior, en la que el movimiento sindical debió resignar sus legítimas aspiraciones de aumento salarial a la situación de abrupta caída del PIB como resultado de la pandemia. Tanto los resultados de la política laboral como del presupuesto podrán empezar a ser aquilatados en 2026. Y, en la misma medida, es esperable la priorización de las políticas de vivienda, de cuidados, de educación y de salud que, con refuerzos presupuestales restringidos y finalizado el Diálogo Social, exhibirán sus problemas y sus desafíos.

La situación en la que el FA encontró el país, luego del gobierno del Partido Nacional en coalición con colorados, independientes y cabildantes, fue determinante en la restricción del “espacio fiscal” que, en períodos anteriores, había sido objeto de negociación política y social. Las cifras de 2024 no reflejaron la totalidad del gasto real, ya que el gobierno anterior postergó pagos por más de 0,4% del PIB, lo que redujo artificialmente el déficit de ese año y trasladó el problema a 2025. En este marco, fue necesario aumentar el tope de deuda en la Rendición de Cuentas, una modificación que, de manera llamativa, no contó con el voto de los partidos de oposición, pese a haber sido responsables del aumento del déficit fiscal. También brilló por su ausencia la cooperación –salvo notorias excepciones– para afrontar el déficit de la Caja Profesional, el salvataje del Casmu o la aprobación de las modificaciones tributarias para solventar el gasto creciente del Estado.

Como forma de canalizar los eternos malestares de una democracia que se las ve en figurillas para satisfacer las demandas de la población con una economía de capitalismo periférico desordenada y con un Estado pobre, todos eligieron hablar alto. La oposición eligió buena parte del tiempo el discurso de la intransigencia y enfrentó al gobierno en la política “menuda” (las interpelaciones dan cuenta de ello), sometiéndolo al desgaste. Sobre el final del año, se verificó un juego a dos bandas, con grandes acuerdos parlamentarios de base y una dinámica de llamados a sala y erosión del capital político de varios representantes del gobierno.

Más allá del vínculo con la oposición, otro frente que comenzó a tensionarse fue el de la relación entre el gobierno y parte de su base social. En estos meses se hicieron oír reclamos provenientes no tanto de los sectores orgánicos del FA, sino de militantes de base que, con impaciencia y expectativas legítimas, señalan la ausencia de transformaciones más profundas. Ningún gobierno de izquierda –pero menos aún uno del FA, históricamente caracterizado por sus vínculos con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de base– puede desatender reclamos de este tipo. Nuestra propia autocrítica señala que es fundamental escuchar, desde ambas partes y con paciencia, lo que la otra tiene para decir.

En este marco, lo que está ocurriendo en torno a la exploración petrolera en aguas territoriales merece una atención especial. La semana pasada se presentaron más de 20.000 firmas, y organizaciones de todo el país se manifestaron en rechazo a la exploración sísmica para la prospección de petróleo. A diferencia de otros movimientos sociales, con vínculos más claros con el FA, los ambientalistas han tenido marcadas tensiones con las administraciones frenteamplistas. La llegada de empresas como Botnia o, más recientemente, UPM II, son ejemplos difíciles de olvidar. Un gran diálogo nacional sobre estos temas sería lo deseable. Y también incrustar en la imagen del país deseable y posible (el “Uruguay Natural”) la perspectiva de la sostenibilidad ecológica del proyecto de desarrollo. En esta próspera tierra, con una población que tiende a reducirse, cuidar la base de la vida toda, en un contexto de igualdad, debiera ser un objetivo sencillo de alcanzar. Tanto como erradicar la pobreza infantil.

La discusión del 1% ha permitido vislumbrar –y este es su principal mérito– las bases de un Uruguay posible. Buscar la riqueza donde la tenemos, acá nomás, en los activos que ya existen. La propuesta, inicialmente planteada por el PIT-CNT en el acto del 1º de mayo, tomó forma y fue presentada formalmente el pasado lunes 24 de noviembre por la central sindical y parte de la academia. A pesar de la negativa del equipo económico, la iniciativa cuenta con un amplio respaldo ciudadano.

Ese apoyo no resulta difícil de comprender frente a la obscenidad con la que la riqueza se concentra cada vez más, tanto en Uruguay como a nivel mundial. Los datos muestran que la desigualdad global ha vuelto a niveles similares a los previos a la Segunda Guerra Mundial. Frente a esto, una fuerza política de izquierda no puede hacer otra cosa que impulsar medidas que busquen reducir sustancialmente estas inequidades. Esta discusión, afortunadamente, ha corrido el eje de los temas que están en el debate público.

En un contexto internacional marcado por el avance persistente de las ultraderechas en Europa, Estados Unidos y América Latina, el tema de la inseguridad (desligado de las condiciones estructurales que explican el aumento de la criminalidad y de la situación de las personas privadas de libertad) ha ocupado un lugar central. Las demandas por un Estado más fuerte se traducen con frecuencia en propuestas de “mano dura”, represión y coerción, antes que en reclamos por mejores servicios públicos o mayor justicia social.

Por eso, volver a ganar la “batalla cultural”, otorgando centralidad a las políticas de redistribución y de reconocimiento¹ –entendidas no como opuestas, sino como complementarias– resulta crucial. En ese camino, vuelve a ponerse sobre la mesa la importancia de pensar y construir políticas junto con los sindicatos, los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil, que viven en carne propia los problemas del país, y con la academia, particularmente la Universidad de la República, que educa y construye evidencia y conocimiento científico.

La política es la respuesta pacífica, inteligente y ética a la necesidad de vivir juntos y juntas. Gobernar debería ser un instrumento de esa práctica. En un mundo donde la fuerza y las armas gritan más fuerte, este pequeño país al sur aún puede ensayar su alternativa ecológica, política y humana.

Constanza Moreira es senadora del Frente Amplio. El politólogo Agustín Daguerre integra su equipo de asesores.