Proyecto de ley sobre prohibición de algunos plásticos de un solo uso: el riesgo de caer en un parche más

Bajo el título “Los envases plásticos: un callejón sin salida”, mencionaba en la sección Posturas de la diaria del 16 de abril que por iniciativa de la diputada del Frente Amplio (FA) Sylvia Ibarguren, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, se desarchivó un proyecto de ley presentado en junio de 2022 tendiente a prohibir los productos plásticos de un solo uso cuando puedan ser sustituidos por material compostable o biodegradable.

En una nota del 17 de noviembre, Camila Méndez, en la diaria, informaba que el 68% de las personas perciben frecuentemente que los productos que compran están “excesivamente” empaquetados con “plásticos evitables”. El artículo aborda también el mencionado proyecto de ley e incluye información sobre cantidades generadas de determinados plásticos, enumera algunos de un solo uso que serían prohibidos, aclara que se tendrá en cuenta si hay sustitutos para ellos y consigna que el Parlamento le dará a esta iniciativa “prioridad” en su tratamiento.

Cabe aclarar –aunque parezca obvio– que el problema de los residuos no se debe acotar a envases y envoltorios, pues si bien ellos son un serio problema, no dejan de ser una parte muy menor en el total de la basura que termina en los sitios de disposición final. Otras fracciones de residuos que contienen plásticos generan también un creciente inconveniente y no están siendo gestionadas adecuadamente. Nombremos algunas de ellas: aparatos electrónicos; muebles, colchones y enseres varios; escombros y otros materiales de construcción; ropa usada y telas en general; vehículos tales como automóviles, motos y bicicletas.

Desde mi punto de vista, es necesario y fundamental que los parlamentarios analicen y evalúen, a los efectos de no reiterar fracasos, las leyes existentes sobre residuos, y también los decretos sobre fracciones específicas de ellos. Veamos brevemente lo ocurrido con respecto a las tres leyes que refieren a residuos aprobadas desde el regreso de la democracia.

Ley de Envases, aprobada en noviembre de 2004

Si bien esta ley fue votada por unanimidad, el texto consensuado dejó por el camino la propuesta inicial de prohibir los envases no retornables. Reglamentada en 2007, no sin esfuerzos, se logró incluir que los planes de gestión de envases incluyeran clasificadores, población trabajadora que la ley ignoró. Se ha aplicado en seis departamentos, o sea que nunca tuvo alcance nacional, como corresponde a una ley. Beneficia a unos 250 clasificadores y los niveles de reciclaje logrados han sido muy bajos en todo el país.

Como aprendizaje señalo dos elementos centrales. El primero, que el mayor porcentaje de material efectivamente recuperado y valorizado proviene de grandes generadores (industrias, importadoras, comercio y oficinas), y no de los hogares. El segundo, que se cometió un craso error al darle a la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) la primacía de la gobernanza de los planes de gestión de envases. Algunas pocas grandes empresas comenzaron en 2007 haciendo una “vaquita”, la que concluyó en 2011 con la creación de un fideicomiso 100% de la cámara, que cuenta hoy con el aporte de más de 3.100 empresas. El fideicomiso para la gestión de envases fija el aporte que deben hacer las empresas –afiliadas o no a la CIU– y gestiona los fondos según su exclusivo criterio.

Ley de Bolsas Plásticas, aprobada en julio de 2018

Respecto de las bolsas, se puede afirmar que no ha habido cambios significativos en cuanto a que estas hayan disminuido. Si bien en las grandes superficies y muchos comercios se ha dejado de entregar la tradicional bolsa “camiseta” de polietileno, todo el resto sigue igual. Lo que sucedió a partir de que se comenzó a cobrarlas fue un gran crecimiento de las ventas de bolsas negras para residuos.

Hoy, al pasar por una caja de supermercado, quien no tenga en qué llevar su compra deberá pagar un precio realmente alto por una bolsa de baja resistencia física, muy fácil de agujerearse y que es compostable y biodegradable pero no se aclara bajo qué condiciones. Lo cierto es que terminan todas en la basura. Que el etiquetado de un envase diga que es compostable o biodegradable no debería ser un argumento suficiente por sí solo para que se siga produciendo. La trampa radica en que ese proceso de biodegradación puede que ocurra, pero en una fábrica, en determinadas condiciones que, en la práctica, no se dan.

Ley de Gestión Integral de Residuos, aprobada en setiembre de 2019

Lo más importante de esta ley es que establece la existencia de un impuesto a los envases, a los efectos de que el Estado pueda contar con recursos financieros para mitigar el daño ambiental que generan. No ha sido reglamentada aún, es más, fue sepultada por el denominado Plan Vale, una idea pergeñada por la CIU, traída del exterior, donde es el mencionado fideicomiso el que marca el rumbo, no el gobierno.

La gestión de los residuos de envases y embalajes está en manos de unas diez grandes empresas, casi todas multinacionales contaminantes de la bebida y alimentos. Ellas y su Plan Vale están cerrando un tercer año “a puro verso”, sin arrancar siquiera con algo nuevo, mostrando como avance, casi exclusivamente, lo que se ha hecho a partir de enero de 2007, cuando comenzó en la costa canaria el trabajo (formal) de clasificadores, en el marco de la ley de envases, a partir de un proyecto presentado en 2006 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) por la asociación civil Centro Uruguay Independiente (CUI).

El proyecto de ley a estudio parlamentario debería abarcar más envases de un solo uso

En materia de gestión de residuos, el actual gobierno continúa por el mismo camino iniciado hace 30 años, cuando se expandió de modo acelerado el consumo de envases de un solo uso, fundamentalmente de plásticos. Pero el problema no son sólo los plásticos, es más complejo. También son, por ejemplo, un flagelo ambiental los millones y millones de botellas descartables de vidrio usadas para innumerables bebidas alcohólicas, y las cajas multilaminadas (cartón, plástico y aluminio), conocidas popularmente como “tetra”, usadas para el envasado de vino, leche, salsas y jugos, para las que no existen opciones de reciclaje reales en nuestro país. El proyecto de ley a estudio parlamentario se queda muy corto en cuanto a la cantidad de envases de un solo uso que deben ser producto de la nueva legislación.

En una nota anterior señalaba el modo de operar de los lobbies empresariales y el éxito que han tenido en materia de gestión de envases. Es casi seguro, al menos en el corto plazo, que la historia vuelva a repetirse. Las grandes industrias, gracias a los avances tecnológicos, la ductilidad y el bajo costo de los plásticos, comenzaron a desentenderse masivamente de los envases vacíos. Su negocio hoy no se reduce al producto que venden, también ahorran y/o ganan dinero externalizando costos, transfiriéndolos a los consumidores, a los servicios públicos de recolección y disposición final y al ambiente en general.

De aprobarse esta ley en los términos planteados, en el mejor de los casos y probablemente recién dentro de algunos años –porque estas empresas son especialistas en “chicanas” y lograr prórrogas–, esto será un parche más, no una solución a los 700 millones de envases de todo tipo y material de un solo uso que se vuelcan anualmente en el mercado local, casi dos millones diarios. Resolver sobre cuáles son aquellos envases que tienen o no sustitutos para que eventualmente sean prohibidos será un debate de nunca acabar, será el terreno ideal para los lobbies empresariales que, dicho sea de paso, han contado siempre con el beneplácito de la autoridad ambiental de turno.

La normativa existente en materia de residuos, no sólo las leyes, sino también los decretos y los planes ejecutados, no han garantizado que se cumpla lo establecido. Por esta razón, se debe barajar y dar de nuevo, o mejor, sin duda, cambiar el mazo de cartas por uno nuevo.

Jorge Solari fue edil departamental de Montevideo por El Abrazo 949, Frente Amplio.