La tasa de egreso de educación secundaria en Uruguay es de las peores de la región. Se ubica sólo por encima de Honduras y Haití. En Chile es 40 puntos superior a Uruguay. En Argentina, más de diez. En 2023, según los últimos datos del Monitor Educativo de Secundaria difundidos en agosto de 2024, el porcentaje de egreso en educación secundaria cayó con respecto a 2022 y se ubicó en 56,4%.

Estos datos incontrastables y preocupantes, que el país debe abordar con urgencia, abonaron en los últimos años un relato simplificador que ubicó a los docentes como los grandes responsables de la situación. Los mismos docentes que en los liceos ejercen de asistentes sociales, que tuvieron que aprender a lidiar con el sonido de las balas y el temor y la angustia de los adolescentes, por un sueldo que parece no ser tan atractivo como para detener la caída constante de los ingresos a formación docente.

Como todo relato fantástico, funcionó a base de invenciones, datos a medias y un profundo deseo de creer por parte de un porcentaje importante de la población, que tuvo la esperanza de que con un diagnóstico relativamente sencillo, con convicciones firmes y con un plan, todo se solucionaría. Pero la realidad suele ser más compleja que la fantasía.

En el medio, hubo víctimas de estas narrativas. Las principales fueron los docentes. Identificados como culpables de la “crisis de la educación”, fueron rápidamente extirpados de los consejos desconcentrados, que pasaron con la Ley de Urgente Consideración a ser organismos unipersonales, lo que sólo generó ineficiencias y demoras en la gestión. Se los persiguió con un afán digno de mejores causas por expresar posiciones gremiales, se llevó el concepto de laicidad a extremos ridículos, se infundió temor ya no de opinar, sino de analizar, de contextualizar. Sabemos que el silencio y el miedo no son un caldo de cultivo propicio para generar las “competencias de pensamiento crítico”, que el Marco Curricular Nacional aprobado por este gobierno define como la capacidad de “formular preguntas tanto como para cuestionar el significado de lo dado como para ampliarlo, ya sea el significado del mundo, de las opiniones de los otros y las propias”, así como de posicionarse “a favor o en contra de un punto de vista”.

Tampoco debemos olvidar que se privó a los estudiantes de un salón gremial con la excusa de construir una rampa que nunca se hizo, y que el director del IAVA estuvo meses sin cobrar su sueldo por respetar los derechos de sus estudiantes.

Y mientras tanto, en la cabeza de Secundaria estaba una persona que considera que el desempeño educativo se debe a cuestiones “genéticas” vinculadas a la procedencia de determinados países, que incluyó en su currículum y en una declaración jurada información incorrecta sobre su formación de posgrado, que reabrió expedientes cuando los investigados eran sindicalistas pero no adoptó el mismo criterio con personas afines al gobierno, que hizo designaciones en inspección con criterios políticos. Y que, como cierre de gestión, intentó autodesignarse como inspectora de Secundaria antes de abandonar la dirección, lo que le hubiera reportado beneficios jubilatorios. Con un último resto de dignidad, el gobierno dio marcha atrás y revocó la autodesignación.

Paulo Freire, en su Pedagogía de la autonomía, explicaba por qué no es posible la neutralidad en la educación. Abogaba por ser profesores en favor de la libertad contra el autoritarismo, en favor de la belleza de la práctica educativa, en favor de la decencia contra la falta de pudor. Dentro de las competencias del Marco Curricular Nacional no hay ninguna que incluya la formación de personas éticas, pero ese también es un norte de la educación y debería ser una característica de los gobernantes.