Canadá ha adoptado un enfoque innovador, basado en la evidencia frente al prohibicionismo tradicional, priorizando la salud pública, la reducción de daños y la regulación sobre la criminalización. Esta política contrasta con modelos más represivos, como el que se deriva mecánicamente de la “guerra contra las drogas” liderada históricamente por Estados Unidos.

Al igual que otros países, Canadá aplicó políticas prohibicionistas durante el siglo XX, criminalizando el uso de drogas bajo leyes como la Ley de Sustancias Controladas (1996).

El cambio de paradigma fue favorecido por la crisis del consumo de opioides, especialmente desde 2016, y el reconocimiento del fracaso del enfoque punitivo. Eso dio lugar a la adopción de reformas hacia políticas más pragmáticas, asociadas a perspectivas de salud pública.

En 2018, Canadá se convirtió en el segundo país del mundo, tras Uruguay, en legalizar el cannabis recreativo bajo la Ley del Cannabis (Cannabis Act). Lo hizo persiguiendo como principales objetivos la reducción del mercado negro; la protección de la salud pública a través del control de calidad; y poner barreras para frenar el acceso al consumo a menores de edad. También se consideró la generación de ingresos fiscales, habiéndose obtenido más de 4.000 millones de dólares canadienses en 2022.

Los resultados derivados de estas políticas fueron una disminución de arrestos por posesión y la aceptación social creciente a esta nueva realidad, aunque subsisten desafíos como la competencia con el mercado ilegal de drogas.

Canadá es líder en estrategias de reducción de daños para abordar adicciones, lo que ha logrado a través de la puesta en operación de sitios de consumo seguro (SCS). Existen más de 40 instalaciones, tales como el programa Insite en Vancouver, donde los usuarios pueden consumir drogas bajo supervisión médica, reduciendo los riesgos de sobredosis y la transmisión de enfermedades. Atendiendo las características del perfil del consumo, en los SCS se lleva a cabo la distribución de naloxona en forma gratuita, para disponer de un antídoto capaz de revertir las sobredosis de opioides.

En 2023, la provincia de Columbia Británica implementó un proyecto piloto para descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas (hasta 2,5 gramos de cocaína, heroína, fentanilo), priorizando la derivación hacia los servicios de salud en lugar de multas o cárcel.

Esta experiencia busca priorizar la salud pública sobre el castigo penal. Aunque aún es temprano para evaluar resultados definitivos, los datos preliminares, así como los estudios que se están llevando a cabo, ofrecen un panorama mixto, con avances y desafíos.

Los expertos destacan que países como Portugal, que implantó la descriminalización desde 2001, tardaron años en ver mejoras significativas, combinando políticas sociales y sanitarias.

La crisis de los opioides, que provocó en Canadá una mortandad cercana a las 40.000 personas, particularmente asociada al consumo de fentanilo, ha provocado que algunos sectores de la sociedad pidan ampliar la descriminalización a todo el país y garantizar el acceso a drogas “limpias” a través de programas de provisión segura. Pero no se puede obviar la existencia de otros grupos, especialmente de extracción conservadora, que argumentan que la descriminalización podría normalizar el consumo sin abordar las causas profundas del fenómeno, tales como la pobreza y los problemas asociados a la salud mental.

La posición internacional de Canadá en los foros globales es la de promover un enfoque respetuoso de los derechos humanos, caracterizado por sostener una posición crítica de la guerra contra las drogas, cuestionando el modelo prohibicionista, abogando por tratar el consumo como un tema de salud y no como un problema penal. Canadá exhibe coincidencias con modelos como el de Portugal, país en el que existe la descriminalización desde 2001, o Suiza, donde existen programas de heroína medicinal.

Canadá representa un ejemplo global de cómo desmantelar el prohibicionismo mediante la aplicación de políticas que tienen como eje la regulación y la compasión. Aunque persisten desafíos importantes, tales como la crisis de opioides, su enfoque ha logrado reducir los estigmas hacia personas usuarias, salvar vidas mediante la reducción de daños y generar debates sobre políticas basadas en evidencia.

Según datos del gobierno de la provincia Columbia Británica, más de 4.700 personas fueron redirigidas a servicios de salud, en lugar de enfrentar multas o cárcel en el primer año del programa, y disminuyó el temor de personas usuarias a buscar ayuda por miedo a represalias legales, cuestión que facilita su acceso a tratamientos.

Pero es importante señalar que no hubo una reducción significativa en muertes por sobredosis, pues en 2023 Columbia Británica registró 2.511 muertes relacionadas con drogas tóxicas, número muy similar al de 2022, y ello sugiere que la descriminalización por sí sola no resuelve la crisis de opioides.

Ciudades como Vancouver reportaron un incremento en el uso de drogas en parques y calles, generando preocupación en las comunidades y autoridades locales. La descriminalización hasta el momento sólo aplica a la posesión de hasta 2,5 gramos de ciertas drogas, tales como heroína, cocaína o fentanilo, pero no aborda la producción, tráfico o la toxicidad del suministro ilegal, que sin lugar a dudas es la principal causa de muerte.

Algunos alcaldes y grupos conservadores presionaron para revertir la medida, argumentando que su mantenimiento “normaliza” el consumo sin ofrecer soluciones estructurales.

En respuesta a las críticas por el consumo público, el gobierno federal de Canadá y el de Columbia Británica modificaron la política en mayo de 2024, estableciendo la recriminalización del consumo en espacios públicos (parques, playas, lugares cercanos a las escuelas), aunque se mantiene la descriminalización en espacios privados. Este cambio refleja tensiones entre reducir daños y responder a reclamos de orden público.

Evidentemente, la descriminalización no ha sido una “solución mágica”, pero sí un paso hacia enfoques menos punitivos. Los resultados subrayan que, sin inversión paralela en vivienda, tratamiento y acceso a drogas seguras, la medida tiene un impacto limitado.

Columbia Británica planea evaluar rigurosamente el plan piloto hacia 2026, analizando datos de salud, seguridad e indicadores económicos, mientras que organizaciones como la Asociación de Médicos de British Columbia piden ampliar el acceso a drogas reguladas (a través de programas de provisión segura) para combatir el mercado tóxico.

En resumen, la descriminalización en Canadá es un experimento en curso que no ha reducido las muertes, pero sí ha disminuido la criminalización de personas vulnerables. Su éxito a largo plazo dependerá de integrarla con políticas sociales y políticas de salud más amplias.

El suministro seguro

Otra dimensión que se está evaluando en Canadá es la estrategia de la provisión controlada de drogas por parte del Estado (también llamada “suministro seguro” o safe supply). Es una propuesta que ha ganado atención no sólo en Canadá, sino también en otros países, como posible solución complementaria a la crisis de sobredosis, especialmente ante la limitada efectividad de la descriminalización por sí sola.

Este enfoque implica que el Estado proporcione drogas de calidad farmacéutica a personas con adicciones graves, bajo supervisión médica, con el objetivo de reducir el consumo de sustancias tóxicas del mercado ilegal. Aunque es una medida controversial, hay evidencia preliminar y experiencias internacionales que sugieren su impacto potencial positivo, pero también desafíos importantes a superar.

Los argumentos a favor de la provisión controlada apuntan a la reducción de muertes por drogas tóxicas, atendiendo al hecho de que 80-90% de las muertes por sobredosis en Canadá se deben al fentanilo ilegal, el cual es usado para contaminar drogas como heroína, cocaína o metanfetamina. El suministro estatal garantizaría dosis sin adulterantes, evitando intoxicaciones impredecibles.

La posibilidad de un diálogo entre Uruguay y Canadá para coordinar estrategias contra las drogas, centradas en un enfoque que priorice la salud pública y el respeto a los derechos humanos, no sólo es viable, sino que podría ser un ejercicio político pionero a nivel global.

En Columbia Británica, el programa Safer Supply (2020) ha proporcionado hidromorfona, que es un opioide farmacéutico, a miles de usuarios. Un estudio de 2023 publicado en el Canadian Medical Association Journal encontró que los participantes redujeron el consumo de drogas callejeras en un 50%.

Al ofrecer alternativas legales, se debilita el poder de los cárteles y se reduce la violencia que está asociada a la lógica de la disputa por el control de los territorios.

En Suiza, la heroína proporcionada por el Estado desde los 90 ayudó a disminuir el mercado negro y las infecciones por VIH.

Los programas de provisión segura actúan como puente para que los usuarios accedan a tratamientos de adicción, vivienda o apoyo psicológico.

En Vancouver, clínicas como Crossing Protocols combinan suministro seguro con atención integral.

Otras experiencias internacionales exitosas son las llevadas a cabo por Suiza, donde, tras décadas de suministro de heroína médica, las muertes por sobredosis cayeron 50% y el consumo problemático se redujo; en los Países Bajos se aplican programas de metadona y heroína controlada que han disminuido daños sociales y sanitarios y, en Australia, tiene lugar un proyecto piloto con cocaína y MDMA regulados, los cuales muestran una importante reducción de riesgos.

Las principales críticas al enfoque de la provisión pública regulada son el riesgo de “normalizar” el consumo y que grupos conservadores, así como algunas comunidades, argumentan que proveer drogas podría incentivar el consumo, especialmente en jóvenes. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que esto ocurra, pues en Suiza el consumo de heroína disminuyó tras décadas de provisión estatal.

Otro problema que es mencionado con frecuencia es la complejidad de la logística y de los costos, pues escalar estos programas requiere infraestructura médica, personal especializado y financiamiento estable. En Canadá, el programa Safer Supply sólo alcanza al 5% de los usuarios de opioides, según el Centro de Adicciones de Columbia Británica.

También es muy importante considerar que la provisión segura solamente aborda el síntoma, pero no las raíces de las adicciones, las cuales se derivan de traumas profundos provocados por la pobreza, la falta de vivienda y los daños que ello provoca en la salud mental.

Algunos críticos señalan que los usuarios podrían mezclar drogas proporcionadas por el Estado con sustancias ilegales, aumentando de ese modo los riesgos. Sin embargo, estudios realizados en Canadá muestran que la mayoría de la población analizada reduce su consumo callejero cuando accede a suministros seguros.

En Vancouver, el proyecto MySafe dispensa hidromorfona a través de máquinas biométricas, reduciendo de ese modo el estigma.

Canadá y Uruguay: un diálogo necesario

La posibilidad de un diálogo entre Uruguay y Canadá para coordinar estrategias contra las drogas, centradas en un enfoque que priorice la salud pública y el respeto a los derechos humanos, no sólo es viable, sino que podría ser un ejercicio político pionero a nivel global. Ambos países comparten un enfoque innovador frente al prohibicionismo tradicional, aunque con contextos y desafíos distintos.

Uruguay y Canadá tienen mucho que aprender y aportarse mutuamente, porque ambos países comparten experiencias complementarias.

Uruguay fue el primer país del mundo en regular el mercado de cannabis recreativo, mientras que Canadá lo hizo a escala nacional con un modelo más industrializado. Un intercambio técnico sobre la regulación, abarcando control de calidad, fiscalización, combate al mercado negro, sería sin dudas enriquecedor.

En materia de reducción de daños, Canadá tiene programas avanzados como el suministro seguro de opioides, tal como es el caso de hidromorfona y de los SCS. Uruguay podría adaptar estas estrategias para abordar la pasta base, priorizando enfoques no punitivos.

Ambos países enfrentan desafíos en la integración social de personas adictas, especialmente en contextos de pobreza.

Comparten la presencia de drogas sintéticas y adulteradas, pues la pasta base en Uruguay, que es una mezcla de cocaína residual, kerosén y ácido de una parte, y el fentanilo en Canadá, que se mezcla con otras drogas como cocaína y metanfetaminas, reflejan mercados tóxicos que requieren respuestas urgentes.

Uruguay y Canadá han desafiado el consenso prohibicionista en foros internacionales. Una alianza podría fortalecer la defensa de políticas basadas en evidencia, como la descriminalización y el acceso a drogas seguras.

Ambos países podrían encarar estrategias concretas para colaborar, tales como el intercambio técnico en materia de regulación de cannabis (Uruguay podría aprender del modelo canadiense de licencias comerciales y control de calidad, mientras Canadá estudiaría el sistema de clubes cannábicos y de farmacias uruguayas); programas piloto para la pasta base en Uruguay (suministro seguro: Uruguay podría explorar la provisión de cocaína farmacéutica o sustituta, como metilfenidato para usuarios crónicos de pasta base, vinculándolos a servicios sociales) y con centros de consumo supervisados, adaptando el modelo de Insite (Vancouver), reduciendo muertes por sobredosis y conectando usuarios con tratamientos; investigación conjunta; abordaje de determinantes sociales (ambos países podrían colaborar en programas de reinserción laboral o vivienda primero, como los implementados en Vancouver o Edmonton); diplomacia conjunta (presionar de manera coordinada en la Comisión de Estupefacientes de la ONU para flexibilizar tratados internacionales que obstaculizan políticas innovadoras y apoyar iniciativas regionales).

Desafíos específicos en Uruguay (pasta base)

La pasta base (o “paco”) es un residuo de cocaína de bajo costo, altamente adictivo y tóxico, vinculado a poblaciones marginadas. Para abordarlo, Uruguay podría aprovechar la experiencia canadiense en:

  • Programas de heroína asistida como se hace en Suiza, donde se proporciona diacetilmorfina (heroína farmacéutica) a usuarios crónicos. Adaptar esto a la pasta base requeriría estudios locales, pero es una alternativa viable.
  • Derivación a tratamientos, pues en Canadá la descriminalización en Columbia Británica incluye redirigir a usuarios a servicios de salud. Uruguay podría implementar esto con jueces especializados y trabajadores sociales.

Dentro de los obstáculos que se debe considerar están las diferencias en el tipo de drogas, pues la crisis canadiense se centra en opioides (fentanilo), mientras Uruguay enfrenta estimulantes (pasta base). Las respuestas médicas deben ajustarse, pues no existe un “antídoto” para la cocaína como la naloxona para los opioides.

En Uruguay, la regulación del cannabis tuvo apoyo del Frente Amplio, pero la pasta base genera mayor estigma. Se necesitaría consenso multipartidista para políticas audaces.

Tiene sentido explorar la posibilidad de un diálogo entre Uruguay y Canadá, el cual no sólo es posible, sino potencialmente sumamente importante.

La clave está en adaptar modelos, reconociendo las diferencias socioeconómicas y culturales entre ambos países. Si Uruguay logra avanzar en políticas para la pasta base con apoyo canadiense, podría convertirse en un referente para toda América Latina, demostrando que incluso las drogas más estigmatizadas pueden abordarse con humanidad y evidencia.

Gabriel Vidart es sociólogo. Entre otros cargos, a nivel nacional e internacional, fue director adjunto del proyecto Combate a la Pobreza en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1984-1986) y fundador y secretario ejecutivo del Plan CAIF, Uruguay (1988-1990).