¿Políticas culturales o la reina de Inglaterra?

Hace años que vengo reflexionando sobre quién o quiénes son los responsables de establecer las “políticas culturales” en nuestro país. La primera respuesta que se me ocurre es que, en nuestro sistema democrático, lo hacen los partidos políticos con cierto margen de flexibilidad de acuerdo al sector que resulte preponderante en la conformación del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales. En este sentido, la responsabilidad correspondería al llamado Poder Ejecutivo –a nivel nacional, quien ocupe la presidencia y el ministerio correspondiente, y a nivel departamental, quien sea intendente/a–, pero no a otros ámbitos o subsecretarías (ministerios o entes autónomos o personas públicas no estatales).

En realidad, “alguien” decidió en 1970, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cambiar lo establecido en la Constitución y, de un modo más preciso, eliminar el “Ministerio de Cultura”; tal como se lee en las llamadas “Disposiciones transitorias y especiales”, artículo o “disposición” E), publicadas el 2 de febrero de 1967 por lo que hoy se conoce como IMPO.¹

No puedo dejar de mencionar que, en esa Constitución, Uruguay se ponía a la vanguardia de América Latina en relación con la creación de un Ministerio de Cultura, y, más aún, no puedo dejar de recordar que la doctora Alba Roballo fue la primera ministra al frente de esta nueva institución en nuestro país, aunque no llegó a durar más que unas pocas semanas.

El tema, sin embargo, sobre el que quiero reflexionar es que, luego de la eliminación del Ministerio de Cultura y su sustitución por el Ministerio de Educación y Cultura, nunca se tomó una decisión acerca de si otros ministerios, entes autónomos o personas no estatales debían compartir la tarea de velar por los valores y actividades culturales.

Sin embargo, a lo largo de los últimos 40 años, Ancap, Antel, UTE, el Banco de Seguros, el Banco de la República y el Banco Central del Uruguay –entre otros– realizaron “políticas públicas culturales” so pretexto de apoyos financieros o de programas propios; la inmensa mayoría de las veces sin convenios o coordinaciones con el Ministerio de Educación y Cultura. Esto también se aplica a varios ministerios, como el de Relaciones Exteriores, el de Desarrollo Social, el de Turismo o el de Salud. Esto ha resultado en que –cuando no media un convenio o una colaboración real entre estas instituciones– se termina duplicando lo invertido en políticas culturales o incluso, en algunos casos, sin haber planificado conjuntamente, se termina duplicando políticas e inversiones. Ha ocurrido que un ente autónomo o una sección de algún ministerio termina invirtiendo más que el propio Ministerio de Educación y Cultura o que la Dirección Nacional de Cultura, quienes por lo establecido en la Constitución son quienes tienen como tarea propia y fundamental llevar adelante las políticas culturales.

Es necesario señalar que, en muchas ocasiones, la intervención en políticas públicas culturales se realizaba mediante convenios, acuerdos o coordinaciones entre distintos ministerios y, en algunas escasas ocasiones, con distintos entes autónomos o con organismos como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y similares.

Este relacionamiento a nivel del Poder Ejecutivo referido a las políticas culturales no excluye la articulación en muchos casos entre el gobierno nacional y las intendencias o, incluso, el Congreso de Intendentes.²

La preocupación o pregunta inicial tiene que ver con responsabilidades, funciones, mandatos y también con el Presupuesto Nacional y las posteriores rendiciones de cuentas. Tiene que ver por la simple razón de que muchas veces lo invertido por ministerios, bancos o entes autónomos distintos al Ministerio de Educación y Cultura termina siendo varias veces mayor que lo que efectivamente invierte el organismo estatal que tiene a la cultura como una de sus tareas principales, según lo establecido en la Constitución de 1967.

Dicho lo anterior, creo que los convenios, los acuerdos y las coordinaciones –o las “colaboraciones”, como se expresa en 1967– a nivel de las políticas públicas culturales con el Ministerio de Educación y Cultura son bienvenidas y pueden ser de beneficio para todo el país y todas las instituciones estatales. Hay “ejemplos virtuosos” de estas colaboraciones con el Banco Central, con el Banco de la República y con varios ministerios, como ha sido el caso de colaboración o acuerdos con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Y esto es así por una simple razón: la cultura –artes, fiestas tradicionales, patrimonio, promoción internacional, atención a la diversidad y a los derechos culturales– es transversal a todos los niveles del Estado; del Estado nacional, de las intendencias y de los municipios.

A la hora de la elaboración del Presupuesto que las autoridades a nivel del Ejecutivo y del Legislativo están a punto de comenzar a discutir, es bueno no olvidar quiénes tienen constitucionalmente responsabilidades y tareas a realizar; pero además, que las políticas culturales no excluyen convenios ni coordinaciones entre distintas instituciones, aunque sus tareas constitucionales tengan otros objetivos fundamentales. De lo que se trata es del país en todo su territorio y a nivel internacional. La cultura y sus múltiples manifestaciones son tarea de todos. Lo anterior implica que cada uno deba “atender a su juego” y no meterse, sin convenios mediante, en las responsabilidades del otro destinando sus recursos para realizar políticas culturales que le corresponde realizar al Ministerio de Educación y Cultura y a la Dirección Nacional de Cultura. Esto sería mala gestión, confusión de roles y repartir mal los magros y escasos recursos.

No puedo terminar sin explicitar el título de estas reflexiones. ¿Por qué mencionar a la reina (o al rey) de Inglaterra? Por la sencilla razón de que no se debería reducir, o intentar sustituir, lo que corresponde realizar al Ministerio de Educación y Cultura por otras dependencias del Poder Ejecutivo. Las funciones del Ministerio de Educación y Cultura son claras y no corresponde que se lo obligue a jugar el papel de la monarquía inglesa, ya que al hacerlo terminaría en aquello de que “reina, pero no gobierna”.

Hugo Achugar fue director nacional de Cultura (2008-2015).