Esta semana hubo dos decisiones parlamentarias preocupantes. El miércoles, en el Senado, los partidos Nacional (PN) y Colorado (PC) pidieron que se postergara hasta el 30 de este mes la votación del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) porque no habían logrado acuerdos internos para negociar con el oficialismo frenteamplista la cuestión del aporte de afiliados activos y pasivos de esa institución. Al día siguiente, en la Cámara de Representantes, el PN, el PC y el Partido Independiente anunciaron que no habilitarán el acceso del Poder Ejecutivo a unos 1.200 millones de dólares adicionales para afrontar gastos heredados del gobierno anterior.

Estos gastos se deben a la postergación de pagos, sobre todo por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acompañada en 2024 por un adelanto de impuestos solicitado a las empresas públicas. La combinación de ambos factores produjo una imagen de mejoría ficticia en las cuentas públicas, que se disipó pronto.

A su vez, el proyecto aprobado por diputados opositores para el salvataje de la CJPPU carga al Estado con más desembolsos relevantes, de unos 15 millones de dólares mensuales sólo este año, al trasladarle todo el monto de lo que el Ejecutivo había planteado recaudar mediante aportes de activos y pasivos. La prórroga de la decisión parlamentaria ya obligó a las autoridades de la caja paraestatal a decidir que, por falta de fondos, pagarán sólo 75% de las jubilaciones el 31 de julio y el resto una semana después, el 7 de agosto.

El actual gobierno heredó, además del desequilibrio fiscal acelerado en el último período preelectoral, problemas sociales desatendidos y agravados durante cinco años, que requieren la asignación de recursos estatales. Las dos decisiones opositoras de esta semana no sólo complican el equilibrio fiscal; también acotan el margen disponible para políticas públicas que reduzcan daños.

El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo esta semana que de este modo “la oposición cogobierna”. Es más pertinente decir que impide, y que para perjudicar al gobierno del Frente Amplio no vacila en perjudicar al país.

El problema se agrava porque no se muestra con claridad quién es el responsable último de tal actitud. No se trata, por cierto, de Ojeda, que armoniza con dificultad las posiciones dentro de su sublema y no tiene realmente mando sobre el liderado por Pedro Bordaberry. El socio mayor de la oposición es, por lejos, el PN, que va camino a elegir una disputada presidencia de su directorio, pero cuyo jefe indiscutido es, desde fuera de ese organismo y sin dar la cara por lo que está haciendo su partido, Luis Lacalle Pou.

No es un secreto que el expresidente aspira a ganar un nuevo mandato en las elecciones de 2029, como representante de toda la actual oposición, pero hoy prefiere parecer ajeno a sus decisiones, en vez mostrar su tan proclamada voluntad de “hacerse cargo”. Es un estilo poco valeroso de conducción política.