Temu: los peligros de construir ciudadanía a través del consumo

Como cada año que se presenta una nueva ley presupuestal, se abren ventanas de oportunidad para dar múltiples discusiones. Algunos intercambios son absurdos, otros imprescindibles para el futuro del país y, finalmente, algunos, relevantes en términos teórico-políticos. En el grupo de los intercambios relevantes ubico al “impuesto Temu”. En el proyecto de ley de presupuesto remitido hace algunos días por el Poder Ejecutivo se proponen cambios en el régimen de franquicias internacionales. Esta modificación fue incorporada a raíz del crecimiento exponencial desde la llegada de la tienda Temu a Uruguay. La propuesta del gobierno planea gravar con un impuesto (IVA) las compras web que se realizan en China y eso podría generar algunos cambios en los hábitos de los consumidores. En el mensaje presupuestal se explica que el sistema de franquicia es valorado por los consumidores y facilita el arbitraje de precios.

A propósito de esta propuesta se dieron intercambios en la prensa que recorrieron diversos carriles. Por un lado, se pronunciaron voces que señalaron que el gobierno prefiere gravar el consumo de los pobres antes que gravar a los ricos (en alusión a la negativa del gobierno de habilitar la discusión sobre el 1% al 1%). Por otro, se apeló, desde el Poder Ejecutivo, a cierto chauvinismo del consumidor¹ y desde una de las oposiciones se insistió en el ya conocido argumento de la enorme carga impositiva del país y de la ausencia de relación directa entre la aplicación del impuesto Temu y el beneficio al ferretero.²

Cada uno de los intercambios tiene una buena dosis de chicana y algunas buenas razones de política. Pero aquí me propongo discutir el impuesto Temu desde otro lugar, desde la construcción de ciudadanía. Aunque al lector le parezca extraño, el impuesto Temu permite hablar de la situación de la ciudadanía actual.

Vamos en orden. En el estado actual del neoliberalismo, no es novedoso indicar que lentamente la noción de sujeto ciudadano se cambió por sujeto consumidor.³ Así, el consumo aparece como algo más que la adquisición de bienes y servicios porque implica la construcción de identidades, de procesos de diferenciación y ofrece un espejismo de instancias de participación en la vida social y política. Mediante el consumo, los sujetos expresan sus preferencias culturales, políticas, ideológicas y también demuestran sus demandas. Consumir es algo más que tener. Es pertenecer (o, por el contrario, no hacerlo y, como consecuencia, ser excluido). En el límite de este argumento se podría decir que, si formo parte de la comunidad política en la que estoy inmerso, en tanto consumo y repito “patrones de”, colocar un impuesto al consumo puede ser visto no como una medida de política económica pertinente en un contexto de necesidad fiscal, sino como una especie de laceración al ADN ciudadano. Junto con esa herida, podrían aparecer dos sentimientos o emociones sintomáticas del presente político: la frustración y el resentimiento. Si no puedo consumir lo que quiero, como quiero y cuando quiero (premisas que la ilusión del libre mercado ha machacado hasta el hartazgo), me frustro y me resiento con el gobernante que ha tomado la decisión que me impide ser.

El gobierno se enfrenta al dilema de siempre: sábana corta, cortísima, para demandas y expectativas grandes. Muy grandes, y justificadas, como en el caso de la Universidad de la República. Sin embargo, se ve ante una oportunidad histórica de no aumentar la frustración ciudadana, asumiendo los costos políticos de habilitar discusiones políticas en términos profundos. Bypasear, o evitar deliberadamente, decisiones de política pública que construyen ciudadanía es, otra vez, errarle a la orientación de la discusión y fomentar el descreimiento, la molestia y la apatía. Un hecho que debería incomodarle a un gobierno que se precia de ser progresista.

El ferretero amigo del secretario de Presidencia que se pone contento cuando gana Uruguay es, sin duda, un actor clave en esta ecuación presupuestal, pero también lo es la persona que compra en internet aquello que no necesita, pero lo hace para sentirse parte de un canon de consumo infinito. Esa discusión la tiene que plantear el Poder Ejecutivo. Es mano en un doble sentido. Primero, porque en un régimen presidencialista con democracia representativa el sistema es gobernado y gobernante al mismo tiempo (Sartori, 1995). En otras palabras, si bien el gobierno es controlado por la ciudadanía (y será penado o felicitado en el próximo ciclo electoral), también debería marcarnos un rumbo, un horizonte de acción. Al menos debería proponer la discusión, no esquivarla. En segundo lugar, porque en algún momento el Poder Ejecutivo tiene que hacerse cargo de que se hace política con las palabras y el sentido que les damos. En este contexto, mostrar que la discusión tributaria puede ser también espacio propicio para la construcción de ciudadanía sería interesante para dejar de hablar a los propios a través de la construcción de “hombres de paja”. Hoy es Temu, ¿y mañana?

El desafío, en medio de la discusión presupuestal, es hablarles a muchos otros que ni siquiera sabemos cómo piensan. Salir al encuentro de esos supone asumir la costosa tarea de construir ciudadanía política y alentar el debate político sustantivo que no abone dislates ni falsas oposiciones. Eso tendrían que hacer los políticos profesionales. Los que miran lejos.

Camila Zeballos es politóloga.