Las palabras y las cosas: de San Javier a Caracas

La mirada sobre los hechos más relevantes de los últimos días del año pasado y los primeros de 2026 se vio obligada a desplazarse a más de 3.300 millas de Uruguay. Se desplazó desde lo ocurrido en un tribunal de apelaciones uruguayo que resolvía una controversia sobre las condiciones de reclusión de siete exmilitares condenados por torturas en una pequeña localidad del departamento de Río Negro¹ hasta lo que estaba ocurriendo en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, invadida y bombardeada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La agresión militar, la invasión del territorio soberano de Venezuela, los asesinatos y el secuestro de la máxima autoridad de aquel país y de su esposa por parte de Estados Unidos, en la madrugada del tercer día del nuevo año, hizo que nuestra atención dejara de lado una actuación de la Justicia uruguaya, a pesar de que esta –según las palabras de los tres magistrados que la adoptaron– representaba una forma de administrar justicia, uno de los elementos más importantes para medir la calidad democrática de un país.

Contrastando con aquel acto elemental y esencial de lo que debe ser la justicia –referido a conductas criminales cometidas por agentes estatales en un pequeño rincón de lo que Donald Trump considera su “patio trasero”–, la política criminal, prepotente y autoritaria de Estados Unidos violaba normas destinadas a proteger algo de capital importancia: la soberanía de las naciones. La forma en que se respetan y aplican esas normas debe ser entendida también como una forma de evaluar la calidad democrática de los países.

Si la humanidad creyó en algún momento haber consensuado cuáles conductas nos reivindicaban como seres humanos y cuáles no, la política actual de Estados Unidos terminó de derribar ese consenso, esencial para naciones como Uruguay. Todo será posible. Ya no habrá límites.

Mientras ese atropello ocurría en el Caribe, en nuestro país la decisión del tribunal uruguayo, referida a conductas comprendidas en aquel consenso materializado en normas del derecho internacional –del mismo tenor que las que destruían las bombas sobre instalaciones venezolanas–, era fundamentada como una decisión en la que el tribunal estaba limitado por la mirilla del principio de congruencia; su decisión se limitaba a ver lo que las partes (el juez de primera instancia y la fiscalía) colocaban dentro del campo visual contemplado desde una estrecha abertura.

¿Cuáles son los hechos que los medios informativos y las redes sociales colocaron en estos días dentro de nuestro campo visual? ¿Cuál es la mirilla y de qué principios de congruencia se trata cuando se desmorona un andamiaje larga y trabajosamente construido para proteger a los países más débiles frente a las grandes potencias que se arrogan ser dueñas del mundo –o de parte de él–?

¿Son las fallas de la tecnología de punta de China y Rusia en materia de vigilancia electrónica, que debieron proteger a Venezuela? ¿Es la traición? ¿Es un pacto para evitar un baño de sangre? ¿Es la democracia o el petróleo? Todo es posible, porque la verdad es mentira.

La batalla cultural, la existencia de determinados valores que ordenen la vida de los seres humanos en sociedad siempre necesitan de un relato que, de alguna manera, nos organice y nos otorgue una pertenencia desde la cual podamos pensarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Las bombas sobre Caracas, paradójicamente, construyeron un mundo de incertidumbres y nos hicieron más individualistas. Lo que está sucediendo hoy es que no hay un relato: todo es posible. En ese escenario, la democracia es sólo “un ciudadano, un voto”, construido desde el aislamiento informativo al que se nos condena y desde el cual se construyen los Javier Milei, los Jair Bolsonaro, los Nayib Bukele, los Donald Trump y, por qué no, los Nicolás Maduro. Así, es posible que un secuestro transmute en una detención o un apresamiento y que los asesinatos se presenten como una “operación quirúrgica”.

El filósofo, historiador y sociólogo francés Michel Foucault, en la introducción de Las palabras y las cosas, se refiere a cómo los seres humanos nos organizamos para conocer el mundo a través del lenguaje. Afirma que las clasificaciones y los juicios que elaboramos sobre la realidad revelan la existencia previa de una estructura que determina lo que es posible pensar.

No hace mucho tiempo, en este pequeño rincón del patio trasero de Estados Unidos, los uruguayos debatimos y nos pronunciamos negativamente sobre la legalización de los allanamientos nocturnos por parte de nuestra fuerza policial.

A diferencia de Foucault, que debió recurrir a la imaginación de Jorge Luis Borges para ayudarnos a comprender la arbitrariedad y los límites que pueden imponerse sobre nuestra forma de pensar y entender la realidad, en estos tiempos marcados por el genocidio en Gaza, los ataques letales a embarcaciones en el mar Caribe, la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y la injerencia en las políticas de los países, es la realidad –dura y pura– la que debería provocarnos algo más que una condena meramente declarativa.

Uruguay debería llamar a consulta a su embajador en Estados Unidos y convocar al embajador de Estados Unidos en Uruguay, para hacerles saber que no somos el patio trasero de nadie y que las conductas que vulneran las normas del derecho internacional no nos son indiferentes.

Raúl Olivera Alfaro es fundador del Observatorio Luz Ibarburu.