El 1° de mayo del año pasado, el movimiento sindical planteó con claridad la importancia de gravar el 1% al patrimonio de la riqueza y que eso fuera destinado a ir resolviendo el problema de la pobreza infantil. Una propuesta muy seria y que lleva el aval de importantes académicos estudiosos del tema. Desde aquel momento hasta el día de hoy existieron variados argumentos, tanto a favor como en contra de dicha iniciativa.
Debemos tener muy claro que este debate atraviesa muchos países, y académicos de primerísimo nivel mundial señalan la importancia, ya no de tomar esta medida de gravar a los ricos, sino de hacerlo rápidamente. Así lo plantea nada más y nada menos que el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz: “Para que la democracia prevalezca sobre el cesarismo hay que gravar la riqueza extrema, y hay que hacerlo pronto”. Entendiendo por cesarismo un régimen coercitivo dominado por los ultrarricos, para evitar que suceda el gravamen.
Lo que está planteado aquí es una fuerte preocupación acerca de los peligros que corren las democracias frente a las desigualdades que cada vez son mayores en el mundo y en particular en nuestro continente.
Estoy convencido, desde que estudié la propuesta realizada por el movimiento sindical, de que no solamente es acertada, sino que, al contrario de debilitar al gobierno, lo fortalecería y mucho. Tenemos la obligación moral y política de cumplir, como Frente Amplio, con el programa que le ofrecimos a la ciudadanía al solicitar su voto.
Lo que es ya evidente es que la fuerza política, sí o sí, deberá discutir esta propuesta este año; con la madurez y amplitud que nos caracterizan, llegaremos sin duda a la mejor propuesta. Podrá ser esta u otra, pero lo real es que no podemos dejar de cumplir con nuestra histórica consigna “que pague más quien tiene más”.
Estoy convencido, desde que estudié la propuesta realizada por el movimiento sindical, de que no solamente es acertada, sino que, al contrario de debilitar al gobierno, lo fortalecería y mucho.
A todas luces está claro que el presupuesto que hemos aprobado no alcanza para todas las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Si bien es cierto que fue el que se pudo aprobar en función de la llamada “herencia maldita”, no puede ser este el argumento para no cumplir al cabo de los cinco años de gobierno.
Es imprescindible, entonces, este año, abrir el debate con la mayor fraternidad entre los compañeros y compañeras a los efectos de llegar a las mejores conclusiones.
No cabe duda de que el tema, desde el punto de vista político, ya cumplió un gran objetivo, que es haber abierto el debate sobre la riqueza, como hace muchísimos años no se colocaba en la agenda política.
Gustavo González es senador del Partido Socialista, Frente Amplio.