El lunes próximo, el presidente Yamandú Orsi le informará a la Asamblea General “sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención”. Es una obligación de los primeros mandatarios “al inicio de las sesiones ordinarias” de cada período legislativo (establecida en el artículo 168 de la Constitución, numeral 5), que casi siempre se ha cumplido mediante el envío de un documento.

Luis Lacalle Pou presentó personalmente al Parlamento los informes correspondientes a los cuatro primeros años de su mandato presidencial, y su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, lo había hecho una vez en 1991. Ahora Orsi también hablará ante la Asamblea General, y es posible que esto contribuya a instalar una tradición como la existente en otros países, pero lo más importante no es el aspecto formal sino el significado.

Durante otros gobiernos del Frente Amplio hubo informes presidenciales a la población en cadena de radio y televisión o en actos públicos, que subrayaban la voluntad de rendir cuentas a la ciudadanía. También es importante dar la cara y plantear ideas ante quienes integran las cámaras, por elección democrática con representación proporcional integral. En especial, cuando hay asperezas en las relaciones entre el oficialismo y la oposición, como ha sucedido más de una vez en los últimos 12 meses.

Algunos informes anteriores –en el Parlamento y fuera de él– incluyeron acumulaciones de datos que podían resultar abrumadoras o tediosas. Es comprensible que a cualquier presidente le interese señalar todo lo que ha hecho el gobierno que encabeza, pero quizá la diferencia de estos mensajes con las rendiciones de cuentas anuales debería ser cualitativa, por el contenido político.

En 2025 se trabajó con el presupuesto heredado del período de gobierno anterior. Ahora está vigente el aprobado a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo al Parlamento, modificada por un acuerdo muy amplio del oficialismo con el resto del sistema partidario. Es muy deseable que durante el año en curso tanto los acuerdos como las discrepancias correspondan a prioridades temáticas compartidas, en sintonía con los problemas más relevantes del país, con las urgencias cotidianas de las mayorías y muy especialmente con las de las personas más vulnerables.

Hay problemas heredados cuya resolución puede llevar años, y nuevas dificultades en un mundo cada vez más turbulento. Sin embargo, en este período de gobierno como en el anterior, la principal tarea de las autoridades nacionales no es señalar culpas ajenas ni plantear justificaciones, sino lograr resultados.

Resulta legítimo que la oposición critique las orientaciones gubernamentales, pero más valdría que no se quedara en eso y defendiera otras propuestas. Esto parece lo más acertado incluso desde la perspectiva electoralista, que no debería predominar tan temprano.

El mensaje del lunes puede contribuir a que el debate político de 2026 se centre en lo sustancial, y sería muy conveniente que así lo hiciera. El presidente de la República tiene la palabra.