Uruguay tiene problemas de seguridad pública y convivencia, que no han podido ser resueltos por sucesivos gobiernos. Ha ganado terreno la idea de articular amplios acuerdos en la materia, que permitan sostener, evaluar y ajustar los esfuerzos con una perspectiva estratégica. Varias noticias recientes mostraron que no será fácil.

El Poder Ejecutivo presentó el jueves un Plan Nacional de Seguridad Pública, producto de casi un año de elaboración con aportes de organizaciones políticas y sociales. Una semana antes, Equipos Consultores divulgó los resultados de una encuesta sobre simpatía hacia gobernantes de otros países, en la que el único saldo positivo fue el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA), el gobernante que cosechó más simpatías fue, por lejos, Luiz Inácio Lula da Silva, pero en segundo lugar se ubicó Bukele.

Es muy probable que las respuestas se deban a la percepción de que Bukele sí ha logrado resolver el problema de la seguridad, con mano dura contra las organizaciones criminales y encarcelamientos masivos. Que se crea posible y deseable hacer algo similar en Uruguay es desalentador.

Son enormes las diferencias entre El Salvador y nuestro país, desde lo geográfico hasta lo cultural. 12 años de guerra civil dejaron más de 75.000 personas muertas y unas 8.000 desaparecidas, con proliferación de la tenencia ilegal de armas y una masiva emigración a Estados Unidos. Allí, parte de la población migrante pasó a integrar pandillas y terminó deportada hacia su país, donde se dedicó sobre todo a la extorsión y la venta de drogas ilegales. Los desmanes del crimen organizado y sus enfrentamientos internos determinaron que El Salvador fuera uno de los países más violentos de la región, con tasas muy elevadas de homicidios.

En este escenario, Bukele ascendió, se impuso al anterior sistema bipartidista y consolidó un gobierno autoritario. Desde marzo de 2022, lo que planteó al inicio como un estado de excepción transitorio se ha prorrogado 49 veces, habilitando la detención y condena sin el debido proceso de unas 90.000 personas, entre otras violaciones de los derechos humanos. El crecimiento económico es insuficiente, la desigualdad es muy acentuada y El Salvador no tiene moneda propia desde el comienzo de este siglo. Corresponden más las condolencias que la simpatía.

Tras la presentación del Plan Nacional de Seguridad, desde la oposición hubo reacciones que parecen caer en tentaciones electoralistas muy peligrosas. Por un lado, la de acumular expresiones de desprecio y descalificación, para fortalecer un relato sobre la incompetencia del FA e incluso sobre su permeabilidad a los intereses del narcotráfico. Por otro lado, la de alentar fantasías sobre la viabilidad y conveniencia de imitar a Bukele.

Las políticas de Estado que Uruguay necesita requieren que los partidos estén dispuestos no solo a cooperar con actitud constructiva, sino también a facilitar la comprensión ciudadana de los problemas y de las medidas adecuadas para solucionarlos. Esto todavía es posible, y desaprovechar la oportunidad sería gravísimo.