Amanda Muñoz

El Colegio José Pedro Varela cumplirá 75 años en octubre, y este no es un año cualquiera: es crucial, porque si bien a comienzos de 2016 se logró evitar el cierre de la institución, todavía quedan desafíos por enfrentar, como deudas bancarias, créditos laborales por pagar y un descenso en la matrícula. Sin embargo, el proyecto tiene fortalezas, y se trabaja en varios sentidos para intentar mantenerlo. Todas las fichas están puestas en un crédito que se está tramitando ante el Banco República (BROU). Por si acaso, los trabajadores buscarán firmar en la próxima reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) un fideicomiso que les asegure cobrar lo que les corresponde.

Esta es la segunda temporada en que se limita el acceso a la playa de Aguas Corrientes, balneario ubicado sobre el río Santa Lucía en el que está la planta potabilizadora -fundada en 1871- que da nombre a la localidad. La playa no ha estado habilitada para baños este verano, por tener concentraciones de coliformes superiores a las permitidas, pero no por eso ha dejado de tener público ni bañistas. Los habitantes del lugar tienen que tramitar un pase libre -lo retiran de lunes a viernes de 17.00 a 19.00- y los foráneos deben pagar 50 pesos. El predio pertenece a OSE y fue cedido al Club Náutico Aguas Corrientes en 1950; allí funciona un camping con sus respectivos baños y una cantina. Los acampantes deben pagar 70 pesos por día.

El programa es parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y está dirigido a personas que vivan en sus casas y que tengan dependencia leve o moderada. Julio Bango, responsable de la Secretaría de Cuidados, mencionó, en diálogo con la diaria, el ejemplo de los destinatarios: “Una persona de 70 años que vive sola o con los hijos, que trabajan todo el día, y pasa mucho tiempo sola, y que de pronto tiene una situación no deseada, como sentirse mal o caerse mientras se ducha, y no puede dar cuenta de su situación”.

La organización no gubernamental Último Recurso tiene 27 años de trabajo en la prevención del suicidio. En 2004, a partir de las altas tasas de suicidio en los barrios del oeste de la capital del país, la Intendencia de Montevideo (IM) firmó un convenio con la organización. Las tasas de suicidio bajaron de manera importante, y se tejió una red social de contención. Pero a fines de setiembre la IM resolvió no renovar el convenio. Vecinos del Cerro y zonas aledañas plantearon a la diaria el problema, con la intención de salvar el programa.

Tiene en la tapa una cazuela de lentejas. Las páginas son amenas, con ilustraciones que aconsejan tomar agua en lugar de refrescos, prepararse la comida, hacerse un espacio para compartirla sentado a la mesa, y moverse en varios momentos del día. No es prohibitiva y da pautas de conducta que están al alcance de la mano. Es la Guía alimentaria para la población uruguaya, que presentará hoy el Ministerio de Salud (MS). Fue coordinada por Ximena Moratorio, responsable del Área Programática de Nutrición del MS, e Isabel Bove, asesora del ministro, y contó con el apoyo de la FAO y el asesoramiento de instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la salud, la infancia y la academia.

Desde ayer hasta hoy se desarrolla en Montevideo el Primer Congreso Uruguayo en Derecho Ambiental, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se hizo en la sala del Centro de Información Oficial (Impo), que se encontraba repleta de abogados que aspiraban a profundizar sus conocimientos en esta materia, nueva en el país.