Luis Rómboli

Falta más de un año para el primer domingo de junio de 2014, fecha en que se realizarán las elecciones internas de los partidos políticos. Sin embargo, en algunos lugares del país la campaña electoral ya comenzó a visualizarse.

La Fundación Vivian Trías organizó ayer un panel sobre el tema de los derechos humanos donde el tema central fue opinar sobre el traslado por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la jueza Mariana Mota y la sentencia que declaró inconstitucional la ley que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue más lejos en la mirada: “Hay que ver si lo de la SCJ es una manifestación aislada o pesa algo más general de personas que están al frente de determinadas reparticiones”, pero lo cierto es que “no tenemos una política definida del Estado diciendo que esto hay que investigarlo”.

Ayer tenía que presentarse a declarar como indagado el ex oficial del Regimiento de Caballería Nº 9 Julio Litovsky, citado por la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, pero el militar retirado no concurrió. La magistrada tiene a cargo la causa que investiga maltrato y abuso sexual contra 28 mujeres detenidas en diferentes dependencias militares durante la última dictadura. La denuncias fueron presentadas en octubre de 2011 e involucran no solamente a quienes cometieron los delitos sino también a los oficiales que no actuaron para evitarlos.

Hoy comienza en Buenos Aires un juicio que abarca 106 casos de víctimas del Plan Cóndor, entre las que se encuentran 48 uruguayos, así como argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos y un peruano. El ex militar uruguayo Juan Manuel Cordero es uno de los imputados.

La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) decidió este sábado desvincular del sector y solicitarle la banca al diputado por Florida Álvaro Vega, por haberse "autoexcluido" de la formación, y remitir el caso del diputado canario Esteban Pérez a la Comisión de Ética de la organización. Pérez se negó a votar la prórroga de la permanencia por un año de las tropas uruguayas en Haití, algo que la bancada del Frente Amplio (FA) había resuelto acompañar.

El consejo de salarios del subgrupo "Televisión para abonados de Montevideo" se reunió ayer para discutir una interpretación de categorías establecidas en el convenio colectivo firmado en octubre de 2006. Los trabajadores entienden que las categorías de conductor de automóviles y de técnico instalador están separadas, pero desde hace años las empresas del sector “hacen manejar las camionetas a los técnicos”. La Asociación de la Prensa Uruguaya acompaña la lectura que los trabajadores hacen del convenio, y lo mismo interpretó la Dirección Nacional de Trabajo. La negociación seguirá el 4 de febrero.

El ex director general de Salud Yamandú Bermúdez desmintió que haya sido removido porque su dedicación a la tarea era un obstáculo para agilizar la descentralización de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), algo exigido por el presidente José Mujica, y explicó que su alejamiento se debe a “diferencias ideológicas” con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). Bermúdez considera que existen los recursos para tener una asistencia pública “mejor que la privada”, pero para eso “hay que trabajar duro y estar convencido de la reforma”. Confirmó que planteará la discusión del tema en el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Frente Amplio (FA).

El lunes el Senado concedió por unanimidad la venia a los doctores Pablo Chilibroste, Rodolfo Silveira y María Antonia Grompone para integrar el Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica, que tendrá sede en el interior. Previo a la sesión, los tres académicos propuestos por el Poder Ejecutivo fueron recibidos por la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado conjuntamente con la Comisión de Educación y Cultura. En esa instancia adelantaron algunas de las orientaciones que le piensan dar al nuevo ente autónomo.

Empleados de Aratirí se aferran al proyecto, aunque su futuro es incierto y la división que causó entre vecinos parece insalvable.

Por iniciativa de la dirección y del Consejo de Participación de la UTU de Paso de los Toros, localidad ubicada en el departamento de Tacuarembó, un conjunto de organizaciones conformó una comisión para promover que la localidad sea elegida como sede de la nueva Universidad Tecnológica (Utec), recientemente aprobada por ley.

La Unión Nacional de Asalariados Rurales y Afines (UNATRA) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguirdad Social la situación de dos asalariados rurales que se encuentran "encerrados" en la estancia Las Merceditas, ubicada sobre la ruta 45, cerca de Sarandí Grande. Además de ésta, el sindicato denuncia otras violaciones al Estatuto del Trabajadopr Rural.

Tras la aprobación de la ley que creó la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), el presidente José Mujica se apresta en este mes a designar a los tres integrantes del Consejo Directivo Central (CDC) provisorio que dirigirá el nuevo ente autónomo durante tres años, y a definir la ubicación de la sede central de la institución. Legisladores y técnicos que integraron la comisión multipartidaria que proyectó la Utec coincidieron en que la casa central debería estar en el centro del país.

César Rodríguez es una de las caras visibles del Sindicato de Peones de Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a trabajadores de Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus integrantes fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias audiencias, el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera “más reacciones” de ese tipo contra la incipiente organización sindical.

El presidente José Mujica dijo ayer que el Plan Juntos consiguió construir 1.500 soluciones habitacionales durante 2012, atendiendo a “unas 4.000 familias de tres, cuatro y cinco personas”, que en su “mayoría son mujeres con varios hijos”. En declaraciones a Montecarlo, aseguró que no cree que “se pueda construir casas más baratas, sólidas y habitables” que las del Plan.

El estanciero Diego Ortiz, propietario del establecimiento La Tortuga, ubicado en Pueblo del Barro, departamento de Tacuarembó, aceptó ayer reintegrar al trabajador rural que había despedido el 3 de diciembre, un día después de participar en una reunión del Sindicato de Peones de Estancias, una organización de base que nuclea a asalariados rurales de establecimientos ganaderos extensivos, y que funciona vinculado a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).