Referente del Observatorio Luz Ibarburu sostiene que el Grupo por Verdad y Justicia ha sido “inoperante”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) recibirá el 25 de mayo al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos en Uruguay. Raúl Olivera, junto al abogado Pablo Chargoñia, representarán al Observatorio en esa instancia. Olivera explicó a la diaria que señalarán al sistema interamericano el “empantanamiento” de las causas judiciales vinculadas al pasado reciente en Uruguay y la “falta de interés del Estado” en que esto cambie.

¿Qué planteos van a realizar a la CIDH?

Serán en función de un tema que veníamos analizando desde hace mucho tiempo, que es el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Habíamos realizado un pedido de información a Presidencia de la República para que nos comunicaran cuáles eran las respuestas que el Estado uruguayo había dado a la Corte Interamericana, para saber qué es lo que opina el Estado sobre su propio accionar. Hicimos una solicitud (ante la CIDH) que también incluye las amenazas del “Comando Barneix”. Lo que se trata es de analizar la independencia de los operadores del sistema judicial acá en Uruguay. Cierta jurisprudencia que existe en la Corte dice que cuando hay amenazas y presiones sobre distintos operadores del sistema judicial y de derechos humanos, de alguna manera se está afectando la vida democrática. Como la amenaza al “Comando Barneix” implicaba no solamente al responsable del equipo jurídico del Observatorio, el doctor Pablo Chargoñia, sino a un conjunto de abogados, todos ellos vinculados al Observatorio, eso motivó que el 1º de marzo mandáramos la solicitud. Por un lado, vamos a historiar las distintas amenazas, veladas o no tanto: el robo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, y otras situaciones que buscaron menoscabar la independencia, ya sea de los fiscales, en el caso de Mirtha Guianze, por ejemplo, o de los jueces. Vamos a hacer un petitorio específico sobre los reclamos que buscamos que la Corte haga al Estado uruguayo.

¿Cuáles son esos reclamos?

La sentencia de la Corte Interamericana (en el caso Gelman) dice que no debe haber ninguna traba para el proceso de justicia. El gobierno tomó algunas medidas: desactivó las decisiones administrativas que habían comprendido los antiguos casos en la ley de caducidad, porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la declaró inconstitucional. Lo que sigue en el debate es la prescripción, y el uso abusivo, permitido por el sistema judicial, de los recursos que presentan los defensores de los militares. A nosotros nos parece que son pertinentes. Está bien que los presenten, pero no puede ser que esos recursos paren las investigaciones, y que sean en el marco de una estrategia de dilación. Hay una estrategia de dilación de los abogados de los militares tratando de estirar esto para que pase el tiempo, se mueran los acusados y termine la causa penal. Frente a eso, el Estado no actúa en consecuencia para que esa dilación sea la menor posible, en función de que hubo 40 años en los que no pudo actuar la Justicia por propia decisión de los organismos estatales.

Hay un mecanismo que se repite, independientemente de los juzgados.

Se repite, y en cascada: primero es la inconstitucionalidad de la ley, que implica que los expedientes se paralicen, vayan a la SCJ, pasen alrededor de nueve meses, y si hay cinco imputados, lo presentan de a uno y no todos juntos. Después van a apelaciones pidiendo la prescripción. Y la sentencia Gelman planteó que Uruguay debía legislar para penalizar determinado tipo de delitos, y salvo estos últimos meses, que hubo procesamientos por tortura, acá en Uruguay no existía ninguno. A las desapariciones se les aplica el homicidio y no la desaparición, y no ha habido ninguna condena por apropiación de menores, cuando se sabe que acá en Uruguay hubo por lo menos una docena.

¿Hay expedientes de esos casos?

Está el caso de [los hermanos] Julien, el caso de Simón [Riquelo]. Lo que nosotros evaluamos es que hay un empantanamiento y una falta de interés del Estado en que eso termine. Cuando hablamos del Estado, no partimos las responsabilidades: hablamos del Poder Judicial, del Parlamento y del Poder Ejecutivo. El Parlamento de alguna manera tiene que estar vigilante en el cumplimiento de las leyes; no creemos que hoy tenga una visión de vigilancia sobre eso. En el Ejecutivo se han creado algunos instrumentos, como el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la unidad especial del Ministerio del Interior, la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz, un montón de organismos que para nosotros son inoperantes, no han sido eficaces. Si no, no se explica por qué se avanza tan poco.

¿En qué situación están las excavaciones?

Sobre eso también hay cierto marco de silencio, no hay una democratización de la información de qué pasa con eso. Hay dos expedientes en los que están radicadas búsquedas de restos en unidades militares; uno es la Montañesa, una causa que tiene siete u ocho años, y el Batallón 13, creemos que vinculado al caso Gelman. Después, no conocemos otros casos.

¿Qué podría implicar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal para las causas?

Nada. Tiene efectos sobre las futuras causas, pero sobre las actuales no. También tenemos dudas, porque ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento para crear la fiscalía especializada en derechos humanos. Nosotros pensamos que está bien que haya una unidad que se ocupe de esos temas, porque al condensar la información de todas las causas, puede tener una visión global de la actuación del Estado terrorista. Ahora, si a esa unidad no se le da suficiente personal y recursos, se crea un organismo que no va a poder abarcar el universo de causas. Hay alrededor de 300 expedientes radicados en todo el país. Si no tiene personal, puede ser un organismo ineficaz.

Otra circunstancia que ha afectado los procesos han sido los cambios y rotaciones de jueces.

Eso ha sucedido últimamente. Desde el traslado de Mariana Mota, ha sucedido reiteradas veces. El cambio de juez y de fiscal, si bien se puede decir que es una medida administrativa y que está dentro del funcionamiento normal, creo que debe ser tenido en cuenta, porque son expedientes complejos de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Lo que percibimos es que hoy en el Poder Judicial no tenemos una situación como antes, que cuando íbamos a presentar una causa estábamos mirando en qué juzgado la radicábamos y qué fiscal nos tocaba para que por lo menos fuera alguien que tuviera un pensamiento más afín con el derecho internacional. Hoy, en general, no encontramos esa dificultad, ni en los fiscales ni en los jueces, pero sí encontramos distinto empeño en el cumplimiento de su función. Tenemos fiscales que estudian los expedientes y otros que no, que hace que a veces se suspendan audiencias. Y entre los jueces, hay quienes son más eficaces y más inteligentes para manejar los interrogatorios de los militares, y otros que no. Y después, está la preocupación de fundamentar. Hay sentencias muy interesantes y muy bien fundamentadas, como la del juez [José] Gómez y la del juez Fernando Cardinal, que tienen efectos en el resto de las sentencias, incluso para cambiar las posiciones que tenían originariamente algunos ministros de la SCJ.

¿Hay algún pedido de procesamiento pendiente?

Aproximadamente 30.