La comisión investigadora sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur) concluyó este martes su trabajo. Mientras que el oficialismo elaboró un informe en mayoría en el que defiende el accionar del exministro de Turismo, Germán Cardoso, la oposición advierte sobre “las irregularidades” constatadas y el “desapego a las normas vigentes sobre el manejo de la administración”. La Cámara de Diputados analizará el jueves 9 las conclusiones a las que arribó la investigadora sobre la gestión de la cartera desde 2010.

El informe en minoría, elaborado por el Frente Amplio (FA), concluyó que “las presunciones de irregularidad” que plantearon al inicio de la investigadora “se fueron haciendo realidad a medida que nos introducíamos en el procesamiento de documentación, datos y testimonios. Incluso, en un número importante de casos, las irregularidades constatadas superaron las previstas y aparecieron nuevos elementos”. Hacen hincapié en que el “principal responsable (no único)” es Cardoso, quien es el “jerarca administrativa y jurídicamente responsable” de los hechos denunciados.

El FA propone que todos los antecedentes y la documentación de la investigadora se remitan a la fiscalía que investiga la denuncia penal que presentaron los legisladores sobre el accionar de Cardoso.

Para el FA, quedó demostrado que hubo “discrecionalidad en el uso de la compra directa como regla”. La oposición apuntó que nunca negó la legalidad de este mecanismo, pero “sucede que esa posibilidad prevista en el marco normativo no debe ser la regla, sino la excepción, y por tanto lo que se pone en duda no es la herramienta ‘compra directa’ sino su alcance y sus formas”.

Reiteraron que si se toma en cuenta los números del período anterior (2015-2019), la inversión en publicidad en la vía pública fue de 210.000 dólares anuales y se hizo en un promedio de seis empresas diferentes, mientras que durante el período con Cardoso al frente, en un año, “se presenta un expediente para la compra de publicidad en la vía pública por más de un millón de dólares”, aunque señalan que “esa compra finalmente no se concretó” por la negativa de Martín Pérez Banchero, exdirector nacional de Turismo, quien denunció públicamente varios de estos hechos.

Entre los diversos aspectos analizados, el FA señala la falta de “anuencia” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Tribunal de Cuentas, irregularidades en la contratación de la publicidad en vía pública, por ejemplo, en el caso de dos empresas para la temporada, donde el MEF “informa a los efectos de otorgar la certificación requerida por el TOCAF que la misma debió ingresar al menos tres días antes de la contratación y según la información volcada por el Ministerio de Turismo la ejecución ya estaba en proceso desde octubre de 2020, habiendo ingresado la solicitud recién en diciembre de dicho año”.

La oposición también agregó que “se constató que muchas de las contrataciones de publicidad fueron realizadas sin informe previo de la agencia de publicidad Young & Rubicam, que se dedica desde hace casi dos décadas a asesorar al Ministerio de Turismo en materia de contrataciones”.

En particular, el FA cuestionó el proceso de contratación de la empresa Kirma, al que calificó como “plagado de irregularidades, de marchas y contramarchas y de versiones contradictorias entre quienes participaron en el proceso”. Se menciona, entre otras cosas, la creación reciente de su página web; la factura que presentó Kirma, en la que “no figura identificación de registro ante la autoridad tributaria la inscripción”; la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado por parte de Daniel Reta, adjunto de Cardoso, quien en comisión “negó toda vinculación y conocimiento con la empresa”. Otro de los puntos que el FA cuestiona es el rol del “colaborador honorario” Elbio Rodríguez, quien presentó Kirma Services a Young & Rubicam. El Mintur resolvió contratar sus servicios por 280.000 dólares, pero el Banco República alertó que la cuenta indicada para la transferencia no cumplía con los requisitos para prevenir el lavado de activos. La empresa de Estonia finalmente se retiró del negocio cuando el tema adquirió estado público.

Sobre este punto, el FA consideró que “quedaron definidas claras contradicciones en relación a la participación del Sr. Elbio Rodríguez dentro del Ministerio y sus acciones a nivel privado. Su papel reconocido expresamente fue el de colaborar honorariamente, asesorando y acercando empresas y sugiriendo acciones, aunque formalmente nunca ocupó ni fue designado en condición de asesor ni funcionario público”.

La oposición concluyó que Cardoso tuvo una “clara responsabilidad” en los hechos y puso en “grave riesgo el prestigio de la administración pública”. “El accionar desmedido, discrecional e irregular de un servidor público como es un ministro de Estado le ha generado un daño institucional enorme a la administración pública toda, pero en particular al Ministerio de Turismo”, se señala.

“Un ministerio especial y distinto a los otros”

En el informe de mayoría del oficialismo, respecto de las compras directas se sostiene que el “Ministerio de Turismo es un ministerio especial y distinto a los otros”, ya que la mayoría de su presupuesto se destina a publicidad y trabaja con una agencia de medios para esa tarea. “En las actuaciones de esta Comisión quedó claro que el Ministerio de Turismo habitualmente se maneja con compras directas (sin licitación) en materia publicitaria, por la especificidad del tipo de publicidad ajustada a las campañas y objetivos del ministerio, por el público objetivo al que se intenta llegar, y por las posiciones y servicios que las empresas pueden ofrecer”, se indicó.

Se advierte que la “certificación del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] está establecida en el Decreto 90/000 para los casos de compra directa por motivos de urgencia, “solicitud que deberá contener en forma fundada la justificación de la causal invocada y deberá estar acompañada de la constancia de disponibilidad de crédito exigida conjuntamente con otros requisitos”. Si bien se señala que “este requisito no siempre se cumplió durante la administración Cardoso, lo mismo sucedió durante la administración [de Liliam] Kechichian, como ella misma y el ex subsecretario [Benjamín] Liberoff lo reconocieron en comisión”.

En relación a la contratación de Kirma, el oficialismo enumera los hechos relatados por Cardoso en la comisión y manifiesta que finalmente “la situación no produjo daño para la administración ni tampoco para la empresa, en la medida en que es ella misma la que desiste de la contratación, retirando su oferta”.

Tras un “estudio y análisis exhaustivo”, la coalición sostiene en el informe que no constató ilicitudes o irregularidades en el proceder de Cardoso. En el caso de la gestión de Kechichian, “entendemos que si bien se manejó en la compra de medios con los mismos criterios que la administración Cardoso (contrataciones directas con observaciones del Tribunal de Cuentas, falta de certificación del MEF en algunos expedientes), los cuales pueden ser discutibles desde el punto de la oportunidad o conveniencia, pero a nuestro juicio no desde el punto de vista jurídico, porque no observamos apartamiento de las normas”.

De todas formas, señalan que puede haber “elementos que nos hacen sugerir que la Justicia pueda continuar con la investigación sobre el convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y Deporte y la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay (UGAB), para que se puedan esclarecer los hechos referidos”. En comisión, Cardoso había cuestionado el contrato firmado en 2015 con UGAB por parte de la Secretaría Nacional de Deporte para usar las instalaciones deportivas de un club de su propiedad por cinco años, y le preguntó a Kechichian si integra o formaba parte de alguna asociación de la comunidad armenia.

Finalmente, argumentan que, en pos de la transparencia, “para que todos los ciudadanos puedan saber lo que realmente sucedió durante la gestión Cardoso y Kechichian” y dado que el FA ya había presentado una denuncia penal, resolvieron proponer que se envíen los antecedentes de la investigadora a la Fiscalía.