Los candidatos estarán “obligados” a hablar sobre los plebiscitos en el marco de la campaña, señalan politólogos

Las próximas elecciones tomarán protagonismo no sólo por las propuestas de cada partido y el enfoque que les darán los distintos candidatos presidenciales, sino también por los plebiscitos que, posiblemente, se den en la misma fecha. El último en confirmarse es el que lograron los blancos esta semana para modificar la Constitución, en concreto su artículo 11, para habilitar los allanamientos nocturnos.

Carlos Camy, senador del Partido Nacional (PN) y quien recolectó las firmas de dos quintos de la Asamblea General, recogió 71 rúbricas, que se dividen entre diputados y senadores de la coalición de gobierno y del Partido Ecologista Radical Intransigente. Según Camy, la prohibición de los allanamientos nocturnos ha hecho que el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia “se valgan de esta ventaja que les otorga la Constitución de la República o esta disposición para llevar adelante sus actividades delictivas en la noche”.

Esto, sin embargo, es criticado por el Frente Amplio (FA). La oposición entiende que el gobierno lanza esta propuesta ahora porque “no le encontró la vuelta a la crisis de seguridad en el país”, según comentó esta semana el diputado Sebastián Valdomir. Por su parte, la intendenta de Montevideo y precandidata por el FA, Carolina Cosse, entiende que se trata de un “manotón de ahogado”.

A su vez, tanto Cabildo Abierto (CA) como el PIT-CNT, junto a algunos sectores del FA, se encuentran recolectando firmas para, por un lado, reformar la carta magna para la reestructura de la deuda de las personas físicas y, por otro, impulsar un plebiscito para derogar las AFAP, que la edad de jubilación se mantenga en 60 años y establecer que los montos de las jubilaciones y pensiones mínimas estén por encima de la línea de pobreza.

Guillermo Domenech, senador de CA y promotor de la recolección de firmas contra la “usura y por una deuda más justa”, dijo que esa labor será “prioridad” en el año que se avecina. Al igual que para los otros plebiscitos, excepto el referido a los allanamientos nocturnos, se deberá juntar cerca de 270.000 firmas para habilitar que se sometan a las urnas en octubre de 2024 antes de que cierre abril. Según dijo a la diaria Domenech, llevan “algo más” de 100.000 firmas. A propósito, piensa que llegarán al objetivo: “Vamos muy bien. Tenemos pensado que hay un 18% o 20% de la población que va a firmar. Esa es la estimación que tenemos. Porque firma gente de todos los partidos, no sólo de la coalición”, expresó.

En tanto, en el PIT-CNT estiman que llegaron casi a 70.000 firmas. Juan González, presidente del sindicato de postales, expresó a la diaria que esa cifra “hoy está muy por encima” dado que en los últimos días “ha sido muy bueno el número de recolección”. González adelantó que en los primeros días de enero harán otro anuncio respecto de la cifra a la que arribaron. “Creo que lo más importante es lo que se ve en la calle. Lo que ves es que la gente realmente firma, firma y firma, y realmente eso es lo que da para generar expectativas”, opinó González.

En verano la recolección no parará. “Hay que reconvertirse un poco, capaz a modo playa, carnaval. En algún lado está la gente, y eso ya lo venimos pensando”, dijo. “Tenemos hasta abril, así que está la Semana de Turismo, en la que también hay distintos lugares donde se concentra mucha gente. Pero seguramente vamos a estar saliendo por los balnearios, y también en Carnaval va a haber una movida fuerte”, adelantó.

Asimismo, también se recolectan firmas para plebiscitar que el Estado no pueda hacer contratos de largo plazo sin aprobación parlamentaria. Esta acción la lleva adelante el movimiento Uruguay Soberano, liderado por el abogado Hoenir Sarthou.

¿Desconcentra la campaña?

El politólogo Antonio Cardarello señaló en diálogo con la diaria que hay “cierta continuidad” con lo que pasó en los dos ciclos electorales anteriores. Tanto en 2014, con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, del por entonces senador colorado Pedro Bordaberry, como también la propuesta de Vivir sin Miedo del por entonces senador blanco Jorge Larrañaga, en 2019.

“Parece que la derecha tomó de la izquierda el modelo de apoyarse en instancias de democracia directa para provocar, por un lado, marcar la agenda de la campaña y, por otro, movilizar a ciertos sectores de opinión pública que están de acuerdo con propuestas de ese tipo de tono un tanto más represivas que las que propone generalmente el FA cuando se discute sobre temas de seguridad”, apuntó, con relación al plebiscito de allanamientos nocturnos.

Según Cardarello, varios sectores políticos tienen su propia iniciativa que busca “movilizar, marcar agenda, centrar la atención sobre determinados asuntos o problemas”. En ese sentido, consideró que “obviamente” eso va a obligar a los partidos políticos y a todos los candidatos a pronunciarse “bastante claramente sobre si apoyan o no cada una de esas instancias”.

“El FA ya pasó por estas cuestiones cuando era gobierno. En 2009 se plebiscitó, por un lado, la anulación de la ley de caducidad y, por otro, la posibilidad del voto epistolar para los ciudadanos que viven en el exterior. A ambas les dio un apoyo crítico, pero tampoco comprometió todo el peso de la fuerza política para lograr que los plebiscitos salieran airosos”, sostuvo.

Incluso recordó que la fórmula presidencial de aquel momento, integrada por José Mujica y Danilo Astori, no tuvo entre sus principales temas de campaña ninguno de los dos plebiscitos. En el último, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, no acompañó la reforma impulsada por alguien de su propio partido, que era Larrañaga. “Tenemos ejemplos de casos en los que los partidos no se han involucrado 100% con plebiscitos que en principio estarían apoyando”, opinó.

Por su parte, el también politólogo Mauro Casa maneja la hipótesis de que cuantas más propuestas de reforma constitucional se “amontonan, y sobre todo cuando no tienen que ver entre sí”, es decir, que dividen la “atención y el debate”, más fragmentan la opinión pública y cada una de ellas “tiene menor chance de éxito”.

Asimismo, dijo que el plebiscito de allanamientos nocturnos, así como las otras posibles consultas que están a la espera de recolectar las firmas, “obliga a los candidatos a pronunciarse y a discutir sobre temas que de repente no son sus temas de agenda, sobre los cuales ellos quisieran poner eje en sus respectivas campañas”.

A modo de ejemplo, citó a Robert Silva, y señaló que si fuera candidato del Partido Colorado (PC), querría hablar de educación, “de por qué considera que la transformación educativa que él llevó adelante es un éxito y cómo podría extrapolar ese éxito, entre comillas, a otras áreas de política pública. Ese quiere que sea el foco”. Mientras tanto, el precandidato blanco Álvaro Delgado querría poder hablar, si llega a ser candidato del PN, “de lo que considera son los éxitos de Lacalle Pou”.

“[Yamandú] Orsi o [Carolina] Cosse tendrían otros énfasis también, de crítica al gobierno, de centrarse mucho más en por qué cambiar este gobierno, en cuáles han sido las aristas más complicadas de la gestión de Lacalle Pou, y por qué volver a apostar por el FA. Entonces, me parece que les complica a todos los candidatos que haya un menú grande de propuestas sobre las cuales tienen que hablar, que tratar de posicionarse de una forma que no pierdan votos, que no pierdan apoyos”, dijo en diálogo con la diaria.

El académico indicó que en el caso de que el plebiscito de la reestructuración de deudas sea una realidad, “obliga a todos los candidatos a hablar de un tema que es incómodo”. “¿Por qué? Porque es incómodo, porque ningún partido de los grandes que ha gobernado Uruguay le ha entrado a ese tema. El FA no ha hecho nada por una reestructuración de deudas, y frente a un problema grave que tiene la sociedad, que es el endeudamiento, es uno de los responsables, porque fue gobierno 15 años y no ha acometido reformas al respecto. Lo mismo el PN, el PC, que ahora son parte de una coalición de gobierno que tampoco ha resuelto esos problemas”, agregó.

A la espera de las firmas

Casa dijo a la diaria que si ambas iniciativas, tanto la de CA como la del PIT-CNT, logran entrar en la agenda de discusión, van a recolectar las firmas, porque “son temas en los cuales hay muchas personas que están interesadas”. “Son temas que hacen a la vida cotidiana de la gente”, agregó.

No obstante, consideró que los temas no se están discutiendo, sobre todo el de CA. “Me parece que está más lejos por una cuestión de que el tema es muy urticante, que muchas familias de Uruguay sufren por eso, pero creo que no han logrado meterse en la discusión, y CA no tiene un aparato militante sólido con capacidad para la recolección de firmas”, agregó.

“No tiene presencia estable en todo el país, no tiene un cuerpo de militantes con experiencia en la recolección de firmas. Juntar firmas es todo un arte, lo sabe cualquier militante, cualquier simpatizante de una causa que lo haya intentado. No es nada fácil convencer, explicar, ser rápido en lograr respuesta, lograr una interacción exitosa con las personas que siempre están pensando en otra cosa y siempre es uno el que las va a molestar para pedirles una firma por un tema que quizás no les es familiar”, expresó.

De acuerdo a Casa, los militantes de izquierda tienen mucha más experiencia en eso porque juntan firmas “desde que el mundo es mundo”. “Veo difícil que un partido como CA, que no es un partido de militancia territorial, sino que es un partido con otras características, pueda hacer ese ejercicio de una manera rápida, eficaz”.

Mientras tanto, en el caso del plebiscito de la reforma de la seguridad social, sí cree que es “bastante más probable” que se llegue a las firmas, porque si el PIT-CNT “se lo echa al hombro” y cuenta con apoyo de sectores del FA, como comunistas y socialistas, “debería haber el suficiente músculo militante para llegar”. De todos modos, consideró que “por ahora” no se ve un despliegue suficiente.

Por último, Casa dijo que cualquiera de las propuestas que logre llegar a la instancia del plebiscito “reconfigura el mapa” porque obliga a posicionarse y a que los candidatos “hagan equilibrio entre no dejar tiradas a sus bases que apoyan esas propuestas, pero a la vez apelar a un elector más general, al famoso votante medio, que probablemente sea más orejano al respecto”.