Mientras que por un lado, se discute sobre beneficios y cambios en torno a la reforma de seguridad social, otros debates, aun cuando involucren a los mismos actores -la corporación militar, los partidos políticos y las relaciones intraparlamentarias-, quedan, metafóricamente y no tanto, de espaldas a la opinión pública. Por ejemplo, ¿qué pasará y por qué se modificará la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (FFAA), la 19.775, que rige, apenas, desde 2019? Un dato: la anterior ley tenía casi 50 años de vigencia y era de 1974, sancionada en plena dictadura militar.
“Creo que una norma de esta importancia no debería ser modificada cada vez que cambie el gobierno de turno. Y resulta llamativo que tampoco fue modificada por parte de los gobiernos sucesivos del Partido Colorado y el Partido Nacional que alternaron entre 1985 y 2005”, señaló a la diaria la senadora del Frente Amplio (FA) Sandra Laso, presidenta de la Comisión de Defensa en el Senado. En los últimos días, a instancias de su compañero de bancada, el senador Alejandro Sánchez, la comisión remitió una nota al ministro de Defensa, Javier García, con un pedido de explicación detallada sobre los fundamentos que promueven algunos aspectos de la modificación propuesta.
“Un primer análisis del proyecto nos indica que los cambios en algunos casos se orientan en una filosofía diametralmente opuesta a la que impregnó la redacción que presentamos en 2018”, explicó Laso. El FA está dispuesto a trabajar y revisar el articulado en detalle. Así lo señaló también el senador Mario Bergara, que prefirió no expedirse sobre la normativa hasta que no se hiciera ese trabajo minucioso. Por su parte, Laso explicó que “a priori” está en desacuerdo, y que precisan conocer fundamentos respecto de “la conjuntez, de la situación de reforma, de los requisitos solicitados para el ingreso desde el punto de vista educativo formal, de los cambios en lo que refiere a algunos aspectos de jurisdicción de Armada o espacio aéreo, y si se consultó a los directamente involucrados”.
La modificación de la norma respondería, según lo explicó en su visita a la comisión parlamentaria en 2022 el ministro de Defensa, a la necesidad de modernizar la ley, con algunas “continuidades y algunos cambios”: unificar el funcionamiento de las fuerzas, por ejemplo, y modificar algunas de las misiones. En ese entonces solicitó que la norma fuese votada ese año, pero la oposición planteó la necesidad de discutir en profundidad el articulado y todos los actores convinieron en que quedaría para después de votar la reforma de la seguridad social. El momento parece haber llegado y los debates empiezan a cobrar forma.
Algunas de las modificaciones previstas en el proyecto levantan las sospechas de uno de los pocos especialistas académicos y civiles sobre temas militares y de defensa en Uruguay, Julián González Guyer, doctor en Ciencia Política y profesor grado 3 de la Universidad de la República, que observa un espíritu “expansivo” de las fuerzas. Consultado por la diaria, señaló que tanto la modificación de 2019 efectuada por el gobierno del FA como esta fueron hechas a medida de los intereses militares.
Sobre esta acusación, fuentes del ministerio consultadas por este medio aseguraron que el “proyecto reafirma el concepto constitucional del mando civil y político sobre las FFAA”.
Los cuestionamientos de González Guyer no acaban ahí. De acuerdo a su análisis detallado de las modificaciones, los riesgos son varios: “Por un lado, se incrementan prerrogativas a los comandantes en jefe de las FFAA, en desmedro del ministro de Defensa, del Estado mayor de la Defensa, y del Legislativo; por otro, la nueva jerarquía que crean, el coronel mayor comodoro, y quienes pueden ascender a general son los que tienen ese grado: retrotraen a lo que pasaba en la dictadura, cuando sólo podían nombrar a determinadas personas. Por último, se añade entre las misiones la defensa de la nación, que es muy complicado, porque el concepto de nación es muy amplio y toca elementos como tradición, identidad nacional, valores, es algo indeterminado y permite que unas FFAA que no dejaron de lado la Doctrina de Seguridad Nacional muy fácilmente puedan asumir el tutelaje de la sociedad”.
Por su parte, Laso considera que la ley de 2019 “comenzaba un proceso de integración de las FFAA en la sociedad” y cree necesario “seguir revirtiendo el proceso de corporativización que impulsó la dictadura, y de cooperar en la construcción de herramientas que erradiquen completamente prácticas existentes basadas en la concepción de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Sobre el espíritu expansivo de la norma, González Guyer identificó la “excesiva cantidad de misiones” que tienen las FFAA: “Muchas de ellas no deberían hacerlas los militares, pero además es una forma de justificar el número de militares”.
El número y el porqué
El problema del número no es el número. O sí lo es, pero no debería empezarse por ahí. Así lo explica González Guyer, y a su explicación también se suma, consultado por la diaria, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos: “Antes de pensar en el número debemos discutir para qué son las FFAA”.
El problema, entonces, es el para qué que justifica ese número: poco más de 26.000 efectivos, según los últimos datos oficiales consignados en el sitio oficial del gobierno, que, en términos poblacionales y relativos, colocan a Uruguay como el segundo país con más efectivos por habitante en América Latina, sólo detrás de Venezuela. Son casi 75 efectivos cada 10.000 habitantes, cuando países como Argentina o Brasil tienen sólo 15 o 16 cada 10.000 habitantes. Sobre ese mismo elemento centró su argumentación el secretario general del Partido Socialista (PS), el diputado Gonzalo Civila, en una entrevista con el programa Lado B de TV Ciudad, días atrás, cuando reclamó que se discuta la reducción drástica del Ejército.
Para el ministro García, según dijo a la diaria esta semana, esa idea se debe a “prejuicios ideológicos y dogmáticos” y a un “antimilitarismo reflejo”. Lo cierto es que ya en setiembre de 2022 la diaria consignó un debate entre distintos sectores del FA que llamaban a repensar las FFAA por dos motivos: el excesivo gasto y tamaño que tienen en relación con las necesidades del país, y el rol que cumplen como ayuda comunitaria y salida laboral para amplios sectores de la población. En total, el Ministerio de Defensa insume cerca de 700 millones de dólares anuales, más que los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social en su conjunto.
Con respecto a este rol comunitario de las FFAA, el frenteamplista Andrés Lima, intendente de Salto, señaló que hay que aprovechar las fuerzas existentes: “Me parece que ese recurso humano hay que utilizarlo y buscar la manera de que puedan prestar servicio a la comunidad en una tarea que se hiciera el año entero. Si no es un personal ocioso que no tiene una tarea concreta o puntual”.
“Ha sido clave en situaciones de emergencia”, declaró Lima ante la diaria, “ha sido nuestro primer socio. Cuando hay inundaciones, para el Plan Invierno o con descacharrización cuando tuvimos dengue, hemos trabajado juntos”.
Aunque Lima no imagina a Uruguay entrando en un conflicto bélico, cree que estos roles de las FFAA son claves para que tengan otra imagen ante la sociedad: “No hay que mezclar memoria, verdad y justicia, con lo que estoy completamente de acuerdo”, con el rol actual de las FFAA, argumentó. “Estoy convencido de que el Frente tiene que generar mejores vínculos con algunas instituciones, como el Ejército o las iglesias”, añadió.
Olmos, en tanto, considera clave repensar la función de las FFAA: “Hay que arrancar por los objetivos, tenemos una estructura de despliegue militar que responde en algunos casos a una hipótesis de invasión terrestre de Brasil, y tenés otra que responde a los levantamientos de hace 100 años. Hay que discutir ahí las funciones: cuáles cumple hoy, si es apoyo a catástrofes o es necesaria otra fuerza civil que lleve a cabo esa tarea”. Y, si bien considera prioritario ese debate antes de pensar en el número de efectivos, reconoce que “hay desproporción entre el tamaño de. Ejército y la cantidad de coroneles y generales que tenemos”. Pese a que considera que las tareas de orden interno y ayuda no debieran llevarlas a cabo las FFAA, Olmos advierte que es un proceso complejo porque cumplen un rol laboral. En palabras más crudas, González Guyer dice que operan como “bolsas de empleo”. Desde el ministerio consignaron que estas misiones “subsidiarias” son parte de lo que establece la ley marco de defensa nacional y que las fuerzas han demostrado la máxima capacidad de respuesta en situaciones de crisis.
La senadora Laso también reconoce las diferencias internas en el FA respecto de qué hacer o cómo comandar las FFAA en democracia, pero considera que “el Frente está transitando un proceso precongresal de definiciones programáticas” y que las “definiciones como el rol o la cantidad” llegarán cuando se vote en la plenaria del congreso partidario.
Para González Guyer, que fue sumamente crítico también de los manejos del FA en la materia, uno de los problemas es que la clase política no sabe sobre temas militares y entonces las fuerzas se autogobiernan. Por eso, entre otras cosas, pide que se reorienten a su rol original -cuidado de fronteras- y que las fuerzas civiles se ocupen de las necesidades de la comunidad.