La próxima semana el presidente electo, Yamandú Orsi, anunciará el gabinete que tendrá la responsabilidad de llevar adelante la batería de políticas públicas que fueron presentadas en campaña. Más allá de los nombres y la impronta que de por sí cada uno de ellos les pueda dar a los distintos campos, hacer realidad los cambios que se consideran necesarios será una tarea que se enmarcará en un escenario específico. Es de esperar que, más allá de lo deseado, entren en juego externalidades que van desde la presión que puedan ejercer distintos actores sociales a los condicionamientos que pueda plantear la falta de recursos para llevar adelante las iniciativas necesarias.

“Una cosa es lo que los partidos quieren hacer y otra cosa es lo que después efectivamente pueden hacer por restricciones económicas, coyunturales, por actores de vetos, por si tienen mayorías o no, si las consiguen o no”, reflexionó en diálogo con la diaria la magíster en Políticas Públicas Lorena Repetto. En ese sentido, según la académica, en esa instancia entra en juego “la habilidad para construir acuerdos” de los distintos actores que formarán parte del futuro oficialismo.

Juan Bogliaccini, doctor en Ciencia Política, recordó a la diaria que “siempre hay actores sociales que son importantes en Uruguay”, dado que se trata de un país con “negociación centralizada”. “Tanto empresarios como trabajadores tienen un precio importante en la discusión política, eso es clave”, subrayó.

En lo estrictamente parlamentario, el Frente Amplio (FA), futuro partido de gobierno, se quedó corto en Diputados y deberá alcanzar acuerdos para sumar los dos votos que le den mayorías en la Cámara de Representantes. En esa cámara, Bogliaccini subrayó que los representantes de la coalición hoy en el gobierno “tienen algunos incentivos para actuar coordinadamente y algunos incentivos para no actuar coordinadamente”. A esa complejidad se le suma que, según el académico, en algunos temas el FA también deberá desarrollar “negociaciones internas” dado los “intereses muchas veces diversos” que se hacen carne en sus distintos sectores.

Por detrás de las tensiones políticas, Repetto visualizó “dos dimensiones”, una de ellas vinculada propiamente a la agenda, lo que “se va a priorizar” por parte del gobierno; y la otra, más bien relacionada con cómo esta se lleva a cabo. Entiende, en ese sentido, que quizá esta última sea la que generará la mayoría de las diferencias.

Seguridad pública y el consenso

Como líder en los sondeos de opinión, la seguridad pública se ha posicionado como uno de los temas prioritarios para la ciudadanía en los últimos años. Repetto la identifica, en esta línea, como un “asunto prioritario” para el próximo gobierno. Sin embargo, y más allá de su importancia en la agenda pública, manifiesta que este tema puede ser uno de los que ofrezca mayor “facilidad” a la hora de alcanzar acuerdos para llevar adelante políticas públicas.

“El acuerdo sobre qué es un asunto prioritario donde hay que intervenir está dado, a diferencia de otros asuntos, que dividen un poco más las aguas por cuestiones más ideológicas”, señaló Repetto. “Los actores políticos que se ubican en diferentes espacios del espectro ideológico, con diferentes preferencias, están de acuerdo sobre cuál es el problema; el tema es el acuerdo en cómo se solucionan”, agregó.

Bogliaccini, en la misma línea, valoró que ambos bloques –el futuro oficialismo y la futura oposición– tienen una “larga trayectoria de aprendizaje” en materia de seguridad pública. Desde su perspectiva esto ha llevado a que exista “un acuerdo implícito” sobre que “no es un tema sencillo y que hay más para perder que para ganar” al abordarlo. Una prueba de esto, según el especialista, es que por más que se trata de un tema central para la opinión pública, no fue utilizado como central en la campaña electoral.

Partiendo de la “posición más madura” del sistema político frente a este tema, Bogliaccini planteó la necesidad de desarrollar “planes globales” en esta área y no detenerse sólo y únicamente en “políticas concretas”. Dentro de los planes globales, y en el escenario actual del país en materia de seguridad, valoró como necesario el planteo de una “batería de políticas de desincentivo de tráfico y acopio de sustancias prohibidas”.

En una iniciativa que “supere el aspecto represivo” –que también es necesario–, el académico llamó a profundizar trabajos en áreas concretas, como “políticas de fronteras, políticas antilavado y políticas de manejo de los dineros en el sistema bancario”.

Paralelamente, en el marco de otro plan de abordaje global, subrayó el desafío que implica para el nuevo gobierno la situación de las cárceles. Según detalló, en ese caso los desafíos tienen que ver con el trabajo en el gobierno de las cárceles, la organización de las cárceles y la aplicación de “medidas sustitutivas potentes”. “Estamos en política carcelaria en un debe muy fuerte, no sólo en estas materias, sino en materia de respeto por los derechos humanos”, reafirmó Bogliaccini.

La educación

Repetto enfatizó que, si bien en educación Orsi adelantó que llevará adelante “cambios graduales” y no volverá a hacer una reforma, reconoció que la presencia de actores sociales de peso en ese campo “puede dividir” el panorama de discusión. “El FA puede tener cierto nivel de compromiso; los actores de la educación tienen mucha expectativa al respecto del cambio de gobierno. Eso puede ser otro asunto que ponga contra las cuerdas al gobierno electo”, adelantó.

Bogliaccini recordó que el FA se comprometió a “generar acuerdos entre los actores sociales, los sindicatos de la educación y otros actores” en este campo, y por eso resaltó que el desafío estará en “lograr que esos acuerdos sean efectivos”. “Tenemos que mirar la educación hacia adelante, intentar tomar soluciones que capaz que no son definitivas, que son por unos años y ver qué pasa”, planteó.

Agenda económica y trabajo

En materia económica, Repetto consideró que los puntos comunes entre el futuro oficialismo y la coalición no son tantos, por lo que el gobierno deberá “salir a buscar algunos acuerdos”. Recordó que en esta área entran en juego otros agentes, como el empresariado o el propio PIT-CNT.

“En Uruguay tenemos un instrumento que es desde mi punto de vista extremadamente positivo, la negociación colectiva; permite que se sienten en una mesa actores sociales, trabajadores y empresarios organizados”, recordó Bogliaccini, y planteó la necesidad que deberá enfrentar el gobierno de “algunas reformas” en ese espacio de negociación.

Por ejemplo, se refirió a la idea de contemplar aquellas empresas que “tengan más dificultades” dentro de determinados sectores, no a través de los denominados “descuelgues”, sino a partir de un modelo utilizado en Holanda que se conoce como “formato menú”. “En ciertas circunstancias, cuando los consejos sectoriales o subsectoriales lo acuerdan, se puede reemplazar parte del aumento salarial por un menú de otras opciones que las empresas en un momento de dificultad puedan ofrecer.  Por ejemplo, condiciones laborales”, detalló Bogliaccini.

También valoró la idea del modelo de negociación portugués con relación a “incorporar grandes acuerdos cada cierto tiempo”. “Muchas veces cuando las circunstancias son adversas y no se puede lograr todo lo que se quiere en un momento concreto, eso logra mantener un horizonte de acuerdo”, explicó.

Primera infancia

Como otra de las cuestiones necesarias, Bogliaccini recordó que “antes de la elección hubo un acuerdo político bastante amplio, interesantísimo, sobre la idea de eliminar la pobreza infantil”.  “Esto naturalmente implica gasto, entonces entrás en otra discusión, pero si se pudiera lograr, rápida y consensualmente, creo que sería un cambio estructural muy fuerte para Uruguay”, comentó. “Modifica la estructura de gasto social de manera muy marcada”, enfatizó.

Actualmente “se gasta muy poquito al principio de la vida y después sube el gasto en la etapa de la educación formal, y vuelve a bajar después de culminar”, detalló. “Eso es algo que es muy distinto a como gasta, por ejemplo, en los países nórdicos y en países que ponen mucha fuerza en el gasto en la primera etapa del ciclo de vida, que es clave porque mejora procesos de todo tipo”, concluyó.

La seguridad social

“Divide a la opinión pública y divide a los actores políticos”, señaló Repetto en relación con la seguridad social. “Ese es un gran desafío, el lineamiento de la apertura al diálogo general no nos dice mucho de qué es lo que puede suceder, incluso cuando dentro del FA hay desacuerdos”, planteó.

En el sentido de lograr cambios en esta área, la académica valoró la importancia de los actores que se designan para ocupar cargos de relevancia en determinadas áreas. “No son sólo los ministerios, sino los actores en los entes autónomos y los servicios descentralizados, que también van a ser clave para saber  por dónde puede venir”, indicó en referencia, por ejemplo, al Banco de Previsión Social.

Políticas transversales

“Un problema que tiene el Estado uruguayo en general es su estructura, la que hace que muchas veces haya problemas que, más que de agenda, son de políticas de coordinación entre las diferentes esferas”, explicó Repetto. En ese sentido, adelantó que la creación de instrumentos de coordinación puede ser un elemento clave en el próximo gobierno.

“Muchos países tienen agencias de evaluación científica, Uruguay no tiene”, destacó Bogliaccini. “Una agencia de evaluación científica es una agencia que trabaja en el Estado evaluando las políticas públicas con métodos de investigación experimentales o no experimentales, pero rigurosos”, explicó.  Contar con esto es clave, según detalló, para poder utilizar los datos como herramienta de “definición” de políticas e instrumento de diálogo con los actores de la sociedad.