El manejo del déficit fiscal y la deuda pública continúa siendo un punto de conflicto entre el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou y el Frente Amplio (FA). El primero es similar al de hace cinco años y la segunda aumentó considerablemente, según los números del resultado fiscal difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desde el Ejecutivo se atribuyen estas cifras a factores externos como la pandemia de covid-19 la sequía, y una menor recaudación derivada de la reducción de la inflación. Sin embargo, el FA sostiene que la administración actual ha “fracasado” en su promesa de sanear las cuentas públicas.

El exsenador frenteamplista, futuro vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y economista Daniel Olesker dijo a la diaria que el aumento del gasto se debió a “razones claramente electorales” y alertó que esa mayor disposición de los dineros públicos fue “mal direccionada” porque “no se orientó a resolver problemas vinculados a la pobreza y a la desigualdad”.

También desestimó los argumentos del gobierno sobre factores externos e indicó que el déficit fiscal creció en un año en que no hubo ni sequía ni covid-19. “Como toda economía abierta, los efectos externos existen, pero no explican la totalidad. La discusión no es un problema de shock externo positivo o negativo, es de resiliencia. Cuando el shock externo es negativo, se logran políticas para resistirlo y cuando es positivo, se debe aprovechar para la mejora de los indicadores de vida de la población. Y lo que ha pasado es que ni cuando hubo un shock negativo ni cuando hubo uno positivo se impulsó una política hacia los trabajadores”, afirmó.

En la vereda contraria, el senador blanco, exintendente de Cerro Largo y también economista Sergio Botana remarcó, en diálogo con la diaria, que el gobierno mantuvo la economía a flote pese a “circunstancias crueles” como la pandemia, la sequía, la crisis en Argentina y el conflicto en Ucrania. Botana comparó el incremento de la deuda en el actual período de 10% en cinco años con el aumento de “un 300% en 15 años” durante las administraciones del FA, cuando, según él, había condiciones favorables.

El senador indicó que le hubiera gustado observar en el FA una actitud “igual a la del exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente Danilo Astori” en el primer gobierno liderado por la izquierda. “En aquel momento, él reconoció los esfuerzos del equipo económico que estaba trabajando en la superación de la crisis de 2002. En este caso hubiera sido o sería buena cosa que este gobierno reconozca una materia en la que el gobierno de Lacalle Pou trabajó muy bien”, agregó.

Botana negó que sus críticas se dirijan al futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone: “No he visto críticas tan grandes de parte de él. Me estoy refiriendo a la crítica política general del FA. No he visto a Oddone hacer manifestaciones de ese tipo, de ningún modo. Y no creo que las vaya a hacer tampoco”, señaló.

Gasto público

El 13 de enero, la magíster en Economía e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) Silvia Rodríguez Collazo indicó en un artículo publicado en la diaria que 2024 cerró con un déficit fiscal similar al de 2019 y con un aumento de la deuda pública de más de diez puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

Según Rodríguez Collazo, en dólares corrientes, la expansión del gasto público en el actual período de gobierno se ubicó en una cifra cercana a los 900 millones de dólares. La economista consideró que las cifras fiscales y los niveles de endeudamiento públicos son una “sombra” a la hora de hacer un balance de la gestión del gobierno.

la diaria intentó obtener una respuesta del MEF sobre las cifras más recientes, pero las autoridades informaron que “por el momento no harán declaraciones”.

Por su parte, Olesker criticó al gobierno de Lacalle Pou por no cumplir su promesa central de sanear las cuentas públicas y atribuyó el déficit fiscal a un aumento del gasto “indiscriminado” y “mal direccionado”, que no abordó problemas de pobreza y desigualdad.

“Está claro que el gobierno fracasó en esto porque, además, se lo había planteado como un objetivo central. Este fracaso es más significativo al ser su promesa principal. Prometieron una reducción del gasto de unos 900 millones de dólares”, recordó.

Para cumplir este objetivo, el gobierno impuso una regla fiscal que cumplió en los primeros años e incumplió en 2024, agregó. “La regla fiscal, que iba a ser el paradigma para ese objetivo, tampoco la cumplió”, dijo.

Olesker destacó que el gobierno pudo alcanzar sus metas iniciales gracias a una “reducción importante” de salarios y jubilaciones, los cuales comenzaron a recuperarse el año pasado. Sin embargo, consideró que el déficit se debe a un “aumento del gasto indiscriminado sin una orientación social”, que no fue destinado a resolver problemas de pobreza y desigualdad.

“Prácticamente la desigualdad creció y la pobreza se mantiene igual que en 2019; por lo tanto, ese incremento de gasto público, mal direccionado, mal focalizado, mal orientado, no tuvo efectos”, dijo el economista. “Además, hubo muchos daños sobre la población trabajadora y las familias, y a pesar de la recuperación [del salario] final, no tuvo efectos para revertir esos daños sobre la desigualdad y sobre la pobreza”, agregó.

El 3 de marzo de 2020, la ministra Azucena Arbeleche había dicho, al asumir como titular del MEF, que el déficit fiscal era “insostenible” y que su preocupación era comenzar a “generar ahorros” por 900 millones de dólares, equivalentes al 1,5% del PIB. En aquel momento, aseguró que estos ahorros eran necesarios para enfrentar la “falta de competitividad” que aquejaba al país y señaló que eso podría lograrse sin cambios institucionales ni legales.

“Circunstancias crueles”

Botana destacó los logros del gobierno al haber bajado “casi un punto” del PIB frente a una “circunstancia cruel de la economía”. Mencionó, en este sentido, la pandemia de covid-19, la sequía, la crisis en Argentina y el conflicto en Ucrania, que implican desabastecimientos y subas de precios en general.

“A pesar del gasto extra que eso significó, tanto en asistencia como en recursos para controlar la inflación, el déficit se redujo en un 0,6% respecto de la deuda. Desde el planteo presupuestal, el equipo de economía advirtió que no se podría reducir la deuda. De hecho, en la primera comparecencia ante el Parlamento se anticipó un incremento mayor que el que finalmente se produjo”, indicó.

Por otro lado, rechazó las críticas del Frente Amplio, a las que calificó de “acusaciones que esconden sus propias deficiencias”.

“El FA siempre busca señalar el fracaso del otro, ocultando sus debilidades. Arbeleche tuvo éxito en su planteo: redujo el déficit, impulsó el crecimiento económico a pesar de las adversidades, aumentó el empleo y la formalidad y transformó el gasto corriente en inversión. Este cambio en la estructura del gasto es significativo”, destacó.

Al referirse a las inversiones del gobierno, el legislador señaló que “basta con recorrer Uruguay” para notar las mejoras en carreteras, puentes, infraestructura portuaria y edificios públicos.

Frente a las críticas de algunos dirigentes blancos sobre la falta de una reforma del Estado, afirmó que se hicieron “cambios sustantivos”. “El gasto se transformó en inversión en todas las áreas donde antes se desperdiciaban recursos”, sostuvo.

El exintendente concluyó señalando que “las cuentas públicas están en una situación mucho mejor que al inicio de este gobierno, que atravesó crisis y logró mejorar la situación fiscal, el funcionamiento de la economía, el empleo, la formalización y los salarios”.

Aumento de la deuda

Con respecto a la deuda, Olesker subrayó la importancia de su valor relativo más que de su monto absoluto. “La deuda de una familia no se mide en términos absolutos, sino en relación con su capacidad de pago. Si gano 100.000 pesos al mes y tengo una deuda de 50.000, probablemente no tenga mayores problemas. Pero si gano 20.000, la situación cambia. Lo relevante es el peso de la deuda respecto del ingreso, que en el caso de un país es el PIB”, explicó.

Olesker señaló que el mayor incremento de la deuda ocurrió en 2020, durante la pandemia. No obstante, consideró que dicho endeudamiento fue ineficaz, ya que los efectos de la covid-19 fueron “devastadores”: se llevó a 100.000 personas, a lo que se sumó el incremento de la pobreza.

“Ese endeudamiento debió haberse destinado a transferencias monetarias y subsidios al empleo y al salario. Aquí se utilizó para el Fondo Covid-19 menos del 1,5% del PIB, lo que demuestra una gestión ineficiente del aumento de la deuda durante ese año”, añadió.

Sin embargo, el economista consideró que Uruguay todavía se encuentra en “niveles de deuda que no son críticos” y que mantiene el mismo perfil de 2019, sin dolarización ni incrementos significativos en el corto plazo, lo que hace que sea “relativamente manejable”.

“Una vez más, la principal crítica es que un aumento de 10 puntos en la deuda debería haber financiado una política fiscal enfocada en reducir la pobreza y la desigualdad, y eso no ocurrió”, sentenció.

La explicación del gobierno

El 17 de diciembre, Arbeleche afirmó que el aumento del endeudamiento se debe a una reducción en la recaudación del Estado, explicada por una baja de la inflación más acelerada de lo previsto por el equipo económico y los analistas.

“No es válido que, por ser un año electoral, se gastó más. Esa no es la situación. Lo que ocurrió es que se recaudó menos, producto de una menor inflación con respecto a lo previsto”, subrayó la ministra.

De acuerdo a la comunicación oficial del MEF, la activación de la cláusula por tercera vez en este quinquenio “no altera, en modo alguno, la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años”. Arbeleche señaló que la disminución de la inflación conlleva “más dinero en el bolsillo de los uruguayos”, pero, por otro lado, implica un “efecto negativo en las cuentas fiscales” al afectar la recaudación nominal.

La visión de los especialistas

Las preocupaciones sobre el déficit fiscal y la deuda pública, expresadas por economistas, empresarios y dirigentes del FA, se repitieron en los últimos meses.

El 26 de diciembre, Rodríguez Collazo y el economista Joaquín Torres señalaron sus reservas respecto de la efectividad de la regla fiscal implementada por la actual administración, en un artículo publicado en este medio. Advertían que el aumento del límite de endeudamiento genera una “presión significativa” para el próximo gobierno.

Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, dijo que el déficit fiscal es el “mayor pendiente” de la actual gestión. En una entrevista publicada en la diaria el 12 de diciembre, afirmó que “el tema del déficit fiscal, sin duda, era el objetivo más ambicioso que la propia administración se había planteado, y no se alcanzó”.

En la misma sintonía, el economista y coordinador del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo, coincidió al señalar la gravedad del escenario. En otra entrevista, publicada el 18 de julio, destacó que el próximo gobierno enfrentará una “situación complicada” debido a un déficit fiscal que es al menos el doble de lo que debería ser. Esto obligará a priorizar el “cuidado de la caja” y a buscar maneras de mejorar la competitividad.

De Haedo subrayó que el deterioro fiscal constituye una “restricción” para la próxima administración y que será necesario tomar “medidas inmediatas” para reducirlo. Añadió que, aunque el gobierno incumplió claramente su promesa de consolidación fiscal de 2019, no se trata de una “debacle”, ya que Uruguay aún tiene “capacidad de endeudarse”. Sin embargo, instó a la precaución debido a las “incertidumbres” que plantea el contexto internacional.

Estos datos ponen en evidencia que el actual gobierno “claramente incumplió” la promesa de consolidación fiscal que hizo en 2019. Esto no significa una “debacle” porque Uruguay tiene “capacidad de endeudarse”, pero hay que ser “precavidos” por las “dudas” que vienen del escenario internacional, indicó el economista.

Perspectivas para el FA

Olesker recordó que, cuando el FA asumió el gobierno por primera vez, en 2005, heredó una situación “muy crítica en todos los aspectos”. La deuda representaba el 104% del PIB, la pobreza alcanzaba el 40%, el desempleo el 14% y la informalidad laboral rondaba el 40%.

“Hoy la situación es distinta. Los 15 años de gobierno del FA generaron una mejora sustantiva en la calidad de vida que hizo que por más de cinco años [del actual gobierno] no se hayan revertido parte de esos logros. La situación con la que el próximo gobierno va a arrancar es buena porque está influida notoriamente por los logros de los 15 años previos a este quinquenio. Por lo tanto, el margen de maniobra es relativo a esas capacidades de un producto que, en lugar de ser de 18.000 millones de dólares, como era en 2005, es de 80.000”, afirmó.

El economista subrayó que el próximo gobierno, liderado por Yamandú Orsi, deberá establecer prioridades en el gasto público para abordar los problemas más urgentes. “Existe un margen de maniobra, y las decisiones deben orientarse según las grandes prioridades definidas en el programa del FA”, concluyó.

El 17 de diciembre, el próximo ministro de Economía, Gabriel Oddone, tras mantener una reunión de dos horas y media con Arbeleche, advirtió que la decisión del gobierno de ampliar el tope de endeudamiento en un 30% constituye “una demostración de que la situación fiscal es más restrictiva de lo que todos nos imaginábamos hace un par de años y que, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración del presupuesto y en el manejo de las finanzas públicas en los próximos meses”.